Llama la atención la simetría entre distintos aspectos del pasado dictatorial y el presente, especialmente en materia de política económica. Durante la dictadura, que se inició el 24 de marzo de 1976, el plan de José Alfredo Martínez de Hoz consolidó lo que Susana Torrado denominó “modelo aperturista”: una estrategia basada en la apertura generalizada de las importaciones, el sostenimiento de un dólar barato, una abrupta caída del salario real -cercana al 40% en un año- y la expansión de la especulación financiera.
Como parte de ese mismo paquete, se desplegó un ataque sistemático contra los derechos laborales mediante reformas sustantivas a la Ley 21.297 (Ley de Contrato de Trabajo). Entre las principales modificaciones se destacaron la erosión del principio protector -que debilitó el criterio de favorecer al trabajador en caso de duda-; la ampliación de las facultades empresariales en materia disciplinaria y de organización; la flexibilización de los despidos, reduciendo las garantías de estabilidad; la limitación de las indemnizaciones, tanto en sus montos como en sus condiciones; y el recorte de los derechos colectivos, con la suspensión de la actividad sindical y de las negociaciones paritarias.
El parecido con la llamada “Ley de Modernización Laboral” -más ajustadamente descripta como un estatuto regresivo en materia de derechos del trabajo- no es casual. Tampoco lo son el aperturismo generalizado, la apreciación del peso, la caída del salario real y la elevada rentabilidad en dólares de la especulación financiera, particularmente a través del carry trade, que configuran un núcleo central de las políticas impulsadas por el tándem de Javier Milei, Toto Caputo y Federico Sturzenegger. Sus efectos —lejos de ser neutros— tienden a traducirse en desindustrialización, precarización del empleo y aumento de la desocupación.
Especulación financiera y deuda externa
En febrero de 1977, la dictadura impuso la Ley de Entidades Financieras 21.526, que rige hasta el día de hoy aunque con modificaciones. Esa norma implicó una mayor liberalización del sistema financiero con el debilitamiento del control regulatorio estatal, favoreciendo altas tasas de interés y negocios especulativos e incrementando la desigualdad en el acceso al crédito. También implicó una garantía estatal implícita a los negocios del sector, permitiendo el auge de la llamada “patria financiera” y aumentando su vulnerabilidad frente a crisis financieras, como la de 1980-1981. El parecido con lo que ocurre actualmente es asombroso.
Veamos también el endeudamiento externo. Durante la dictadura, la deuda pasó de alrededor de 9.000 millones a unos 45.000 millones de dólares, un salto fuertemente impulsado por la estatización de la deuda privada -cercana a los 23.000 millones- entre 1981 y 1982. En la actualidad, el stock de deuda continúa en aumento como parte de un ciclo iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri y sostenido, con matices, por las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei, tanto a través de acreedores privados como de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.
El rol de la clase dominante
Un segundo punto de contacto entre pasado y presente es el papel de la clase dominante, los “dueños de todas las cosas”. En agosto de 1975 se creó la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), que impulsó un lockout empresario y contribuyó a desestabilizar el orden constitucional, allanando el camino al golpe genocida. Ese proceso represivo estuvo orientado a disciplinar a una clase trabajadora que venía de derrotar el llamado Rodrigazo -un severo plan de ajuste aplicado durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón y José López Rega- y que, desde el Cordobazo en adelante, había protagonizado sucesivas puebladas y episodios de fuerte conflictividad social. En ese marco, numerosos establecimientos fabriles funcionaron como engranajes del dispositivo represivo, alojando centros clandestinos de detención en sus predios o en zonas aledañas, como en plantas de Ford Motor Argentina, Mercedes-Benz Argentina, Ledesma o SIDERCA.
