El organismo que controla al Gobierno porteño definió para 2026 un plan con foco en los servicios licitados y el subte. Hará controles en tiempo real.
La Auditoría General de la Ciudad, definió una agenda de trabajo para 2026 con foco en servicios licitados, basura y obra pública, todos ellos, temas centrales de la gestión de Jorge Macri.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), que preside Mariana Gagliardi, definió su hoja de ruta para 2026 con foco en áreas sensibles de la gestión de Jorge Macri. Basura, subtes, obra pública y servicios licitados estarán bajo la lupa del organismo durante un año clave para el oficialismo porteño.
Bajo la premisa de que el control no llegue tarde, la AGCBA consensuó entre los auditores que responden a un abanico heterogéneo de fuerzas políticas avanzar en una serie de seguimientos que coinciden con algunas de las prioridades marcadas por el gobierno del PRO. Uno de los ejes centrales será el vinculado a las obras y los servicios públicos.
En ese punto, desde el organismo anticipan que continuarán auditando la concesión del subterráneo porteño y, en particular, la línea D. ¿Por qué el recorrido que une Catedral con Congreso de Tucumán? Durante el seguimiento de 2025 detectaron fallas en la planificación, aumentos presupuestarios por encima de la inflación y controles deficientes por parte de SBASE, la empresa estatal que administra el servicio, hoy el más caro del área metropolitana.
Se trata de uno de los servicios más sensibles de la gestión porteña, tanto por su costo como por su visibilidad política.
En ese mismo registro, la Auditoría comprobó la contratación de obras costosas que no cumplen su objetivo y ramales en condiciones deterioradas, que ahora el Ejecutivo busca subsanar con un plan de puesta en valor de medio centenar de estaciones.
En ese eje, el plan de trabajo también apunta a un pilar de la obra pública porteña: Autopistas Urbanas S.A. Aunque formalmente es una sociedad anónima, el paquete accionario de AUSA está completamente en manos del Estado metropolitano, lo que la convierte en una pieza clave del esquema de ejecución de obras mediante “mandas”, un mecanismo de tercerización de contrataciones.
El seguimiento estará centrado en obras de conectividad vial anunciadas por el gobierno de Macri: la readecuación de la Autopista Dellepiane, la construcción del Puente Labruna y el distribuidor del Parque de la Innovación, que busca mejorar la conexión con Ciudad Universitaria. Todas, obras de alta visibilidad en la agenda oficial.
Otro de los frentes a inspeccionar es el de la seguridad, una política central —en lo político y en lo comunicacional— de Jorge Macri. El foco no estará tanto en el desempeño de las fuerzas como en la construcción del Penal de Marcos Paz.
La obra, que se encuentra en su cuarta y última etapa, facilitó en octubre una foto de reencuentro entre el alcalde porteño y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. Más allá de ese gesto político, su finalización implica que la Ciudad tendrá por primera vez un penal, o al menos una parte, para alojar a detenidos por delitos cometidos en su jurisdicción.
La obra también se inscribe en la disputa por la agenda de seguridad, uno de los ejes centrales del discurso del oficialismo. La Auditoría ya evaluó etapas anteriores y registró problemas como contrataciones deficientes, costos elevados y obras que no avanzan en tiempo y forma.
En el marco de la emergencia penitenciaria que rige en la Ciudad, también se analizará la situación de las alcaldías. El desborde de detenidos en territorio porteño provocó, a comienzos de 2024, reiteradas fugas que obligaron al Ejecutivo a ampliar los centros provisorios de detención. En ese contexto, se pondrá el foco en la compra de módulos destinados a esas instalaciones.
En la agenda también se prevé auditar políticas y contrataciones en Educación, con foco en el Plan Sarmiento, así como programas de urbanización de villas y políticas ambientales.
En el organismo que controla el desempeño administrativo y financiero del Ejecutivo porteño buscan dar un paso más allá de la evaluación a año vencido. Durante 2026 comenzarán a implementar seguimientos sobre políticas en ejecución: una suerte de auditorías en tiempo real.
“En los últimos dos años, fruto del compromiso de todos los auditores, hemos conseguido poner al día al organismo y evaluar el desempeño de la gestión estatal porteña del año anterior, algo que nunca se había logrado”, señala la auditora general, Mariana Gagliardi.
La presidenta del organismo anticipa el cambio de enfoque: “Ahora vamos a avanzar con un nuevo esquema de auditorías concomitantes, que harán un seguimiento al día de la ejecución de políticas públicas de la Ciudad”.
Según explica, existen antecedentes de este mecanismo, aplicado durante la pandemia, cuando el organismo implementó controles en simultáneo con la ejecución de políticas. La conclusión fue clara: un control más cercano en el tiempo resulta más eficaz.
“Es clave para fortalecer la transparencia, mejorar la gestión y lograr lo que buscamos desde el inicio: una auditoría oportuna, útil y con impacto real en la vida de los vecinos”, sostiene.
Ese cambio se complementará con una mayor articulación con la Legislatura, donde debería tratarse el plan anual del organismo, algo que no ocurre de manera sistemática. Por eso, la conducción de la Auditoría prevé una mayor presencia en comisiones y sesiones.
La Auditoría General de la Ciudad, a imagen y semejanza del resto de los organismos descentralizados, está integrada por representantes de las distintas fuerzas políticas porteñas, que articulan o se enfrentan según los temas en discusión.
La presidencia de Gagliardi, que transita su segundo mandato al frente del organismo, expresa el peso de La Cámpora y su vínculo directo con el senador nacional Mariano Recalde.
Dentro del oficialismo ampliado, uno de los perfiles con mayor peso político es Pablo Clusellas, histórico dirigente del PRO y hombre de confianza de Mauricio Macri, con amplio conocimiento del funcionamiento del Estado.
En ese mismo espacio aparece Patricia Caseres, alineada con el radicalismo que conduce Daniel Angelici, un sector que viene ganando gravitación dentro de la estructura porteña y que articula con el PRO en distintas áreas de gestión. Ese armado se expresa también en la presencia de funcionarios ligados a ese esquema en posiciones clave del Gobierno porteño.
El mapa se completa con José Luis Giusti, referente de Evolución y del radicalismo que responde a Martín Lousteau, que introduce un factor de autonomía dentro del bloque oficialista.
Del lado del peronismo, además de Gagliardi, la composición interna no es homogénea. Jorgelina Carnevale responde a UPCN y al armado de Fernando Barrera, un sector sindical que suele moverse con lógica propia dentro del peronismo y que, según el momento político, puede confluir con el espacio que orbita en torno a Juan Manuel Olmos.
Por su parte, Lisandro Teszkiewicz también proviene del peronismo, pero se alinea con Peronismo por la Ciudad, la agrupación que conduce Víctor Santa María, la tercera pata del poder del peronismo metropolitano.
Con ese esquema, la Auditoría queda atravesada por equilibrios internos que condicionan tanto la agenda de control como el tono de sus intervenciones.