La consigna asegura votos y respaldo interno del kirchnerismo duro, pero espanta a sectores no K que buscan ampliar la base. El debate político y jurídico.
El futuro judicial de Cristina Fernández de Kirchner y las presiones de algunos sectores internos en pos de un indulto meten al peronismo en un laberinto que no parece tener salida. Además, ¿una medida de esa naturaleza resolvería la situación de la expresidenta?
En una de sus definiciones más recordadas, John William Cooke dijo que el peronismo entonces proscripto era "el hecho maldito del país burgués", un grano imposible de remover y sin solución para quienes querían restaurar la Argentina previa a 1946.
Hoy se podría usar la analogía para señalar que el debate en torno a la condena firme e inhabilitación política –y las que pueden venir– contra CFK, y su eventual indulto, se constituye, en la previa de las elecciones del año que viene, en el hecho maldito del propio peronismo, un problema mayúsculo y sin solución aparente.
La cuestión pasa por dos carriles accidentados. Un perdón de la pena que se le ha impuesto –un indulto, que, a diferencia de una amnistía, necesariamente general, no olvida el delito– supone como condición ineludible la existencia de un gobierno peronista. Sin embargo, para llegar a esa plataforma parece imposible convertir la cuestión en una promesa o compromiso de campaña, como reclaman el camporismo y referentes como Juan Grabois.
Esa aporía suma otra. Incluso si se dieran esas condiciones, la propia aplicación de un indulto podría tener patas cortas y ser anulada en la Justicia en base a un criterio de constitucionalidad.
Por si faltara algo, queda por mencionar una paradoja: un freno judicial sería probable en virtud del texto aprobado por los convencionales de 1994, entre quienes se cuenta, en un rol destacado, la propia Cristina Kirchner.
¿Quiere Cristina recibir ese tipo de perdón? A sus dirigentes más cercanos no se les arranca una definición al respecto ni on ni off the record. Sin embargo y a despecho de que una persona condenada puede ser indultada aun contra su voluntad, el silencio actual contrasta con el rechazo que ella misma expresaba antes de recibir sentencia firme en la causa Vialidad.
Como no desea asumir la culpa que ese proceso dejó judicialmente plasmada, su entorno enarbola, simplemente, la bandera de "Cristina libre", incluso bajo la premisa de que pueda competir en la elección presidencial del año que viene. Simple discurso: todos saben que eso no ocurrirá.
La consigna "Cristina libre" para 2027 es meramente testimonial, cosa que saben sus proponentes. Llevarla al extremo implicaría una suerte de abstención revolucionaria en las elecciones, cosa que Máximo Kirchner ya desalentó antes de las legislativas del año pasado.
Por más alquimias que se lancen –la creación de una comisión judicial revisora fue la mayor fantasía que se llegó a escuchar– o por más apelaciones que se hagan a revisiones vaporosas que la Constitución no prevé ni admite, lo que queda es el camino incierto del indulto.
Entonces se produce una explosiva convivencia entre quienes no dicen lo que en verdad desean y el aprovechamiento de esa debilidad que hacen sectores que no quieren mencionar lo que podrían hacer. Más sencillo: hacer campaña con la promesa explícita de un indulto sería algo atractivo para un núcleo duro insuficiente para ganar y podría activar, acaso de modo decisivo, el voto no kirchnerista necesario para que el peronismo –así definido, de modo más originario y amplio– pudiera ponerle fin a la aventura disolvente que encarna Javier Milei.
La ofensiva por "Cristina libre" arrecia en la interna peronista. "La primera actividad de Axel Kicillof como presidente del PJ bonaerense se vio cruzada por la interna feroz con el kirchnerismo. En cuanto empezó su discurso en el teatro Coliseo, en La Plata, un grupo de militantes le reclamó que se expresara por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. El gobernador no contestó, pero sí lo hizo la militancia que lo acompaña", contó Macarena Ramírez en Letra P hace un par de semanas.
"'Cristina libre' se logra con Axel presidente, vociferó uno. Otros lanzaron: 'Se la libera ganando elecciones'. Después, todo se fundió en el cántico 'Axel presidente', mientras personal de seguridad retiraba a algunos de los militantes que habían pedido por la libertad de la expresidenta", completó.
A nivel dirigencial, la ofensiva tiene en la diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, a uno de sus principales arietes.
Hoy "me cuesta pensar en candidaturas. No hay posibilidad de pensar en la representación de nuestro proyecto político si quien más votos tiene y más competitiva es para frenar a Milei (…) está presa. No se puede naturalizar o normalizar la búsqueda de candidatos casi como reemplazo porque Cristina no puede. Yo no me conformo: Cristina sí puede", dijo el último jueves en una entrevista en el canal de streaming Gelatina.
"A algunos les queda cómodo que Cristina esté presa", añadió. "¿Estás hablando de Axel Kicillof?", le repreguntó la periodista Florencia Halfon Laksman. "No, no, no. Estoy hablando de todos aquellos que parecen no comprender que cuando pedimos 'Cristina libre' nos tildan de fanáticos, cuando en verdad significa volver a tener una fuerza política competitiva", respondió.
"Algunos" es una palabra muy usada en el camporismo y sí se refiere, entre otros, al gobernador bonaerense y a su entorno, al que no se le reconoce allí calidad para incidir políticamente en un contexto "normal", bajo una conducción efectiva de CFK.
