La investigación por presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sumó nuevas absoluciones. El caso Aníbal Tortoriello.
Techo Digno, la causa que investiga por presunta administración fraudulenta y peculado a una decena de exfuncionarios de Río Negro, sumó este miércoles un nuevo capítulo con la absolución de los exintendentes Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren, quienes estaban acusados por irregularidades en la construcción de 40 viviendas en la localidad de Sierra Grande.
En el fallo, que se dio a conocer este miércoles en los tribunales de Viedma, los magistrados sostuvieron su decisión por “falta de acusación fiscal” y “no haberse probado los hechos atribuidos”. La Justicia rionegrina intentaba desentramar un esquema de peculado con presuntos fondos millonarios enviados por Nación.
Además de Tamburrini e Iribarren, estaban en el banquillo de los acusados los exfuncionarios Mauro Tamburrini (Gobierno) y Ernesto Noel (Obras Públicas), acusados por los delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. También, los exsecretarios de Iribarren, Claudia Albariño y Miguel Mesa, quienes estaban señalados por hechos relacionados con pagos por movimientos de suelo.
La investigación de la megacausa de Techo Digno comenzó en el inicio de la gestión nacional de Mauricio Macri, derramándose a la Patagonia en 2018. Desde entonces, tuvo pasajes por el fuero federal hasta tramitarse finalmente en la Justicia rionegrina, que hoy lleva adelante la investigación penal a través de su Ministerio Público.
El caso alcanza a más de una docena de exintendentes de distintos signos políticos. De hecho, el expediente involucra administraciones del PJ, el radicalismo, Juntos Somos Río Negro y figuras que hoy forman parte de otros espacios políticos.
El entramado está en los fondos enviados y el avance de las obras para un plan de viviendas sociales, en una docena de localidades rionegrinas. Todas las investigaciones y acusaciones apuntan contra las administraciones que digitaban ese proyecto federal, que llegaban a los distritos de la mano del entonces senador Miguel Ángel Pichetto.
San Carlos de Bariloche, San Antonio Oeste, General Conesa, Cervantes, General Godoy, Choele Choel, Río Colorado, Fernández Oro, Cinco Saltos, Cipolletti, Campo Grande y Sierra Grande son parte de la investigación, que hoy tiene en vilo a la política doméstica.
Hasta el momento, tres exintendentes llegaron a juicio oral y resultaron absueltos. Fueron los casos de María Eugenia Martini y Gustavo Gennuso en San Carlos de Bariloche, y Juan Reggioni en Fernández Oro.
La única condena hasta ahora corresponde al exintendente de Cervantes, Gilberto Montanaro, quien negoció un juicio abreviado, reconoció irregularidades y recibió una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Ahora, la mayor tensión se da contra los exintendentes Aníbal Tortoriello, actual diputado de La Libertad Avanza con aspiraciones de pelear por la gobernación en 2027, y Abel Baratti. A principios de este año, el juez Marcelo Gómez rechazó sus pedidos de nulidad y prescripción.
Los hechos que se les atribuyen ocurrieron entre 2015 y 2016. En ese momento, las viviendas pasaron a la órbita provincial. Según la denuncia, hubo irregularidades en la certificación de avance de obra, por lo que Nación giró más dinero del que correspondía por los trabajos efectivamente realizados.
Meses atrás, el juez determinó que la condición de funcionario público de los involucrados (especialmente Tortoriello, con su carrera legislativa activa) interrumpe los plazos de prescripción.
Otro de los implicados que espera por su suerte es Daniel Belloso, ex intendente de Choele Choel, hoy presidente de la bancada de PJ Nuevo Encuentro en la legislatura local. En mayo, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos en su contra por su intervención en dos acuerdos de construcción de viviendas e infraestructura. La Justicia pidió su desafuero, pero semanas atrás el oficialismo evitó el debate en el recinto.
El exintendente Carlos Alberto Pilotti, en Río Colorado, es investigado también por presuntos delitos de defraudación a la administración pública. La acusación implica la presunta certificados de avance de obra que no reflejaban el estado real del proyecto, y el presunto pago a una empresa constructora por trabajos que nunca se realizaron.
