La comunicación se presentó el 13 de julio y podría resolverse en octubre. El antecedente favorable de Lula Da Silva. Los dichos de Javier Milei.
Con las vías del derecho interno agotadas, Cristina Fernández de Kirchner recurrió al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para solicitarle una medida cautelar que le levante la inhabilitación para ser candidata, la pena accesoria que le impuso la Justicia argentina en la condena de la causa Vialidad.
El organismo, con sede en Ginebra, recibió formalmente la comunicación individual –nombre técnico de la queja– el 13 de julio y podría tomar una resolución en octubre, cuando tiene fecha próxima de reunión. El equipo internacional de abogados de Cristina, conformado por su histórico letrado Carlos Beraldi, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, es optimista respecto de los resultados, que podría dar vuelta el tablero de la política, de cara a las elecciones 2027.
El camino tiene diferentes instancias. Los abogados pidieron ante el Comité tres medidas cautelares. La primera y más importante está vinculada a la inhabilitación política que acompañó a la condena a seis años de prisión, que quedó firme cuando la Corte Suprema rechazó el recurso de queja que presentó Cristina, en junio de 2025, cuando la expresidenta ya había anunciado su candidatura a diputada provincial por la Tercera sección electoral.
Cristina y su equipo entienden que todo el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral. “La sacaron de la contienda”, dijo este miércoles Borrego, en la presentación que el equipo hizo en conferencia de prensa.
El segundo punto tiene que ver con las condiciones de su detención. Los letrados pidieron el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación en las restricciones de las visitas y el tratamiento igualitario respecto de otras personas que también cumplen prisión domiciliaria, además de acceso al aire libre y el “cese del trato discriminatorio y degradante”.
La tercera cautelar podría tener efectos políticos determinantes en el corto plazo porque tiene que ver con la integración de la Corte Suprema. El máximo tribunal está integrado solo por tres jueces -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti-, mientras la ley ordena una composición de cinco magistrados. Los tres miembros rechazaron el recurso de queja de Cristina. La expresidenta entiende que eso afecta el estado de derecho y el derecho a un recurso efectivo.
La comunicación presentada por Cristina tiene como sustento legal el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene jerarquía constitucional a partir de su incorporación en el artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, integrado por 18 miembros, es el encargado de velar por el cumplimiento del Pacto en los países miembros.
Si bien el Comité no tiene plazos para expedirse, por tratarse de cautelares, los abogados de Cristina confían en que la resolución podría conocerse en la próxima reunión del organismo, programada para octubre. Las resoluciones de fondo, en cambio, suelen demorar más tiempo.
¿Qué podría suceder? “Las decisiones del Comité son vinculantes y tienen efectos inmediatos”, explicó Valim, el abogado brasileño que también llevó ante el mismo organismo de la ONU el caso del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, con resultado favorable. El antecedente es interesante para evaluar la situación de Cristina.
Lula había sido condenado a 12 años de prisión por supuestos hechos de corrupción. Fue detenido en abril de 2018. Cuatro meses después, el Comité instó a Brasil a que tomara “todas las medidas necesarias” para que Lula pudiera ejercer sus derechos políticos como candidato presidencial en las elecciones de ese año, aunque estuviera en prisión.
El Estado brasileño, entonces comandado por Michel Temer, no acató la orden. El Comité insistió. “Las medidas cautelares dictadas no son recomendaciones. Son legalmente vinculantes”, dijo la vicepresidenta del organismo, Sarah Cleveland. Aunque no fue inmediato, el efecto político llegó años después, en 2021, cuando el propio Tribunal Supremo Federal de Brasil anuló la condena.
Los abogados entienden que la cautelar del Comité actuó como mecanismo internacional de presión. El final de la historia es conocido. Una vez que recuperó sus derechos políticos, en 2022 Lula fue electo otra vez presidente. Por eso resulta clave la decisión de los abogados de acudir al Comité de la ONU, en lugar de presentarse ante el sistema interamericano de Derechos Humanos, como la Comisión. "El ciudadano que tiene sus derechos violados puede acceder directamente al Comité. Tiene un acceso directo y una efectividad mayor. Fue una decisión técnica", explicó Valim.
El equipo de letrados espera que el efecto político en Argentina sea inmediato. Cuentan, además, con instrumentos legales inexistentes en Brasil. El nuevo Código Procesal Penal de la Nación establece en su artículo 318 inciso f, que “la revisión de una sentencia firme procede en todo tiempo y únicamente a favor del condenado” cuando “se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual”.
En caso de que la resolución del Comité sea favorable, los abogados invocarán esa norma para pedir la revisión de la causa en la Cámara de Casación Penal, que podría dejar sin efecto la inhabilitación electiva. Esa decisión cambiaría radicalmente el escenario político, porque habilitaría a la expresidenta a presentase como candidata en las elecciones 2027. Sin embargo, la resolución de planteos no tiene plazos fijos.
Si bien Argentina tiene una larga tradición de aplicación interna de las decisiones de los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existe un antecedente negativo. En 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en el fallo "Ministerio de Relaciones Exteriores", conocido como "Fontevecchia", que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado argentino, pero no tienen el poder de revocar o anular los fallos firmes del máximo tribunal local ya que no funciona como una instancia de apelación.
“Fue un gravísimo retroceso en materia de derechos humanos para Argentina”, explicó Beraldi, ante la consulta de Letra P. El abogado de Cristina agregó, además, que la sentencia se aplica para el caso concreto y no se extiende a otras causas, por lo que el criterio podría cambiar.
A diferencia de lo que sucedió en aquel expediente, el caso de Cristina no tramitará en el sistema interamericano de Derechos Humanos, sino ante Naciones Unidas.
Sin quererlo, Javier Milei pudo haberle allanado a Cristina el camino en su denuncia ante la ONU. La presentación de la expresidenta tiene como columna vertebral la denuncia de una persecución política y la violación de sus derechos a ser juzgada por un tribunal competente, independiente e imparcial.
Para probarlo, los abogados incluyeron, entre otras cosas, las declaraciones públicas del Presidente en las que admitió su injerencia en la causa. “Les puedo asegurar que esta es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, dijo en octubre de 2025, cuando estallaba el escándalo de José Luis Espert. La comunicación también menciona al expresidente Mauricio Macri. “Los dichos de ambos están mencionados en la comunicación como prueba de que hay un problema serio de parcialidad en el juicio contra ella y que compone un ambiente de persecución”, explicaron los abogados.
La expresidenta explicó en su escrito que se la privó de los jueces naturales, existieron mecanismos irregulares de asignación de causas ("forum shopping"), el proceso fue decidido por tribunales parciales y los magistrados que intervinieron mantenían relaciones personales con dirigentes políticos opositores.
