Revocó los sobreseimientos de dos exjueces y dos exasesores de menores. Están acusados de intervenir en la guarda y adopción irregular del nieto restituido.
Manuel Gonçalves Granada. La Corte Suprema reactivó la causa por su apropiación durante la dictadura.
En un fallo que llega casi una década después de haber alcanzado la máxima instancia de la Justicia y casi dos de haberse radicado la denuncia, la Corte Suprema reactivó la investigación sobre cuatro exfuncionarios judiciales acusados de intervenir, durante la última dictadura cívico militar, en la apropiación de Manuel Gonçalves Granada, actual secretario de Abuelas de Plaza de Mayo.
El tribunal supremo revocó el sobreseimiento dictado en primera instancia para los exjueces Juan Carlos Marchetti y Juan Delfín Castro y los exasesores de menores Juan Carlos Magni y Francisco García Cortina, a quien Gonçalves Granada, Abuelas y la Fiscalía Federal de San Nicolás señalaron por posible incumplimiento de deberes de funcionario público.
"Ellos no cumplieron con su función de preservar mi identidad y devolverme a mi familia biológica. Fueron totalmente cómplices y partícipes del plan sistemático de apropiación de bebés. Todo lo que hicieron encaminó la historia para alejarme de mi familia biológica. Me ocultaron durante 20 años para que no puedan encontrarme", resumió Gonçalves, quien restituyó su identidad en 1997.
La Fiscalía Federal de San Nicolás, representada por Juan Murray, junto a Manuel y a Abuelas de Plaza de Mayo insistieron desde 2007 en llevar a los cuatro exfuncionarios judiciales a indagatoria, una aventura que enfrentó "una fuerte resistencia corporativa" desde el primer momento, denunciaron desde el organismo de derechos humanos en un comunicado con el que difundieron la novedad.
El fallo del máximo tribunal anula un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmaba el sobreseimiento de los cuatro exfuncionarios, dictados en primera instancia en dos oportunidades, y cerraba el expediente. El pronunciamiento supremo ordena que se dicte una nueva resolución. La decisión fue firmada por Horacio Rosatti y los conjueces Carlos Alberto Vallefin y Richard Fernando Gallego.
El caso de Gonçalves Granada puede convertirse en un antecedente para investigar la participación de integrantes del Poder Judicial en el plan sistemático de apropiación de niños y niñas ejecutado durante el terrorismo de Estado. "Que esta causa avance puede convertirse en un precedente para que se ponga de una buena vez en foco el rol del Poder Judicial en el plan sistemático de apropiación de bebés que llevó a cabo el terrorismo de Estado", apuntó el secretario de Abuelas de Plaza de Mayo.
De acuerdo con la información reunida por Abuelas, en 30 de los 140 casos de restitución de identidad resueltos hubo funcionarios judiciales involucrados en internaciones, guardas o adopciones. Esas intervenciones otorgaron una apariencia legal al alejamiento de los niños de sus familias y, en algunos casos, prolongaron durante décadas la sustitución de sus identidades.
La Corte aceptó los recursos presentados por Abuelas y por el fiscal general Javier De Luca, que habían cuestionado el cierre anticipado del expediente. La Procuración General, encabezada de forma interina por Eduardo Casal, también se pronunció a favor de revisar los sobreseimientos.
Para resolver, el tribunal aplicó el criterio fijado en el caso del empresario Carlos Pedro Blaquier. Consideró que la protección del debido proceso también comprende al Ministerio Público Fiscal y que las decisiones capaces de clausurar una investigación por delitos de lesa humanidad deben ser revisadas sin demoras.
"La parálisis judicial y el archivo prematuro de las actuaciones vulneraron las obligaciones internacionales del Estado argentino de investigar y sancionar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado", interpretaron voceros de Abuelas de Plaza de Mayo.
Manuel Gonçalves Granada tenía casi cinco meses cuando una patota que reunía efectivos del Ejército y de las policías Federal y bonaerense atacó una casa de la calle Juan B. Justo, en San Nicolás.