En la actualidad, la clase dominante -más allá de matices o disputas internas- respalda mayoritariamente al gobierno de Javier Milei, en particular los sectores vinculados al extractivismo (minería, hidrocarburos y complejo agroexportador), la energía y las finanzas. Desde esta perspectiva, tanto los gobiernos civiles como los regímenes militares aparecen como instrumentos contingentes y reemplazables en función de la defensa de sus intereses estructurales.
El colaboracionismo en la última dictadura militar
Un último elemento a considerar es el del colaboracionismo. La dictadura contó con el beneplácito activo de amplios sectores del sistema político previo, y los distintos partidos aportaron centenares de funcionarios en múltiples niveles del Estado. Según datos publicados por el diario La Nación el 25 de marzo de 1979, de los 1.697 municipios del país, alrededor del 90% de los intendentes eran civiles y apenas un 10% militares. Entre los civiles, 310 pertenecían a la Unión Cívica Radical, entre 169 y 192 al Partido Justicialista y sus aliados -según la fuente considerada-, 109 al Partido Demócrata Progresista, 94 al Movimiento de Integración y Desarrollo, 78 a la Fuerza Federalista Popular, 16 al Partido Demócrata Cristiano, cuatro al Partido Intransigente y el resto carecía de afiliación partidaria.
En la actualidad, el gobierno libertario se sostiene, en parte, sobre dinámicas que algunos analistas interpretan como formas de colaboración política: gobernadores, diputados y senadores electos por fuerzas opositoras que, sin integrarse formalmente al oficialismo, facilitan el cuórum o acompañan iniciativas clave en el Congreso. Esto se evidenció en votaciones como la de la llamada Ley Bases y en la reforma laboral, donde resultaron decisivos apoyos provenientes de distintos bloques, incluidos sectores del peronismo, así como en el aval parcial a iniciativas de seguridad promovidas por Patricia Bullrich durante su gestión al frente del ministerio.
Todos estos puntos de contacto no implican, sin embargo, la ausencia de diferencias sustantivas. El gobierno de Milei es, desde luego, mucho más débil que la junta militar que ejercía el poder con los tanques en las calles y el terror generalizado. La represión actual -aunque supone un giro hacia prácticas más autoritarias en comparación con etapas recientes- está lejos de la magnitud y sistematicidad de aquellos años. Tampoco el movimiento de masas ha sufrido una derrota histórica como la que significó el golpe genocida.
La resistencia social
Por el contrario, la resistencia social, aun fragmentada, ha sido persistente y en ocasiones masiva, obligando al Gobierno a retroceder en distintos aspectos de su programa. Incluso tras las elecciones de medio término, el respaldo oficialista muestra signos de desgaste, especialmente entre sectores populares. Inciden en ello el deterioro económico, marcado por la caída de los salarios y los despidos, así como el impacto de denuncias de corrupción. El rechazo a la reforma laboral, por su parte, fue ampliamente mayoritario y se expresó en el alto acatamiento a medidas de fuerza, aunque sin traducirse en su derrota legislativa.
En paralelo, se observa un creciente cuestionamiento a las conducciones tradicionales y una mayor receptividad hacia alternativas políticas por izquierda, incluso entre bases históricamente vinculadas al peronismo. A esto se suma la fuerte imbricación del rumbo gubernamental con el escenario internacional, en particular con la figura de Donald Trump, cuya propia evolución política puede tener efectos locales. La economía argentina, además, permanece altamente expuesta a tensiones externas y a la volatilidad financiera.
En este contexto, la disputa sigue abierta. El desenlace dependerá, en gran medida, de la capacidad de la clase trabajadora para transformar la resistencia en una alternativa política propia, que cuestione de fondo a los sectores dominantes y al poder financiero internacional. La experiencia posterior a la dictadura —cuando se consolidaron aspectos centrales de su herencia económica, como el endeudamiento externo— plantea un antecedente relevante. Evitar su repetición exige la construcción de una fuerza que, apoyada en la movilización social, se proponga una transformación estructural. Esta es la apuesta que hacemos desde la izquierda.
