Los fondos están supeditados a una colocación de deuda. Austeridad forzada: aumentos salariales y ayuda a municipios, postergados. Gremios en alerta.
El gobierno de Axel Kicillof confirmó el pago del aguinaldo
La provincia de Buenos Aires confirmó este lunes el pago del medio aguinaldo de diciembre en una fecha "antes de la Navidad". En medio de una presión gremial creciente, la administración de Axel Kicillof buscó descomprimir la tensión con un anuncio que no despeja los nubarrones financieros que sobrevuelan La Plata.
Como nunca desde que empezó su gestión, el gobernador bonaerense enfrenta este diciembre un escenario de estrechez financiera que encendió la alarma en todos los gremios de trabajadores estatales que temían que afectara el operativo aguinaldo. Y aunque este lunes el ministro de Gobierno Carlos Bianco buscó llevar calma con el anuncio, lo cierto es que la provincia ingresó en una etapa de austeridad obligada, en la que solo parece estar garantizada la cobertura de gastos impostergables.
"Va a ser como todos los años, antes de las Fiestas", afirmó Bianco durante su habitual conferencia de prensa de los lunes. El funcionario garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad, pero aclaró que "se está definiendo el día". La indefinición, según explicó, responde a que "fue un año particularmente difícil para las finanzas de la Provincia".
El ministro vinculó la falta de precisión a una operación financiera concreta: la semana pasada la provincia realizó una colocación de deuda para obtener fondos adicionales destinados a vencimientos que corresponden a esta semana. "Una vez que tengamos definidos esos fondos vamos a establecer el día de cobro", afirmó.
La declaración buscó calmar las aguas en un momento de presión sindical creciente. Días atrás, varios gremios habían expresado públicamente su inquietud y exigido que la Provincia abone el aguinaldo en los plazos habituales, que suelen rondar el 20 de diciembre.
La presión de los sindicatos estatales bonaerenses se aceleró después de que el oficialismo consiguiera aprobar en la Legislatura la Ley de Financiamiento, en la madrugada del 5 de diciembre. Ese mismo día, pocas horas después del aval legislativo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) envió una carta al Ministerio de Trabajo provincial para exigir la "indispensable" reapertura de las negociaciones paritarias.
La celeridad del reclamo, a menos de 24 horas de cumplido el trámite legislativo, generó cierto malestar en la Provincia. Según pudo saber Letra P, en ese momento no había fecha para una nueva convocatoria y la administración Kicillof consideraba "prematuro" el pedido.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se sumó el 11 de diciembre con una exigencia adicional: que el aguinaldo de diciembre sea abonado en tiempo y forma, sin ningún tipo de desdoblamiento. También la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) reclamaron formalmente la reactivación de la negociación salarial.
La última vez que los representantes de los empleados nucleados en la ley 10.430 se reunieron con funcionarios provinciales fue el 18 de noviembre. Dos días después fue el turno de docentes y judiciales. En ninguno de esos encuentros hubo oferta salarial.
La vulnerabilidad financiera que atraviesa la Provincia tiene raíces estructurales. Como detalló Letra P, el Presupuesto 2026, sancionado en la Legislatura, prevé gastos por 43 billones de pesos y recursos por 41,5 billones, lo que supone un déficit primario de 0,2 por ciento del Producto Bruto Geográfico.
Pero la foto más reveladora está en la composición del gasto: el 58 por ciento de las erogaciones provinciales están destinadas a pagar los salarios de los cerca de 540.000 trabajadores estatales (40 por ciento del total) y las jubilaciones a cargo de la gestión bonaerense (18 por ciento). Son unos 24,6 billones de pesos que limitan severamente cualquier margen de maniobra.
La estrategia de Kicillof para 2025 fue inédita: pagó una parte sustancial de los vencimientos de deuda con recursos corrientes, porque la oposición le rechazó la autorización para tomar deuda y refinanciarlos. Esa decisión le permitió cumplir con los acreedores, pero dejó las arcas provinciales en una situación de fragilidad para este cierre de año.
El gobernador consiguió finalmente, en la madrugada del 5 de diciembre, que la Legislatura le aprobara la ley de financiamiento por hasta 3.685 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno nacional todavía no dio la autorización final. Esa indefinición explica, en parte, el plan de contingencia actual: austeridad forzada, al menos hasta febrero.
La disputa entre Kicillof y el gobierno de Javier Milei le agregó otra capa de complejidad al cuadro. Aunque la administración bonaerense logró aprobar el proyecto de solicitud de financiamiento, la Casa Rosada anticipó que solo habilitará operaciones de refinanciamiento, no para la toma de recursos "frescos".
"Buenos Aires no está cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal", fue el argumento que puso sobre la mesa el ministro de Economía Luis Caputo la semana pasada. "Todo" advirtió que "técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debería estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley".
La restricción condiciona el margen fiscal con el que la Provincia debe encarar el pago del aguinaldo y la eventual reapertura de las paritarias. Sin embargo, en el Gobierno bonaerense confían en que el aval para el tramo del endeudamiento que garantiza los pagos de deuda 2026 salga "más temprano que tarde".
En lo inmediato, para la provincia se abre un horizonte de austeridad forzada en el verano. Fuentes del gobierno bonaerense dejaron trascender que se priorizarán gastos nuevos para salud, seguridad y ayuda social. Todo lo demás, quedará supeditado. Entre los rubros postergados figuran dos con alto impacto político: los aumentos salariales para los empleados públicos y la ayuda financiera a los intendentes.
El último acuerdo entre la Provincia y los trabajadores de la administración pública data de agosto, cuando aceptaron una suba del 5 por ciento en dos tramos. Eso acumuló en el año un incremento del 25,9 por ciento, apenas por encima de la inflación del período.
En este contexto, parece muy lejana la posibilidad que Kicillof otorgue un nuevo aumento antes de fin de año. Febrero, por el inicio de clases en marzo, parece ser la fecha tope para evitar conflictos mayores con los gremios docentes. Políticamente, el escenario es delicado: el gobernador mantiene buena sintonía con las cúpulas sindicales, pero las bases presionan y el esquema se tensa.