Para reforzar el punto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, aseveró en una entrevista con Infobae a las 9 que Cristina "no quiere ningún indulto, eso lo puedo asegurar. Lo hemos discutido doce veces. Ella lo que quiere es justicia, no quiere un perdón". Pero, aun así, ante la imposibilidad de que se dé tal cosa cuando ya hay una sentencia firme, añadió: "Si de mí depende, el día uno se la indulta". Importante recordar: Mena es ministro del gabinete de Kicillof.
Desde hace un año, el gobernador bonaerense esquiva la pregunta envenenada cada vez que se le plantea, algo inevitable cuando se presta al sano ejercicio de dejar de cazar en el zoológico, pero que no deja de resultar repulsivo para sus detractores.
Dice que la condena y los otros procesamientos contra CFK son injustos y la reivindica como inocente, pero señala que, antes de hablar de indulto, "habría que hablar con ella" y que se compromete a abordar la cuestión como "un problema que es mucho más amplio": el lamentable estado de la Justicia federal.
Si comparte prácticamente toda su base electoral con la de Cristina, pero necesita ir más allá para ser realmente competitivo ¿cómo podría hacer campaña con una bandera que no es precisamente popular en los segmentos no peronistas?
Esta es una de sus debilidades, que Kicillof trata de no abordar hoy con la esperanza de que el propio avance de su proyecto vaya removiendo los intentos de condicionamiento. Para el camporismo es al revés: con veto de Cristina no hay proyecto presidencial posible.
Igual que Kicillof se comporta el porteño que es uno de los referentes del peronismo federal: Juan Manuel Olmos. "Un indulto es una decisión política, y yo quiero una decisión jurídica sobre Cristina para que pueda demostrar su inocencia", dijo, pocos días atrás, también en Gelatina. Se reitera el discurso pour la galerie de lo que tantos dicen desear, empezando por referentes de La Cámpora.
Llegadas las cosas a este punto, cabe preguntarse por qué Alberto Fernández –otro que denunció persecución política e irregularidades graves en las causas que involucraban a la entonces vicepresidenta– no aplicó un indulto.
Mientras la pelea política entre ambos desgarraba al Frente de Todos, el expresidente se amparaba, por un lado, en la negativa de Cristina a recibir un perdón y no una declaración de inocencia. Además, sostenía que esa facultad es "una rémora de las monarquías" que personalmente rechazaba. Más importante, sostenía que la propia Constitución impide indultar a personas juzgadas o condenadas por corrupción administrativa.
La Constitución Nacional consagra la potestad de los presidentes de conceder indultos en el inciso 5 de su artículo 99.
Sin embargo, en un párrafo aparte el artículo 36 equipara el "grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento" con los ataques "contra el sistema democrático", que son los que resultan "excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas".
La forma de ese artículo de la Constitución de 1994, en cuya redacción CFK tuvo un rol importante, puede considerarse ambigua por hablar de inhabilitación para las personas condenadas por corrupción sin reiterar específicamente la imposibilidad del perdón.
Esta laguna generó en su momento iniciativas de la Coalición Cívica para el tratamiento de una ley que zanjara toda duda y divide aguas entre los especialistas.
Entre los expertos hay que mencionar a constitucionalistas como Daniel Sabsay, Antonio María Hernández, Pablo Manili y Christian Cao, entre otros. Asimismo, a Andrés Gil Domínguez, quien fue tajante tras conocerse la veloz confirmación de la Corte Suprema del fallo por Vialidad.
"Las condenas por delitos de corrupción no son indultables ni conmutables ni amnistiables. Son atentados graves contra el sistema democrático", le dijo entonces a La Nación.
En la vereda opuesta se puede destacar a otros dos convencionales del 94: Raúl Zaffaroni y Eduardo Barcesat.
¿Laguna jurídica, entonces? Evidentemente sí, pero acaso ese juego transcurra con cartas marcadas: es difícil imaginar a dos de los tres integrantes actuales de la Corte Suprema –Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y el también convencional del 94 Horacio Rosatti– avalando un perdón a CFK.
El próximo 10 de junio la expresidenta recibirá, desde su balcón de San José 1111, a la militancia que buscará reconfortarla al cumplirse un año del dictado de condena firme a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por la causa Vialidad.
Mientras se discuten condiciones de arresto domiciliario que parecen desproporcionadas en relación con otros casos, el juicio por "Cuadernos" acumula declaraciones de arrepentidos que la incriminaron en la instrucción y que ahora confiesan haber mentido por los aprietes del fallecido juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli en la instrucción.
El clima fermenta y el peronismo no sabe cómo actuar.
¿Hacer campaña prometiendo indulto y, así, acaso hipotecar severamente las posibilidades de retorno al poder que abren los males de la economía, las internas cada vez más violentas y las corruptelas en lo más alto del gobierno de extrema derecha?
¿Ocultar ese debate hasta después de los comicios para que, en todo caso, el peronista que sea eventualmente elegido pague ese costo político en el inicio de la gestión?
¿Dejar a CFK librada a su suerte?
Esas, con todo, son hipótesis. El reclamo por "Cristina libre" ya está instalado porque sus defensores exigen compromisos concretos e inmediatos de los diferentes presidenciables, de modo de evitarse el contratiempo de que eso obture otros eventuales temas de negociación política.
El peronismo se enreda en sus aporías.
