Muchas de ellas ni siquiera se conocían. Armaron un grupo de WhatsApp para la ocasión (“Organización Fiscalas”) y empezaron a intercambiar opiniones hasta llegar a consolidar un documento común. El propósito era plantear solamente temas vinculados con la agenda de género y dejar por escrito algunas propuestas. Las 13 fiscalas que el 12 de abril se reunieron con el ministro de Justicia Martín Soria quedaron atrapadas en una disputa que, como ocurre muy habitualmente, terminó por dejar en último plano el motivo del encuentro: la necesidad de incorporar la perspectiva de género a la reforma del Ministerio Público Fiscal, una institución en la que, de 269 fiscales, sólo 71 son mujeres.
Luego de que se hiciera pública la reunión, la exministra de Seguridad y titular del PRO Patricia Bullrich y su asesora estrella, Florencia Arietto, enviaron un correo electrónico a la Procuración denunciando que las fiscalas habían intentado arrogarse la representación del Ministerio Público al entrevistarse con Soria y, aunque el procurador interino, Eduardo Casal, desestimó la demanda de sanciones, les hizo una reprimenda pública y les indicó que debían canalizar cualquier inquietud mediante las vías institucionales. Una vez al año, el Ministerio Público Fiscal hace un informe de gestión en el que sus integrantes plantean reformas legislativas. Esa sería la vía institucional, según Casal, para plantear las inquietudes de una agenda urgente. “Nadie lo lee”, le aclaró una de las participantes del encuentro a Letra P.
Las fiscalas le respondieron a Casal en un comunicado en el que recordaron que Soria no sólo se reunió con ellas sino que mantuvo encuentros con Carlos Rívolo y Susana Pernas, de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), y con representantes de la Asociación de Magistrados. “La única diferencia entre los tres eventos fue que la reunión protagonizada por mujeres tuvo por finalidad conversar sobre una agenda de género en la Justicia y fue la única respecto de la cual se entendió que podía resultar equívoca en términos institucionales”, sostienen en el comunicado.
Quiénes son
Las fiscalas que estuvieron presencialmente en la reunión fueron Gabriela Baigún, Mariela Labozzetta, Mónica Cuñarro, Laura Belloqui y Cinthia Oberlander y, de manera remota, participaron Ana Russo (Buenos Aires), Indiana Garzón (Santiago del Estero), Virginia Miguel Carmona (La Rioja), María Hermida (Tierra del Fuego), Iara Silvestre (La Pampa), Cecilia Mc Intosh (Pehuajó), Josefina Minatta (Entre Ríos) y Maria Schianni (Córdoba). Muchas de ellas son jóvenes y no llevan muchos años en el Ministerio Público. De hecho, la mayoría tiene perfil bajo y prefiere no levantarlo.
Baigún es titular de la Fiscalía General N°3 e intervino, entre otros juicios, en el de Ricardo Jaime por defraudación en el Belgrano Cargas y fue quien en diciembre de 2018 solicitó que se condenara al expresidente Carlos Saúl Menem y al exministro de Economía Domingo Cavallo por haber intervenido en la venta ilegal del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina (SRA). Además, pidió que el predio de Palermo fuera restituido al Estado nacional. La fiscala es de las que acredita mayor antigüedad en el Ministerio Público y quien habló primera durante el encuentro con el ministro Soria.
Labozzetta tiene un perfil más alto y está a cargo de la UFEM, la unidad fiscal de violencia contra las mujeres creada por la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, a la luz del Ni Una Menos en 2015. Reconocida por sus pares y por las activistas feministas, tomó la palabra en segundo lugar y luego se abrió el juego para las colegas de otros lugares del país.
Aunque de perfiles menos conocidos, todas tuvieron en sus manos causas resonantes. La fiscal general de La Rioja Virginia Miguel Carmona fue quien acusó a César Milani por asociación ilícita y por los delitos perpetrados contra un hombre y su hijo, ambos víctimas de secuestro y torturas en marzo de 1977 en la capital riojana, cuando el exjefe del Ejército era subteniente del Batallón de Ingenieros de Construcción 141 de esa provincia.
Garzón, cuyo nombre suena, junto con el de Daniel Rafecas, para reemplazar al actual procurador interino, tiene amplia experiencia en causas sobre delitos de lesa humanidad y es fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Santiago del Estero. Participó activamente en uno de los juicios por violaciones a los derechos humanos que llevó a la cárcel al exrrepresor y jefe de Inteligencia de Carlos Juárez, Musa Azar, y también actuó en la causa que terminó con Mercedes "Nina" de Juárez, exgobernadora y esposa del caudillo, en la cárcel.
Con esos currículums fueron todas al encuentro del ministro sin sospechar que la reunión cobraría estado público no por la demanda de incluir la perspectiva de género en la reforma sino por el “tirón de orejas” de Casal, como lo denominó Baigún.
El documento presentado el 12 de abril plantea la incorporación de la perspectiva de género en la reforma del MPF en dos niveles: el primero, la necesidad de mejorar la respuesta del organismo frente a las violencias por razones de género y, el segundo, la garantía de mecanismos para promover la igualdad entre los géneros para el acceso a cargos de magistratura y a espacios estratégicos de decisión, “erradicar los estereotipos y discriminación por razones de género y asegurar un ámbito funcional libre de violencias”.
"El Ministerio Público Fiscal tiene el menor porcentaje de mujeres que llegan a cargos altos y es aún menor en caso de fiscalas generalas", dijo Soria este lunes en un plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y agregó, para ilustrar: "En el MPF no hay un techo de cristal, hay un techo de cemento". Quizá leyó el documento de la Organización Fiscalas.
