El proyecto oficialista consolida el ajuste y se apoya en proyecciones económicas difíciles de sostener. Menos recursos, más necesidades.
Presupuesto 2027, un dibujo con números de fantasía
Dicen que el presupuesto es la ley de leyes. Si alguien quiere conocer las prioridades de una gestión, más que escuchar al presidente, gobernador o intendente de turno, tiene que indagar y leer lo que dice su presupuesto.
Entonces, cuando analizamos el proyecto de Presupuesto 2027, tenemos que mirar más allá de los números que presenta el Gobierno. El presupuesto es, ante todo, una definición política: muestra qué lugar ocupa cada necesidad social entre las prioridades del Estado y quiénes terminan pagando los costos de un determinado modelo económico.
Lo que encontramos en el proyecto del presidente Javier Milei es la continuidad de un programa de ajuste que viene reduciendo la capacidad de intervención estatal desde diciembre de 2023. El Gobierno insiste en presentar el superávit fiscal como una regla inalterable, pero detrás de ese resultado se acumulan necesidades insatisfechas, servicios públicos bajo presión y una economía que sigue sin encontrar un camino de crecimiento sostenido.
El gasto primario del sector público nacional, según el análisis del proyecto, pasaría del 19,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2023 al 14,2% en 2027. El Marco Fiscal de Mediano Plazo prevé una nueva reducción, hasta el 13,8% en 2029. No estamos, por lo tanto, ante un esfuerzo transitorio para ordenar las cuentas públicas, sino frente a un esquema que busca consolidar un Estado cada vez más reducido.
Las consecuencias de esa decisión no son abstractas. Se expresan en la capacidad de los hospitales para atender, en las condiciones en que se educa, en los recursos disponibles para acompañar a las personas con discapacidad y en las posibilidades de respuesta frente a las demandas cotidianas de la población.
En salud, el proyecto prevé un incremento nominal del 16,3%, por debajo de la inflación del 18% que el propio Gobierno calcula para 2027. Esto significa que, aun si se cumpliera la proyección oficial, los recursos perderían poder de compra. Con menos capacidad presupuestaria se vuelve más difícil sostener prestaciones, adquirir insumos, renovar equipamiento y responder al aumento de los costos del sistema sanitario.
En un área tan sensible, perder frente a la inflación no es un detalle contable. Es limitar la capacidad de atención en un contexto en el que el acceso a la salud pública resulta decisivo para una parte importante de la población. Si los precios aumentan más que los recursos disponibles, la diferencia termina trasladándose a los trabajadores del sistema, a quienes necesitan atención y a sus familias.
La educación pública tampoco puede quedar al margen de esta discusión. El proyecto establece un condicionamiento presupuestario y salarial para las universidades nacionales: los aumentos salariales quedarían limitados a las plantas de personal existentes en noviembre de 2026. De esta manera, se restringe la posibilidad de reconocer las necesidades que surjan después de esa fecha y se condiciona la capacidad de las instituciones para sostener su funcionamiento.
Defender la universidad pública implica defender tanto el derecho a estudiar como las condiciones laborales de quienes enseñan, investigan y trabajan en ella. Cuando el presupuesto desconoce esas necesidades, no solamente se afecta a una institución: se pone en tensión una herramienta fundamental para garantizar oportunidades y producir conocimiento.
En materia de discapacidad, la discusión presupuestaria tiene una dimensión todavía más concreta: detrás de cada prestación hay personas que necesitan apoyos para desarrollar su vida cotidiana, acceder a tratamientos, sostener procesos de rehabilitación y ejercer sus derechos. La continuidad de esas respuestas no puede depender de cuánto espacio deje disponible una meta fiscal. Un presupuesto que reduce la capacidad de respuesta estatal y convierte las partidas en techos de gasto, en lugar de garantías de ejecución, aumenta la incertidumbre sobre la posibilidad de sostener políticas y servicios esenciales.
