Abel Boyero y Rubén Palomeque eran alfiles de Juan Pablo Luque. Fueron hallados culpables por el desvío de U$S408.000 destinados a obras hidráulicas.
La Justicia de Chubutcondenó a los exfuncionarios kirchneristas Abel Boyero y Rubén Palomeque a cinco y cuatro años de prisión efectiva, respectivamente, por malversación de fondos públicos destinados a obras que no se realizaron y que podrían haber evitado las graves inundaciones que afectaron a Comodoro Rivadavia en 2017.
El tribunal colegiado, integrado por los jueces Mariano Nicosia, Martín Cosmaro y Carlos Tedesco, dio a conocer el fallo para los exsecretarios, quienes actuaron en la administración del entonces intendente de Comodoro y excandidato a gobernador, Juan Pablo Luque, en la causa conocida como "Emergencia climática de Comodoro Rivadavia", que involucró una defraudación al municipio que conducía el jefe comunal del peronismo estimada en unos 408.000 dólares.
Además de Boyero y Palomeque, cuatro inspectores municipales fueron condenados a penas que varían entre los dos y tres años de prisión, algunas en suspenso, quienes además fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos por haber falsificado informes sobre las obras no ejecutadas.
La sentencia también alcanzó a cuatro empresarios implicados en el fraude: Roberto Monasterolo, Cristian Pérez, Javier Morales y Hernán Lobos Rosas, quienes deberán cumplir penas de entre tres y cinco años de prisión efectiva, además de pagar considerables sumas como reparación del daño causado.
El fallo representa un hito en la lucha contra la corrupción en la región y sienta un precedente sobre la responsabilidad penal en esta clase de delitos, debido al impacto devastador que la falta de ejecución de las obras comprometidas tuvo durante el temporal de 2017 en Comodoro Rivadavia, donde murieron dos personas y casi 100.000 habitantes fueron evacuados de sus hogares.
A pesar de la gravedad de los hechos, el tribunal optó por no conceder la prisión preventiva para los imputados, quienes deberán cumplir medidas restrictivas como la prohibición de salir del país y la presentación periódica ante la Justicia.
La sentencia de primera instancia puede ser apelada, pero marca un antecedente respecto de los casos de corrupción, especialmente en contextos de emergencia donde el incumplimiento de las obras comprometidas puede tener consecuencias desastrosas para la población.