El proyecto oficial profundiza el ajuste sobre el empleo, la educación y la salud. A su vez, favorece a los sectores concentrados. El debate que se viene.
Un presupuesto público nunca es solo una fría planilla de Excel. Es, fundamentalmente, la declaración política más honesta de un gobierno: el reflejo de qué país se quiere construir, qué derechos se van a garantizar y a quiénes se destinarán más recursos para sostener los pilares fundamentales de una Nación.
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso expone de manera brutal la necesidad que tiene, desde su llegada al poder, de destruir al país.
Desde mi lugar, prefiero mantener la memoria sobre lo que pudimos hacer en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En esos años, demostramos que el Estado puede y debe ser un motor de movilidad social ascendente, inclusión y soberanía a través de la obra pública, la expansión universitaria, el Conicet y el fortalecimiento previsional.
Lo que proponen Milei y sus ministros, además de reducir la gestión nacional a una simple grilla o variable contable donde el único norte es el superávit, sin importar el costo humano, es romper lo que tanto nos ha costado conseguir: el reconocimiento internacional por nuestra educación, los premios recibidos por nuestros científicos e investigadores y las políticas sociales que beneficiaron al pueblo.
La realidad social de la Argentina actual no resiste más maquillaje macroeconómico. Desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, el entramado productivo sangra: se perdieron más de 370.000 empleos registrados y cerraron más de 32.000 empresas, comercios y PyMEs. Con una informalidad que ya trepa al 45% y un salario mínimo de $383.000 frente a una canasta básica familiar que supera los $1.632.000, la brecha es una fosa insondable. ¿Cuál es la respuesta del Presupuesto 2027 para reactivar la industria o recomponer los ingresos? Ninguna. Al contrario, se limita a proyectar un tibio aumento en el seguro de desempleo, asumiendo la crisis como un dato permanente y no como un problema a resolver.
El desfinanciamiento en las áreas estratégicas del desarrollo es un tiro en el pie al futuro de la Nación. La inversión en Educación y Cultura sufrirá una caída real del 51% respecto de 2023, haciendo retroceder el presupuesto educativo del 6,1% del PBI que supimos tener en 2015 a un famélico 0,79% para 2027. El recorte del 80% en las Becas Progresar y la parálisis de la ciencia y tecnología, con pérdidas del 46,2% que asfixian al CONICET, INTA e INTI, demuestran que, para este gobierno, el conocimiento y la soberanía científica son gastos prescindibles.
La crueldad del ajuste se vuelve física cuando miramos la salud y la previsión social. Los tratamientos de medicamentos gratuitos distribuidos caerán un 81,3%, pasando de casi 30 millones en 2023 a apenas 5,6 millones previstos para 2027. A esto se le suman restricciones que golpean directamente al Hospital Garrahan, a los pacientes trasplantados y un alarmante dictamen de emergencia en discapacidad que disfraza nuevos recortes. En paralelo, los jubilados siguen atrapados en un bono de $70.000 congelado que se licúa con la inflación, mientras el oficialismo pretende derogar las garantías legales de movilidad de las asignaciones familiares (Ley 27.160), poniendo en riesgo el poder de compra de la AUH y de millones de familias.
El abandono federal es otra de las alarmas encendidas. Con transferencias corrientes a las provincias un 86% inferiores a las de 2023 y un desplome del 99,3% en vivienda y urbanismo, las rutas intransitables y las obras hídricas paralizadas no son preocupaciones técnicas: son pueblos desconectados, economías regionales ahogadas y oportunidades perdidas.
Para colmo, el relato del equilibrio fiscal se desmorona en sus propios papeles: el proyecto contempla un aumento neto de la deuda pública cercano al 1,2% del PBI. La matriz tributaria que diseñan es profundamente regresiva: mientras se aliviana la carga de Bienes Personales y se tejen beneficios fiscales para las grandes corporaciones, se asfixia el bolsillo popular proyectando que la recaudación de IVA, Ganancias y el Impuesto a los Combustibles aumente por encima de la inflación. Nuevamente, la pregunta de fondo es: ¿quién hace el sacrificio y quién se queda con los beneficios?
Nadie con responsabilidad política niega la importancia de la estabilidad económica y de administrar con eficiencia los recursos públicos. Pero las cuentas ordenadas no sirven en un país desierto, sin industrias, sin educación pública y con una salud raquítica.
El Estado debe recuperar su rol como herramienta de justicia social, soberanía e integración territorial. La discusión que se viene en el Congreso de la Nación frente al Presupuesto 2027 no es un debate técnico de números; es la defensa de la vida digna de nuestro pueblo y del futuro de la Argentina.
