Las condenas judiciales embarran la cancha de la extrema derecha brasileña. El antecedente Lula y el peronsimo, preso de "Cristina Libre". ¿Javier Milei la vio?
Conforme Brasil se acerca a las elecciones presidenciales de octubre, la extrema derecha suma problemas. El expesidente Jair Bolsonaro está preso por golpista; su hijo menor, Eduardo, fue condenado por obstrucción de justicia y coacción, y el mayor, Flávio, complicado por un escándalo, cae en las encuestas y ve peligrar su candidatura para enfrentar a Luiz Inácio Lula da Silva.
La saga de estos días en ese país entrega, una vez más, claves valiosas para la Argentina cuando el camporismo busca que la consigna "Cristina libre" sea la principal bandera de campaña de quien se postule por el peronismo en los comicios del año que viene.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF, corte suprema) condenó el martes a Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses de prisión, y a ocho de inhabilitación para ocupar cargos públicos por haberlo hallado culpable de coacción al haber desplegado una campaña de lobby para que el gobierno de Donald Trump sancionara a las autoridades judiciales que definieron la suerte del padre.
El exmandatario cumple prisión domiciliaria por la pena a 27 años y tres meses que le impuso el propio STF por el intento de golpe de Estado de enero de 2023, cuando una turba de extrema derecha alentada desde el gobierno saliente asaltó las sedes de los tres poderes en Brasilia con la intención de desatar una reacción militar que impidiera la tercera asunción de Lula da Silva.
Esa asonada siguió un guion inaugurado por la extrema derecha trumpista que, del mismo modo, irrumpió en el Capitolio para revertir el resultado de las elecciones de 2020 ganadas por Joe Biden.
Los preparativos golpistas brasileños fueron abiertos y hasta quedaron registrados en la filmación de una reunión de gabinete en la que Jair Bolsonaro y sus principales ministros –muchos, militares– trataron abiertamente la cuestión. Eso llevó a su condena en el alto tribunal, encargado por la Constitución de juzgar los presuntos delitos de funcionarios en ejercicio.
Tras esa decisión, Eduardo Bolsonaro abandonó su banca de diputado y se radicó en Washington para buscar ayuda de la administración Trump. Esa actividad fue reconocida por el propio Eduardo en declaraciones públicas, mientras su autoexilio hizo que la cámara baja revocara su mandato en diciembre, conforme a las reglamentaciones que imponen a los legisladores no ausentarse en más de un tercio de las sesiones.
Tras ser condenado, desconoció el fallo y anunció que seguirá refugiado en Washington. Añadió que no hay democracia en Brasil y que solo podrá ser restablecida si su hermano Flávio gana los comicios de octubre.
Además, en toda una admisión de culpa, dijo: "Presidente Trump, por favor retome la (ley) Magnitsky", el instrumento que fundamentó la punición arancelaria inicial.
El lobista de su padre es el miembro más activo del clan en la articulación de una internacional sudamericana de extrema derecha, lo que tuvo una escenificación curiosa cuando le entregó a Milei la medalla del "club Bolsonaro" por tener "el ano invicto".
Ese activismo arrojó resultados: al inicio de su segundo mandato, Trump le achacó a Lula da Silva y al Poder Judicial brasileño actuar con abuso de autoridad, aplicar censura, violar los derechos humanos y reprimir a la oposición.
Con esos argumentos, en julio del año pasado le impuso un arancel punitivo del 50% a todas las exportaciones de Brasil a Estados Unidos y sancionó a una serie de individuos con la cancelación de sus visados, el congelamiento de activos y la prohibición para operar a través de bancos norteamericanos. Los afectados fueron el juez supremo e instructor del caso contra Bolsonaro padre, Alexandre de Moraes; su esposa, Viviane Barci, y el equivalente del procurador del Tesoro en Argentina, Jorge Messias.
Lula da Silva decidió entonces medidas de represalia y puso en marcha a Itamaraty para encaminar la relación, consiguiendo en noviembre amplias reducciones arancelarias y una reunión bilateral tras la que Trump se declaró encantado con su visitante. Ahora, ante la condena contra Eduardo Bolsonaro, el republicano vuelve a la carga y pergeña nuevas tarifas del 25%.
"Los hijos de Bolsonaro logran ser peores que él y, de hecho, son traidores a la nación. Fueron y le pidieron a un país extranjero que interfiriera en las decisiones brasileñas", se descargó Lula da Silva días atrás.
Tras cruzarse con el presidente de Brasil en la cumbre del Grupo de los 7 (G7) que se realizó en Francia, Trump señaló este miércoles que Brasil "se volvió un país un poco complicado políticamente, un poco peligroso políticamente", aunque pareció confundir al condenado con el presidenciable. Y Lula otra vez le mostró los dientes en una conferencia de prensa picante. Dijo:
Escaldado por las injerencias en Argentina, Chile, Colombia, Honduras y otros países –por no mencionar el ataque a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro, así como la amenaza latente a Cuba–, Lula da Silva avisó.
