El gobernador habló con Pullaro. La tranquilidad por lo hecho del ministro Quinteros. El marco legal que dejó la caída de Monteoliva en Córdoba.
Martín Llaryora sigue de cerca el conflicto policial en Santa Fe
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, siguen con atención el motín de la Policía de Santa Fe. La dupla cordobesista se comunicó con Maximiliano Pullaro para ponerse a disposición, mientras agudizan la observación local de manera preventiva y reforzaron anuncios de gestión para las fuerzas.
Los contactos con la ministra de Seguridad de Javier Milei, la cordobesa Alejandra Monteoliva, fueron parte del protocolo de contactos de rigor. Si bien es poco probable una asistencia de las provincias vecinas, el gobierno local supo de primera mano que la gestión libertaria está pendiente del conflicto santafesino y de posibles brotes en otros puntos del país.
En otros términos, Monteoliva enviará refuerzos federales si Pullaro lo requiere. No hará lo que Cristina Fernández de Kirchner le hizo cuando era la responsable de la seguridad en el gobierno de José Manuel de la Sota.
Como se recordará, en diciembre de 2013 una huelga de esposas de policías que reclamaban mejores condiciones laborales y salariales siguió con un acuartelamiento de las fuerzas y dos días de saqueos, robos y desmadres en toda la provincia.
Ante la negativa del gobierno nacional de enviar a la Gendarmería, aquella fecha se recuerda en Córdoba como el inicio del antikirchnerismo que marcó las preferencias electorales de esta provincia que aportó el plus necesario para que Mauricio Macri y Javier Milei se sentaran en el Sillón de Rivadavia.
Monteoliva y el jefe de la Policía de ese entonces, César Almada, renunciaron a sus cargos. La pelea con los alfiles de CFK no cesaron. Al punto que la ministra de Seguridad de entonces, María Cecilia Rodríguez, responsabilizó a De la Sota por dar “una respuesta tardía” a su Policía y abrir un efecto rebote en otros distritos del país.
Como contó Letra P, el ascenso de Monteoliva al gabinete de Milei tras la salida del cargo de Patricia Bullrich, fue tomada con entusiasmo. Su mal paso en la administración de Córdoba siempre se leyó como un conflicto político que la excedió. No trascendieron reproches y su densidad técnica siempre fue bien ponderada.
Sin embargo, ese efecto de rebote que el kirchnerismo cargó en la cuenta del delasotismo en 2013 es parte de una realidad objetiva que reaviva el conflicto reciente de Pullaro con la Policía santafesina. En concreto, hay tranquilidad, pero el monitoreo se hace igual.
Llaryora asumió una postura muy distinta que sus predecesores que querían a la Policía cerca, pero lejos. El gobernador siempre supo que el cordobesismo de Juan Schiaretti y De la Sota era impopular entre las fuerzas, dominando una mayor simpatía por referencias de la oposición como Luis Juez.
Al inicio de la gestión, designó al exjuecista Quinteros al frente de la cartera e impuso una conducción política de las fuerzas que marcaron un quiebre con el estilo de un cuarto de siglo. En el Panal, como se conoce al Centro Cívico, aseguran que la Policía de Córdoba está mejor y no encuentran puntos objetivos para un efecto contagio.
Fuentes del ministerio destacan el alto valor de los adicionales, la inversión en armas, coches e insumos para el combate del delito. El año pasado, tuvo récord de interesados en sumarse a la fuerza, doblando las cifras oficiales de hace dos años. El sueldo promedio inicia en el $1,5 millones.
También imprime cierta tranquilidad la Ley Antimotines (N° 10.187), sancionada después del acuartelamiento que atravesó Monteoliva cuando era funcionaria cordobesista. En febrero de 2014, la Legislatura aprobó un mecanismo de cesantía o exoneración de policías y guardiacárceles involucrados en casos de inconductas, insubordinación o abandono del servicio de seguridad pública.
El debate fue arduo, pero obtuvo el apoyo de todos casi todos los bloques, con excepción de Encuentro Vecinal de Aurelio García Elorrio y el Frente de Izquierda.
“Los cordobeses no aceptaremos que la Policía deje de cumplir, por ningún motivo, con su función de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos. El consenso los legisladores del pueblo de Córdoba a la hora de sancionar esta norma, importa un claro mensaje: nunca más se repetirán los hechos desgraciados del 3 y 4 de diciembre pasado”, dijo entonces el gobierno provincial en un comunicado.
La norma tiene un carácter de excepcionalidad y sólo debe aplicarse en el caso de acciones prefijadas en el artículo 2 como la insubordinación; el abandono del servicio; la adopción de medidas contrarias a la normal prestación del servicio; el reclamo hostil o tumultuoso; la afectación del prestigio de la institución a la que pertenece, entre otras consideraciones.