El Presupuesto 2027 permite ver la película completa de los cuatro años y revela la consolidación de un ajuste brutal y regresivo. Mirado como una foto, en cambio, es una fantasía: proyecta un crecimiento del gasto sobre una suba ficticia de la recaudación, sostenida por proyecciones macroeconómicos que, como pasó con los últimos dos presupuestos presentados porJavier Milei, no se cumplirán. Cuando la recaudación no llegue, la propia regla fiscal del Gobierno -procíclica y mal diseñada- impondrá otra ronda de recortes.
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En www.presupuestointeractivo.com, herramienta elaborada por el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), se puede ver función por función y programa por programa dónde recae el ajuste del gobierno de Milei, dando cuenta de que el ajuste no lo paga la casta. Aun tomando como válidas las proyecciones oficiales para 2027, el gasto total de la administración nacional será un 26,7% menor en términos reales que en 2023.
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La política habitacional prácticamente desaparece: las partidas para vivienda y urbanismo caen un 98,9%, mientras que la integración sociourbana, en un país con un déficit habitacional de seis millones de hogares y más de 6.500 barrios populares, sufre un recorte del 99,3%. A su vez, los fondos destinados a agua potable y alcantarillado se reducen un 93%, los de transporte un 62% y las transferencias a las provincias un 83%. Las áreas clave para el desarrollo humano tampoco escapan a esta tendencia: educación y cultura registra una caída del 44%, ciencia y tecnología del 38%, universidades nacionales del 25% y becas Progresar del 77%. Por último, los jubilados que cobran la mínima sufrirán una pérdida adicional: el bono, congelado desde 2024, acumula una reducción del 61% en términos reales respecto de 2023.
En la foto, cuando se compara el proyecto de Presupuesto 2027 contra el crédito vigente 2026, es cierto que varias funciones suben, pero más que una foto es un dibujo. El proyecto 2026 establecía que este año el gasto subiría 7% y las jubilaciones 8%. También decía qué lo peor había pasado. Hoy el gasto está en 0% y las jubilaciones cayeron 10%. La inflación presupuestada era del 10% anual, pero estamos en torno al 33% interanual. La recaudación cae en términos reales y la regla fiscal obliga a ajustar de nuevo. Estamos en un círculo vicioso de ajuste permanente donde la caída de la recaudación y del gasto se retroalimentan, en el marco de una economía estancada.
Un presupuesto que vuelve a dibujar la realidad
El proyecto 2027 repite el mecanismo. Proyecta un crecimiento del 3% este año y del 4% el próximo, con la inversión subiendo 9,2%. Nada lo respalda: el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registra una caída acumulada de 1,1% desde que comenzó el año. En tanto, ningún driver interno de la actividad permite avizorar una reactivación (salarios reales estancados, empleo formal a la baja, crédito frenado y gasto público en retracción), mientras que las exportaciones no son suficientes para motorizar la economía.
Todo en un año electoral donde las tensiones financieras afloran, máxime cuando ya en 2026 la dolarización de carteras superó los u$s 16.000 millones solo en el primer semestre y el tipo de cambio real se ubica en mínimos históricos. En cuanto a la inflación, se proyecta 18% para 2027, superior incluso a lo que el presupuesto anterior esperaba para 2026, y muy lejos de la inflación cero que Milei aseguraba para esta época. Subestimar la inflación antes servía para expandir el gasto de manera discrecional, pero ahora sirve para licuar partidas y justificar el próximo recorte.
PRESUPUESTO 2027: LA ELIMINACIÓN TOTAL DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA
El proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno esta semana profundiza el desmantelamiento de políticas públicas que garantizan derechos básicos como el de la vivienda.
Una recaudación sostenida sobre supuestos difíciles de explicar
Del lado de los ingresos, el dibujo es aún más evidente. La recaudación crece no solo en términos reales (+9% los ingresos impositivos) sino como porcentaje del PBI, sobre todo por IVA y Ganancias, algo que no se logra explicar. Y debe además sobrecompensar el costo del RIGI, que no aparece en la planilla de gastos tributarios. Con los 23 proyectos ya aprobados, el costo fiscal anual se estima en torno a los u$s 3.000 millones. A eso se suman nuevas exenciones impositivas para los concesionarios de rutas.
El dibujo sigue, las contribuciones patronales se calculan con un empleo registrado en alza, cuando en el último año se perdieron 126 mil puestos de trabajo registrados privados. Es relevante porque si la recaudación no llega, la regla fiscal impone nuevos recortes.
Por otro lado, el articulado desarma el núcleo de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), sancionada por el Congreso y todavía incumplida: vuelve al criterio médico de "invalidez laboral", endurece la incompatibilidad con el trabajo formal y elimina el arancel único, con un solo objetivo, achicar el universo de personas a las que el Estado asiste. Entre otros artículos destacados, también elimina la movilidad de las asignaciones familiares y quita una asignación específica vigente desde 2002 destinada al INTA, INTI y SENASA.
Se nos dijo que el ajuste lo pagaría la casta y que era el precio para mejorar después. Cuatro presupuestos después, la casta está intacta, la prosperidad no llegó y a las mayorías se les sigue ajustando. Por eso no sorprende que el ministro Caputo por cuarto año consecutivo no se anime a venir al Congreso a explicarlo. El dibujo del Presupuesto 2027 no alcanza para tapar una política de ajuste permanente sobre la mayoría de la población y sobre las herramientas necesarias para el desarrollo de la Argentina.
