La deuda de recursos federales, eje de la guerra abierta con Javier Milei. Alcaldes, acompañan. Crecen la demanda de alimentos y la morosidad de las familias.
Axel Kicillof.
La provincia de Buenos Aires está en estado de emergencia económica. Así lo declara la ley de Presupuesto 2026 sancionada en la Legislatura bonaerense, en atención a la "profunda recesión e incumplimiento por parte del Estado Nacional" de las transferencias automáticas y no automáticas que, por ley y acuerdos vigentes, corresponden al territorio que concentra el 40% de la población argentina.
Con ese encabezado, el gobernador Axel Kicillof presentó la situación fiscal de la provincia ante más de 60 intendentes. Una convocatoria para hacer público el daño territorial provocado no solo por el drástico recorte de transferencias y fondos de coparticipación federal aplicados por Javier Milei, sino también por el derrumbe de la actividad industrial, un sector con una cadena de valor consolidada en la provincia en áreas como automotriz, química, alimenticia, textil y metalúrgica. En enero de este año, solo se usó el 53 por ciento de la capacidad instalada, el menor porcentaje desde 2016, de acuerdo a datos del INDEC. Y en el camino recorrido, desde el 10 de diciembre de 2023 cerraron sus puertas casi 22.000 empresas.
La construcción, el otro pilar del desplome: el primer mes del año mostró una caída superior al 20% respecto a 2023. Justo en Buenos Aires, una provincia que enfrenta diversos desafíos para su desarrollo económico, entre los cuales se destaca la mejora de su infraestructura para facilitar la salida de la producción y la conexión con el resto del país.
La agenda del encuentro este último jueves en La Plata, estuvo marcada por la asfixia financiera que denuncian tanto la gestión provincial como las administraciones municipales, las peronistas y las radicales. No así las del PRO ni la dirigencia de La Libertad Avanza, quienes fogonean una reducción de las tasas municipales, que en rigor tienen una incidencia de solo 4% sobre la estructura total impositiva, contra el 80% que representan los impuestos nacionales.
Aunque con varios reclamos al gobernador para que fortalezca áreas clave como salud, educación y seguridad que están afectando a los municipios, los intendentes empiezan a acompañar las demandas de Kicillof al gobierno nacional, formalizadas en siete presentaciones ante la Corte Suprema. Lo hacen a la par del crecimiento en sus territorios de los requerimientos de alimentos y subsidios, y la morosidad de las familias, que en enero alcanzó el 10,6%, nivel récord en 20 años. Una demanda sostenida, la de las vecinas y vecinos de la provincia, que obliga a las intendencias a redefinir prioridades presupuestarias para reforzar partidas sociales.
Tan es así, que el presidente del bloque UCR-Cambio Federal en Diputados, Diego Garciarena, presentó un proyecto de ley para convertir en obligación jurídica el anuncio de Kicillof: la creación de un nuevo Fondo de Restitución para municipios, que se conformaría con una parte de los recursos que se restituyan de la masa distribuible de fondos que la Nación adeuda a la Provincia. Va de suyo, si es que eso sucede alguna vez, más por algún pronunciamiento del máximo tribunal que por vocación federal de Milei.
Buenos Aires es una de las provincias que sufre con mayor intensidad la recesión nacional. La actividad económica bonaerense muestra caídas significativas respecto de 2023, tanto en su medición general como al excluir sectores específicos como el campo o la intermediación financiera, que exhiben mejoras. Con el consecuente impacto fiscal, la recaudación va en caía libre.
El informe que presentó el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, da cuenta de una caída consecutiva en la recaudación nacional desde agosto de 2025 a febrero de 2026, con una contracción de 14 puntos en el IVA. Este factor, el desplome del consumo, aparece como uno de los motores de la crisis. Las ventas en súper presentan caídas cercanas al 10% en términos reales respecto de 2023, sin señales de reversión de la tendencia en los primeros meses de este año.
En este sentido, el gobierno de Kicillof sostiene que el problema no radica en la presión tributaria provincial o municipal, sino en la reducción de las transferencias nacionales. Esto es, la deuda como elemento político clave. Entre los rubros en disputa aparecen partidas como seguridad, transporte, obras paralizadas, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cajas previsionales y compromisos derivados del Pacto Fiscal.
Las cuentas de la provincia suman en la columna del debe más de 22 billones de pesos. Una pérdida total de recursos provenientes del gobierno central, acumulada desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, sumando deudas de transferencias interrumpidas, corte de programas nacionales y obras públicas comprometidas y paralizadas. A modo de ejemplo reciente, las transferencias por coparticipación federal a Buenos Aires sufrieron una merma de 100.000 millones de pesos solo en febrero. Prácticamente en todos los meses se perdió recaudación, con una progresión negativa acentuada en el primer trimestre del año.
Sin embargo, en medio del escándalo $LIBRA, que esta semana sumó nuevos indicios a partir del análisis del celular del broker Mauricio Novelli, Milei le abrió a los gobernadores aliados la puerta inviolable de los fondos discrecionales que reparte a las provincias (los ATN) y distribuyó 47.000 millones de pesos entre 11 jurisdicciones, de acuerdo con un informe publicado por la consultora Politikon Chaco. Buenos Aires, afuera; Corrientes y Mendoza, las más beneficiadas.
La primera es gobernada por Juan Pablo Valdés, quien aportó votos clave en el Congreso para las reformas impulsadas por La Libertad Avanza. La segunda, conducida por Alfredo Cornejo, uno de los principales gobernadores aliados de la administración libertaria que compartió el viaje con Milei a Nueva York, en el marco de Argentina Week. Se trata del evento de inversiones que lo tuvo a Manuel Adorni como protagonista por haber sumado a su esposa, Bettina Angeletti, dentro de la comitiva oficial, en una saga de infortunios que siguieron con la revelación de su vuelo a Punta del Este en un avión privado, y la aparición de propiedades no declaradas. Porque como dice el propio vocero devenido jefe de Gabinete, "con mi plata hago lo que quiero": lo mismo Milei con los ATN.
La provincia siempre ha sido un territorio con gran potencial económico, pero también con desafíos importantes aún sin abordar. Uno de ellos, el debate sobre una eventual reformulación del esquema de coparticipación federal de impuestos, un viejo reclamo desde que la reforma encarada durante la gobernación del radical Alejandro Armendáriz a mediados de los ochenta, desfinanciara a Buenos Aires.
Desde entonces, generando el 43% del PBI, la provincia sólo accede a menos del 20% del monto total distribuido. Mientras que con la falta de discusión acerca del restablecimiento del Fondo del Conurbano -creado en 1992 por el gobernador Eduardo Duhalde-, perdió cerca de 200.000 millones de pesos desde 1996.
Se trata, en suma, de un problema complejo agravado en un contexto actual de recesión económica y confrontación política agudizada en el marco de la discusión 2027. Hoy, el diálogo y los consensos necesarios para discutir el reparto de los fondos federales, no tienen un atisbo de luz. Quedará, una vez más, sujeto a la dinámica del escenario político futuro y a las demandas de una sociedad que otorga tiempo, pero también espera respuestas concretas.