El operativo ocurrió el 19 de noviembre de 1976. En la vivienda se encontraban su madre, Ana María del Carmen Granada, Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini y los hijos de la pareja, María Eugenia y Fernando, de cinco y tres años. Los cinco fueron asesinados.
Antes de morir, Ana María escondió a Manuel en un ropero para protegerlo. Los integrantes del operativo lo encontraron con vida y lo trasladaron al Hospital San Felipe, donde permaneció internado durante varios meses por los efectos que la balacera le habían ocasionado en su sistema respiratorio. El bebé quedó bajo vigilancia policial y la guarda de Marchetti, el juez de menores de la ciudad.
En febrero de 1977, el magistrado concedió su guarda provisoria a Luis Abelino Novoa y Elena Yolanda Rodríguez, una pareja con quien tenía vínculo familiar. En esa guarda intervino, también, el entonces asesor Magni. La pesquisa judicial sostiene que el juez no agotó las medidas disponibles para identificar al niño ni para ubicar a sus parientes. Tampoco intentó establecer contacto con la familia de los Amestoy, cuyos integrantes se habían presentado en San Nicolás después de la masacre.
En 1978, familiares de personas desaparecidas que luego integrarían Abuelas acudieron al juzgado para averiguar si algún niño había sobrevivido a operativos represivos. Marchetti no comunicó que había intervenido en el caso de un bebé rescatado de una vivienda atacada por fuerzas militares y policiales.
En 1981, el Juzgado Civil y Comercial Nº1 de Lomas de Zamora, a cargo de Castro, otorgó la adopción plena. García Cortina participó en ese trámite como asesor de menores. Manuel creció con otro nombre y sin conocer su origen.
Manuel es hijo de Ana María Granada y Gastón Roberto José Gonçalves. Su padre había sido secuestrado en Zárate el 24 de marzo de 1976, torturado y asesinado en el marco de la cacería que desplegaba en el partido el represor Luis Abelardo Patti. Sus restos fueron enterrados sin identificación en el cementerio de Escobar y recuperaron su nombre dos décadas después gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Después del secuestro de Gastón, Ana María comenzó a ocultarse de los grupos de tareas. Estaba embarazada y utilizó identidades falsas para protegerse y proteger a su hijo. Aquella documentación, producida en un contexto de persecución, fue luego utilizada en los expedientes que concluyeron con la adopción.
El avance de la investigación llegó en 1995, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Ana María mediante el cotejo de sus huellas dactilares. Esa información permitió vincular la masacre de San Nicolás con la búsqueda realizada por su familia.
En 1997, los estudios genéticos confirmaron la filiación de Manuel. Tenía 21 años cuando recuperó su identidad y se reencontró con sus familiares. Desde entonces participa en la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante la dictadura.
La causa contra Marchetti, Castro, Magni y García Cortina comenzó a avanzar en la Justicia federal de San Nicolás. En 2008, la fiscalía y las querellas solicitaron que fueran llamados a indagatoria. El juez federal de la jurisdicción Carlos Villafuerte Ruzo rechazó el pedido y sobreseyó a los acusados. La Cámara Federal de Rosario anuló esa decisión y ordenó profundizar la pesquisa, pero el magistrado volvió a cerrar el expediente. La Cámara nuevamente revocó su resolución.
La defensa llevó el caso ante la Cámara Federal de Casación Penal. En 2016, la Sala I, con los votos de Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, sobreseyó a los cuatro investigados y clausuró la causa. Abuelas y el Ministerio Público Fiscal recurrieron esa decisión. Tras el rechazo de los recursos extraordinarios en 2017, llegaron a la Corte mediante presentaciones directas. El máximo tribunal tardó casi nueve años en resolverlas.
La nueva decisión devuelve el expediente a los tribunales inferiores. Casi 50 años después de la apropiación, la Justicia deberá volver a examinar la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en la guarda y adopción de Manuel Gonçalves Granada.