No necesitamos exagerar las consecuencias para advertir el problema. Cuando el Estado cuenta con menos recursos reales y, además, puede restringir la ejecución de lo presupuestado, quienes dependen de políticas públicas quedan más expuestos. Las personas con discapacidad y sus familias no pueden organizar su vida alrededor de promesas sujetas a la disponibilidad ocasional de fondos.
En todos estos casos, el interrogante es el mismo: ¿cómo se garantiza el derecho a la salud, a la educación y a una vida digna si el objetivo central del presupuesto es achicar el gasto, incluso cuando las necesidades sociales siguen presentes?
A este cuadro se suma otro problema: las variables económicas sobre las que se construye el Presupuesto 2027 resultan difíciles de sostener.
El Ejecutivo proyecta para el año próximo una inflación del 18%, un crecimiento del PBI del 4%, una mejora de la inversión del 9,2% y un aumento del salario medio del 25,4%. También estima un dólar a $1.847. Son previsiones que permiten presentar un escenario de recuperación económica, pero que deben ser evaluadas a la luz de los resultados recientes y de las condiciones que el propio programa económico genera.
El antecedente inmediato es elocuente. Para 2026, el Gobierno había proyectado una inflación del 10,1%, pero ahora se calcula que llegará al 30%, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. También había previsto un crecimiento de la inversión del 9,4%, mientras que la estimación actual apunta a una caída del 2,1%. Después de semejante diferencia entre lo esperado y lo que finalmente se calcula, resulta difícil aceptar sin cuestionamientos las nuevas proyecciones.
Todo el proyecto es un dibujo, números de fantasía: un presupuesto electoralista que no se va a cumplir. La observación no se limita a discutir si una cifra puede desviarse algunos puntos. Lo que está en juego es la credibilidad de todo el esquema: si los ingresos, los precios y la actividad económica evolucionan de una manera distinta de la prevista, también se modifican las posibilidades reales de financiar los compromisos anunciados.
Además hay un problema adicional. El superávit fiscal aparece como un objetivo inalterable, incluso si la recaudación no alcanza lo esperado. En ese escenario, las partidas aprobadas por el Congreso pueden funcionar como techos y no como garantías de ejecución. Es decir, que contar con una partida presupuestaria no asegura necesariamente que los recursos vayan a utilizarse en su totalidad.
Así, el ajuste deja de ser una decisión excepcional y pasa a funcionar como un mecanismo permanente. Si los ingresos caen, se recorta el gasto. Si esos recortes debilitan la actividad económica, también pueden reducir el consumo y la recaudación. Y si el Gobierno mantiene como intocable la meta fiscal, vuelve a necesitar nuevos recortes para compensar la diferencia.
Se configura entonces un círculo difícil de romper: el ajuste contrae la demanda, la actividad pierde impulso, la recaudación se debilita y el Gobierno vuelve a ajustar. Mientras tanto, se resignan recursos de sectores con mayor capacidad contributiva. Los gastos tributarios, según el proyecto, equivalen al 3,67% del PBI, al tiempo que continúa reduciéndose el peso de Bienes Personales.
No podemos dejar de preguntarnos por qué el esfuerzo fiscal recae una y otra vez sobre los servicios públicos y las necesidades sociales, mientras no se revisa integralmente la distribución de las cargas tributarias.
Por eso, frente al Presupuesto 2027, necesitamos discutir no solamente cuánto se gasta, sino también para qué se gasta, quiénes aportan los recursos y quiénes reciben sus beneficios. El superávit no puede ser un fin en sí mismo ni una excusa para convertir el ajuste en una política permanente.
Un presupuesto que promete recuperación, pero reduce el margen de acción del Estado y se apoya en supuestos frágiles, difícilmente ofrezca las certezas que anuncia. Y si sus proyecciones vuelven a fallar, no serán los números los que paguen las consecuencias: serán los trabajadores, los jubilados y los sectores que más necesitan de las políticas públicas.