Eduardo Bolsonaro se quedará en Estados Unidos para eludir su condena, al menos hasta las elecciones, en las que espera el triunfo de su hermano mayor. Sin embargo, esa posibilidad encuentra dos escollos.
Uno, que un escándalo por presunta financiación ilegal de campaña –un aparente aporte en negro de 24 millones de dólares de Daniel Vorcaro, un banquero preso por un fraude masivo, alegadamente para una película biográfica sobre Jair Bolsonaro– le está costando caro a Flávio en las encuestas, que tras meses de absoluta paridad muestran ahora a Lula da Silva con una ventaja de más de 12 puntos de cara a un eventual ballottage.
Dos, que su propia postulación corre peligro legal debido a que hizo suyas las posturas antiinstitucionales de su hermano y desconoció públicamente el fallo contra este del más alto tribunal del país.
Más allá de los argumentos legales, evidentes en las dos condenas señaladas, ¿el Poder Judicial brasileño está interviniendo en el proceso electoral? Aunque le resulte inevitable hacerlo, en los hechos es así. Lo mismo que en el de 2018, cuando Lula da Silva no pudo competir por haber sido condenado en el marco del Petrolão, y en 2021, cuando el STF anuló todas esas causas por vicios formales y lo habilitó para competir al año siguiente, cuando ganó.
Los fallos de las cortes supremas son, en todo tiempo y lugar, fenómenos a la vez jurídicos y políticos.
El camporismo enarbola la consigna "Cristina 2027" aun a conciencia de que no tiene forma de concretarse. Es una postura testimonial.
Además, como plan B, que es el de fondo, presiona para que todo precandidato peronista ponga el lema "Cristina libre" como ítem número uno de su campaña. El principal apuntado es Axel Kicillof, cuya indefinición pública acerca de un eventual indulto sólo ratifica la "desconfianza" que siente por él Mayra Mendoza, expresión pública de dichos privados más diseminados y más duros en el sector.
Así planteada, la situación de CFK podría suponer un callejón sin salida para el peronismo modelo 2027, cuyas chances parecen depender más de la devaluación de Milei que de sus propias virtudes y organización: sólo un presidente de ese signo podría ensayar la vía del indulto –por otra parte, de constitucionalidad discutible–, pero vocear esa intención en la campaña sería claramente piantavotos ante el electorado no perteneciente al núcleo duro K, que será el que defina el futuro.
El caso brasileño muestra que lo crucial en los fallos de las cortes supremas –siempre jurídico-políticos– es el signo del poder.
Esto no alude necesariamente a algo espurio: lo que Lula da Silva consiguió en Brasil fue posible, en última instancia, porque tanto él como Rousseff ejercieron su facultad institucional de proponer candidatos para llenar las vacantes que se producían en el STF, incluso negociando con otros sectores dado que el Partido de los Trabajadores (PT) nunca tuvo la mayoría necesaria en el Senado. Consideraciones procesales aparte, sin eso no habría habido redención jurídica ni tercer mandato lulista.
El peronismo, en cambio, desperdicia sus oportunidades. El gobierno del Frente de Todos se agotó en internas, en reyertas políticas y personales, y en rebeliones de subsecretarios de Energía Eléctrica contra ministros de Economía por los subsidios a las tarifas que pagaban los ricos.
Mientras, Alberto Fernández no supo, no quiso o no pudo llenar cientos de vacantes en juzgados de todo tipo, no consiguió cubrir el lugar dejado por Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021 y tampoco tuvo consenso interno para imponer a Daniel Rafecas como procurador general en reemplazo de Eduardo Casal, quien –insólitamente– permanece con carácter interino desde el gobierno de Mauricio Macri.
Ese abandono es aprovechado hoy por Milei con la promoción de cientos de magistrados nuevos y con una reforma a sola firma del proceso de designación de jueces supremos.
Sus candidatos a la Corte –Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla– naufragaron por la torpeza de haber acudido a un decreto simple, pero esta medida acaso preanuncie un nuevo intento. Por otro lado, todo indica que Casal no le molesta.
Juan Bautista Mahiques, arquitecto de una "nueva Justicia" con impronta mileísta, viene de compartir ponencias y tiempo libre en París, en el marco de la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), justamente con Lijo. Este es el juez que lleva la causa que involucra a Manuel Adorni y la de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Mientras, el peronismo se sigue desangrando en internas y en consignas que probablemente hagan poco por potenciar sus chances electorales. El espejo brasileño sugiere que tal vez esté poniendo la carreta delante de los caballos.
