La institución religiosa quedó más cerca de mantener una mención explícita en la Constitución. La lógica de los consensos amplios. Este viernes, la definición.
cEn medio de la reforma constitucional de una provincia llamada Santa Fe, desarrollada en una ciudad denominada Santa Fe de la Vera Cruz, era inevitable que el debate sobre la religión oficial fuera espinoso. Tras larguísimas negociaciones recién este viernes, último día de rosca, se tratará la mención u omisión de la Iglesia católica en la nueva Carta Magna.
El punto en cuestión está en el artículo 3 de la Constitución santafesina. En la versión que hoy está vigente, la de 1962, reza: “La religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes”.
El temblor se produjo cuando salió el dictamen de mayoría de la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, que elimina cualquier referencia a la Iglesia Católica. Ese sacudón tuvo fuertes réplicas en los últimos días y en particular este jueves, con expresiones en cadenas de whatsapp, publicaciones viralizadas en redes sociales y hasta plegarias de curas apostados en la explanada de la Legislatura.
En los colegios católicos santafesinos circularon mensajes como éste: “Nuestra Iglesia está en riesgo de quedar fuera de la Constitución. No podemos quedarnos dormidos. Hagamos ruido, despertemos corazones, levantemos la voz. Tenemos horas, no días. Es hoy, es ahora. ¡Defendamos juntos nuestra fe, compartí el mensaje ya!”.
El lunes pasado, los obispos de las cinco diócesis santafesinas emitieron oficialmente la voz eclesiástica: “Hoy queremos expresar con respeto y claridad una convicción firme que sostenemos desde el inicio del proceso de la reforma. La importancia de que el nuevo texto constitucional incluya una mención expresa a la Iglesia católica".
Pese a este clima, no hubo convocatorias multitudinarias como sí ocurrió en polémicas menos abstractas, como en el debate sobre la ley del aborto. Las fichas estuvieron puestas más en el palacio que en la calle.
En los textos originarios de los dictámenes de mayoría y minoría de la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, como así también de las firmas que acompañaron a cada uno, se puede trazar un mapa político de la disputa, además de los intereses y tradiciones en pugna.
Aquel despacho de mayoría, el del Unidos y sus aliados del Frente de la Esperanza, quedó redactado así: “La Provincia no establece religión oficial, asegura la distinción entre el orden civil y el religioso. La relación entre el Estado, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad”.
Esta fórmula está en línea con la raíz laica de las principales fuerzas del oficialismo, centralmente del Partido Socialista. Hasta allí, ninguna novedad. Pero el dato revelador surge con el aval del pastor Walter Ghione, hoy dentro de Unidos, y el fervoroso evangélico Juan Domingo Argañaraz, del bloque granatista Somos Vida. ¿Por qué este match presuntamente inesperado? Porque en la práctica la abstención religiosa estatal deja a todos los cultos en pie de igualdad. Feliz coincidencia.
Por su parte, y acorde con su vínculo histórico –y por momentos tortuoso- con la longeva institución, el peronismo escribió: “La provincia de Santa Fe reconoce y garantiza la libertad de culto de todos sus habitantes. Las relaciones entre ésta y las diferentes confesiones religiosas se basan en los principios de autonomía y cooperación, aunque reconoce la importancia histórica de la Iglesia católica en la construcción de la identidad colectiva”. Redacción moderada que fue suscripta por los convencionales de Más para Santa Fe, pero también de María Victoria Capocetti, de Activemos.
Finalmente, el dictamen de minoría de La Libertad Avanza fue el que mayor énfasis puso en la primacía vaticana. No es casualidad: el jefe de bloque, Nicolás Mayoraz, proviene del conservadurismo católico. En este caso, la propuesta fue la siguiente: “La provincia de Santa Fe reconoce y garantiza a la Iglesia católica apostólica romana el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre ésta y el Estado se basan en los principios de autonomía y cooperación. Igualmente garantiza a los demás cultos su libre y público ejercicio, sin más limitaciones que las que prescriben la moral, las buenas costumbres y el orden público”.
La reunión de comisión Redactora arrancó este jueves a la mañana con reformadores extenuados por las interminables jornadas de la semana. El presidente Joaquín Blanco, ya definitivamente engripado, comenzó con la ardua labor de ordenar un debate sobre los múltiples y heterogéneos tópicos que quedaban por saldar.
Como ya es un sello de la Convención santafesina, los innumerables cuartos intermedios exhibieron las dificultades políticas, técnicas y temporales para saldar las diferencias existentes. Así transcurrió todo el día hasta que llegaron las 20. En ese momento se trató el último dictamen de la jornada.
La controversia sobre el artículo 3, referido a los cultos religiosos, quedó finalmente para el viernes. Al cierre del jueves, Letra P consultó a una convencional de intensa actividad en la reforma si la mención explícita a la Iglesia católica iba a cuajar y la respuesta fue: “Creo que sí”. Tiene lógica, en razón de la búsqueda oficialista por lograr votaciones con amplios consensos.
El poder simbólico de la Iglesia católica, aun magullado, quedó relativamente a salvo en la discusión constituyente. Es que hay aspectos nada espirituales que, con cierta razonabilidad, debe atender la Convención. El tema del dinero es uno de ellos.
En las provincias argentinas existe una significativa inversión de recursos estatales en subsidios a la educación privada, mayoritariamente a los establecimientos controlados por la Iglesia católica. Se trata de un gasto estructural, que va más allá de los gobiernos y de su signo político.
En el caso de Santa Fe, según el presupuesto 2025, se destinarán este año $ 350.599.795.000 en subvenciones a colegios privados, incluidos los más distinguidos de la capital provincial. Ese monto representa casi el 20 % del total de las previsiones del ministerio de Educación, que es el más voluminoso. Equivale a más de cinco veces la inversión pública en el Boleto Educativo Gratuito.
Se pueden hacer comparaciones esclarecedoras también con algunos estamentos estatales que fueron objeto de polémica en la Convención constituyente. Los subsidios a la educación privada implican más del doble del presupuesto completo del Poder Legislativo, que involucra a diputados, senado y Tribunal de Cuentas. Se deriva casi seis veces el costo de la cámara alta y 12 de los organismos de control de las finanzas.
Otro tanto puede decirse de la Justicia. La inversión pública en subvenciones para los colegios privados es casi idéntica al gasto del Poder Judicial completo: Corte Suprema, jueces, fiscales, defensores y todo el personal respectivo. A propósito de un organismo que fue objeto de reproches en la sesión del jueves: en plata se invierte lo mismo que en 19 Defensorías del Pueblo.