El clima social de Concordia en los años previos al golpe anticipó el impacto en Entre Ríos del gobierno de facto, que dejó 302 personas desaparecidas.
La dictadura militar en la costa entrerriana del Río Uruguay
Hace 50 años, se resquebrajaba en Argentina el Estado de Derecho. Las consecuencias de la dictadura militar fueron duras marcas de dolor que aún persisten en nuestra sociedad y que nos obligan a defender el orden constitucional. Entre Ríos registra 302 víctimas desaparecidas.
En su mayoría se trata de personas que fueron ilegalmente detenidas fuera de la provincia, en centros urbanos de mayor concentración poblacional, aunque son 25 las personas secuestradas y desaparecidas dentro de nuestras ciudades.
El clima social de Concordia en los años previos al golpe militar anticipó lo que sería el paso de la dictadura por la costa del río Uruguay. Las primeras víctimas concordienses de la violencia estatal fueron Alfredo Elías Kohon, asesinado en la masacre de Trelew, y Alberto Camps, uno de los tres fusilados que sobrevivieron a esa masacre de 1972.
Dos años después, se inició en Concordia una etapa represiva vinculada inicialmente con el accionar de la Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A. Entre los meses de octubre y noviembre de 1974, 64 personas recibieron amenazas de muerte por correo firmadas por esa organización paraestatal,
Ese mismo año, en Tucumán fue secuestrado, llevado al centro clandestino La Escuelita de Famaillá y posteriormente desaparecido Jorge Oscar Kofman, y al año siguiente, para inhibir los reclamos sindicales, fueron apresados varios dirigentes de la represa de Salto Grande, entre ellos Amilcar Reali (del Sindicato de Municipales) y Marcelo Fischer (de Empleados de Comercio). Estas detenciones habían sido precedidas por atentados con bombas contra la UOCRA y contra otros domicilios vinculados al movimiento obrero.
El 24 de marzo de 1976 inauguró una etapa de violencia represiva en todo el país. Ese día hubo una ola de detenciones ilegales en Concordia, en Federación y en varias ciudades de la provincia, que serían la antesala de distintas desapariciones. Durante el terrorismo de Estado, en Concordia fueron secuestrados Mario Sánchez, Jorge Papetti, Julio Solaga y Sixto Salazar, y en Gualeguaychú Noni González y Oscar de Zorzi. Todos permanecen desaparecidos.
En el caso de Federación, las víctimas fueron trasladadas al Regimiento de Concordia y luego a la Unidad Penal de Concepción del Uruguay. Entre el grupo de detenidos se encontraba el responsable del Sindicato de la Madera, un grupo de músicos afectos a las zambas de Alfredo Zitarroza, otro de militantes del peronismo y un grupo de docentes que colaboraban con las Ligas Agrarias.
A su vez, en Concepción del Uruguay se produjo el secuestro, el 19 de julio de 1976, de cuatro jóvenes de 17 y 18 años que integraban la UES de la ciudad. Las víctimas fueron llevadas al centro clandestino de detención de la delegación de la Policía Federal, donde fueron torturadas. Los represores buscaban un mimeógrafo usado por los estudiantes para realizar volantes contra la dictadura.
En Gualeguaychú, muchos jóvenes se concentraron alrededor de “La Casa de la Juventud”, tal como sucedió en Concordia alrededor de la Gruta de Lourdes, a cargo del sacerdote Andrés Servin. Lo cierto es muchos de los jóvenes que participaron de aquel proyecto parroquial, luego integraron proyectos políticos y fueron desaparecidos en localidades fuera de Entre Ríos.
El sur entrerriano, en especial Villa Paranacito, fue un territorio utilizado por las fuerzas represivas para ejecutar lo que fue “la solución final”: los vuelos de la muerte, ese método de exterminio de personas tan macabro como eficaz, ya que son escasas las victimas cuyos cuerpos pudieron ser identificados. Se arrojaban personas adormecidas a las aguas del Rio Paraná, desde aviones o helicópteros, para que el río ocultara sus cuerpos y los crímenes.
Recordar estos hechos tiene un sentido dirigido a reconstruir el pasado. Es preciso reconocer el paso de la violencia represiva también en las ciudades de la costa del Rio Uruguay. Se trata de indagar nuestra historia para que no se repliquen delitos contra la humanidad, porque las masacres, lo ha demostrado la historia universal, dejan solo dolor, heridas abiertas y, también, instituciones debilitadas. El Juicio a las Juntas Militares y los juicios de lesa humanidad, como el desarrollado en Entre Ríos, denominado Megacausa Harguindeguy, han contribuido al repudio de la cultura autoritaria y al afianzamiento de los valores democráticos en la República Argentina.
Sin embargo, durante los últimos años se han impulsado discursos negacionistas, que pretenden refutar la existencia y ejecución del plan represivo. De forma paralela a tales mecanismos, existe otro uso de la historia que puede llamarse relativización, que tiende a disminuir la gravedad del terrorismo de Estado, al ubicarlo en una serie narrativa que lo normaliza o banaliza. A su vez, el surgimiento a nivel planetario de nuevas derechas potentes, radicales y combativas ha dado origen a casos de reivindicación abierta de los horrores del pasado.
Frente a ese escenario, es preciso recordar que el terrorismo de Estado fue desplegado desde el Estado nacional, al margen de toda ley: fue el propio poder estatal quien decidió que en lugar de juicios hubiera ejecuciones ilegales, que operaron como penas subterráneas, decididas sin ninguna intervención judicial.
Por eso, relativizar o negar los crímenes de lesa humanidad implica desconocer el Estado de Derecho o, dicho de otro modo, significa consentir que el Estado tenga licencia para matar, lo que contraría groseramente el espíritu de nuestra Constitución Nacional. Por esa razón, cuando el Fiscal Julio Strassera pronunció la frase “Nunca Mas” en el Juicio a las Juntas Militares, nos dio a los argentinos el inmenso mandato de defender el orden constitucional y asegurar la defensa de la democracia. Nunca más.