El fallo fue una respuesta institucional ante uno de los casos más dañinos para la credibilidad del poder judicial local. Pases de factura y mensaje coordinado.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Córdoba resolvió la destitución de los tres fiscales que intervinieron en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en la ciudad de Río Cuarto en la noche del 25 noviembre del 2006.
Consecuentemente, Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, dejarán sus cargos como instructores en el Ministerio Público Fiscal. Podrán volver a ejercer como abogados particulares.
El fallo fue unánime y coronó una sesión extensa, calificada por varias fuentes como agotadora, en la que se expusieron los alegatos y las últimas palabras de los abogados.
Los cinco integrantes del jury coincidieron con el pedido de destitución que había formulado la parte acusadora, representada por la fiscal general adjunta, Bettina Croppi. Según su denuncia, los funcionarios enjuiciados habían incurrido en negligencia grave y mal desempeño, figuras previstas en el artículo 154 de la Constitución provincial.
Croppi sustentó su postura con sentencias contundentes. Primero, consideró que los fiscales omitieron investigar múltiples pistas que conducían a los obreros. Más allá de lo técnico, la reflexión apunta a la existencia de material probatorio, desestimado convenientemente, para apuntar a Roberto Bárzola, el último sospechoso apuntado.
Más contundente fue la apreciación posterior, con la que deslizó otra intencionalidad de los instructores. “Elaboraron una hipótesis que puso en el centro a la víctima y su modo de vida”, apostrofó Coppi, replicando uno de los argumentos centrales de su pieza acusatoria, elaborada junto al exfiscal general Juan Manuel Delgado.
Las críticas desbordan las observaciones sobre los caminos elegidos para la investigación. Las palabras resonaron fuerte en Río Cuarto, sociedad que a partir del caso se cuestiona ciertos procesos endogámicos, pero también entre colectivos que han esperado por años un abordaje de género para la causa.
Julieta Rinaldi, presidenta del jury, legisladora por Hacemos Unidos por Córdoba; Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (Unión Cívica Radical) y Walter Gispert (Frente Cívico) completaron el póker de votos políticos. Oficialismo y oposición, sin matices expuestos, coincidieron en la necesidad de sancionar a Di Santo, Miralles y Pizarro.
El quinto voto correspondió a la representante del Poder Judicial, la vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Aída Tarditti, referencia en materia penal y en la implementación de la cuestión de género en la Justicia.
La unidad de criterio dota de una significación especial al fallo: los tres poderes del Estado enviaron un fuerte mensaje anoche. Lo necesitaban, conscientes de que atraviesan procesos con acumulados cuestionamientos y consecuente impacto negativo en la imagen pública, tal como revelan distintos estudios de opinión.
Una parte de las críticas tal vez pueda adjudicarse a los discursos de ocasión, donde la falsa antipolítica enturbia aún más un contexto socioeconómico de múltiples penurias.
Otra parte, acaso la sustancial, remite a la distancia entre las demandas de justicia de esa misma sociedad y las respuestas de Justicia, banales y venales, que por años han ofrecido los Tribunales.
Otra vez, la salida fue política. Esta vez, no hizo falta maquillarlo. La intención de marcar un quiebre con el pasado coincidió con la necesidad de brindar algún tipo de respuesta institucional ante la peor certeza del caso Dalmasso: el asesinato de la mujer tuvo decenas de sospechosos, millones de curiosos y ningún condenado.
Al inicio del año judicial, Domingo Sesín, presidente del TSJ, ensayó una temprana defensa de la institución. Para ello, valoró los procesos seguidos por los funcionarios judiciales, especialmente jueces, tantas veces opacos, difíciles de interpretar para “el ciudadano común” tantas veces interpelado.
Valga destacar, los tres sancionados por el jury han sido representantes del Ministerio Público Fiscal, el “brazo político” del servicio de justicia.
Como tales, Di Santo, Miralles y Pizarro, a través de sus defensas, recordaron que son parte de una cadena con superiores, que incluye a los fiscales generales, cuya cúspide responde al Ejecutivo provincial, entonces y hoy en manos del peronismo cordobesista.
También hubo tiempo para recordar que algunas de las voces que hasta ayer acusaban habían sido parte, oportunamente, de la misma investigación hoy duramente cuestionada.
Resulta imposible interpretar el histórico fallo de ayer (primera vez en la historia en que se destituye de manera simultánea a tres fiscales) sin observar mojones recientes.
El fallo llega apenas semanas después de un cambio en la composición del MPF. Desde marzo, con Carlos Lezcano a la cabeza, el gobernador Llaryora tiene mayoría en el órgano encargado de definir y dirigir la política penal “en nombre del interés público”. Limpiar engorros del pasado ayuda a legitimar cambios de rumbo.
La acusación fue redactada, congruentemente, por dos figuras salientes en el mismo Ministerio. El peso específico de Delgado, que vuelve al ruedo privado, y Croppi, que asumirá en la Procuración Penitenciaria, eran suficiente indicio de que difícilmente los fiscales tuvieran una resolución favorable a sus intereses. Lo decían allegados por lo bajo, “el poder los había condenado ya”.
Las mismas voces citaban otra “coincidencia temporal”. El pasado 13 de marzo, últimos días de aquella conducción del MPF, se habían designado ya dos nuevos fiscales para la jurisdicción de Río Cuarto.
Finalmente, la mediatización del proceso ofreció una oportunidad para remendar falencias que habían quedado ocultas por la teatralización ensayada en la capital alterna, veinte años atrás. Entre ellas, la ausencia de perspectiva de género en todo el proceso investigativo.
Por si acaso, en el mismo discurso de apertura del pasado mes de marzo, Sesín, que ya había presidido el TSJ cuando se sustanciaban las instrucciones del caso, pidió valorar una serie de reformas practicadas en los últimos 30 años. Entre ellas, la inclusión de la perspectiva de género, con sus correspondientes instituciones
