Presupuesto 2027: Javier Milei quiere profundizar la motosierra sobre el INTA
Los recursos caerían un 27% en relación con 2026. Unas 1800 personas menos en la plantilla. Un artículo del proyecto amenaza una fuente propia de ingresos.
Presupuesto 2027: el INTA pierde fondos y Javier Milei avanza sobre su financiamiento
El Presupuesto 2027 profundiza el ajuste sobre el INTA y vuelve a poner bajo presión a uno de los principales organismos de investigación agropecuaria. El proyecto de Javier Milei prevé menos recursos para el instituto y modifica una fuente de financiamiento propia, mientras el organismo llega al cierre de la gestión libertaria con casi 1800 personas menos en la plantilla.
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Con la última tanda de retiros voluntarios consumada en junio, de casi 900 nuevas adhesiones, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya tiene un tercio menos del personal que tenía hace dos años y medio. Y el proyecto elevado por el Gobierno al Congreso no mejora el panorama: tendrá incluso menos presupuesto que en 2026, afrontará caídas considerables en sus programas específicos y podría perder el principal mecanismo que lo dotaba de recursos y autonomía.
Un presupuesto “flaco”
Para 2027, se le asignará al INTA un total de $315.538 millones, una cifra que es nominalmente más baja que la del 2026 -cuyo presupuesto estimado fue de $360.000 millones- y que consuma el recorte que afronta desde 2024.
El Presupuesto 2027 profundiza el ajuste sobre el INTA.
Con esas cifras, encabeza el podio de los perdedores entre los organismos descentralizados que tiene a su cargo el Ministerio de Economía: sus recursos caerán en casi $45.000 millones respecto a este año, lo que significa un 12% menos en términos nominales y una pérdida de más del 27% si se tiene en cuenta la inflación proyectada.
Desde 2023, el organismo perdió un 50% de presupuesto en términos reales.
De acuerdo con los registros que consigna el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), para 2027 el INTA habrá perdido un 49,8% en términos reales respecto a 2023, lo que equivale a que al final del mandato de Milei el poder de compra de su presupuesto terminará siendo apenas la mitad que el de 2023.
El impacto en la investigación
Desde que fue fundado en 1956, el INTA sostiene una red de agencias, estaciones experimentales, laboratorios y una planta de profesionales de todas las áreas destinados a impulsar la investigación sectorial, la transferencia de tecnología y la implementación de las políticas públicas. Tanto para la agricultura extensiva, como para las economías regionales o la ganadería que se sostiene en los puntos más recónditos del país.
El recorte presupuestario alcanza directamente a esas funciones científicas y territoriales, y el desglose de sus partidas lo muestra con claridad. Para 2027, el programa de Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural (AITTE), el más importante del organismo, percibirá $238.027 millones, la mitad en términos reales que en 2023 y un 14,9% menos que en 2026.
El Presupuesto proyecta recortes en todos los programas del INTA.
La tendencia se sostiene en el caso del programa de Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas (IFIT), que recibirá $51.856 millones, un 52% menos que en 2023 y un 18,3% por debajo al año actual. Lo destinado a “actividades centrales”, por su parte, será $25.655 millones, un tercio menos respecto a 2023 y 2026.
Asimismo, del total del gasto previsto, una mayoría será para el pago de sueldos: $274.142 millones, casi un 87% del total, se reserva en concepto de “personal” y apenas un 1,3% será para invertir en bienes de capital.
Desde 2023, unos 1800 trabajadores abandonaron el instituto.
El anexo incluye otro contraste, porque proyecta ingresos por $546.874 millones para el INTA, pero los gastos no alcanzan al 60% de ese total. La diferencia es de unos $231.337 millones y figura como “inversión financiera”, por lo que hay recursos de sobra que se van a volcar en instrumentos económicos.
El artículo sensible
Además de una nueva reducción de sus partidas, el Presupuesto 2027 incluye una novedad para el caso del organismo científico. En su artículo 21, dentro del capítulo 3, propone derogar el inciso a) del artículo 16 del Decreto-Ley 21.680 de 1956, lo que significa que se planea eliminar la principal fuente que alimentaba de recursos al INTA.
Originalmente, el instituto se financiaba con una contribución del 1,5% sobre las exportaciones agropecuarias. A partir del 2002, la ley 25.641 de 2002 modificó ese esquema y, a través de ese inciso específico, dispuso una asignación equivalente al 0,5% del valor CIF de las importaciones, es decir, el valor de las mercaderías más el seguro y el flete. El esquema fue luego modificado y actualmente prevé una asignación del 0,45%.
Advierten por las bajas sensibles en la planta de trabajadores.
Aunque no deja al INTA automáticamente sin recursos, la eliminación de ese inciso le quita la fuente legal que asegura su autarquía, una atribución que le permite administrar sus recursos dentro de lo dispuesto por el Presupuesto. Además, sin un mecanismo sustituto, su financiamiento quedaría sujeto aún más a las decisiones del Gobierno y del Congreso.
Crónica de un desfinanciamiento anunciado
A la venta de tierras e inmuebles en todo el país y el cierre de varias de las Agencias de Extensión Rural con las que cuenta el organismo, este año se sumó la profundización de la sangría de personal. Contando el último retiro voluntario, fuentes de la Dirección Nacional del INTA estiman que ya se fueron unos 1800 personas, un tercio de la planta que había hasta 2023.
Desde dentro del organismo advierten que la falta de personal ha dejado acéfalos a varios de sus centros regionales, ha paralizado laboratorios especializados, y empieza a afectar programas muy necesarios para el extensionismo rural. Pero el ajuste no se ha corrido ni una coma de los planes previstos inicialmente.
El silencio de las entidades del campo
Es llamativo el silencio de la Mesa de enlace, que finalmente decidió plegarse al proyecto oficialista y ya no reclama por el desguace del INTA. De hecho, las entidades del agro cuentan con sus propios representantes dentro del Consejo Directivo del instituto, y por ende fueron parte de las últimas decisiones tomadas.
En la elección de esas sillas fue indispensable la Secretaría de Agricultura, que demoró nombramientos de los consejeros en contra del ajuste y mantuvo a raya las posiciones más combativas, como las de la Federación Agraria.
Puertas afuera, la dirigencia sectorial abandonó esa agenda, y por eso nadie alza la voz por un INTA que tendrá un presupuesto aún más diezmado por delante.