La mayoría que tiene el oficialismo en la comisión de Juicio Político se hará valer este jueves en la tercera reunión del organismo de la Cámara de Diputados que comenzó funcionar hace 20 días: desde entonces tramita 14 denuncias contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que ha recibido y ahora deberá definir cuáles serán admitidas para iniciar la segunda etapa del proceso con la construcción de la prueba para sustentar la acusación que buscarán llevar al recinto. El Frente de Todos podría contar con una pequeña ayuda opositora.
Mientras avanza ese proceso, el oficialismo volverá a intentar que el recinto sesione durante el período de extraordinarias que concluye dentro de 20 días. En el bloque dicen que retomaron los sondeos con todos los sectores de la oposición para avanzar con una sesión que trate temas postergados desde diciembre, como la nueva moratoria previsional que posibilitaría la jubilación de 800.000 personas que no tienen los aportes suficientes para hacerlo y con esta norma podrían comprar los años que les faltan. En el FdT hablan del próximo 15 como una fecha posible, pero la posición de Juntos por el Cambio no ha cambiado: no aportarán el cuórum a ningún proyecto mientras siga el proceso contra la Corte. O es un nuevo amague para responsabilizar a JxC de la parálisis del Congreso o se abrió un puente con los demás sectores opositores que dieron cuórum durante 90 minutos en la segunda sesión fallida del 1° de diciembre pasado.
El cronograma de trabajo de la comisión que preside Carolina Gaillard todavía no tiene un horizonte concreto de finalización y podría extenderse más allá de marzo. Algunos legisladores quieren que termine pronto y no pase de los próximos 60 días, pero otros aseguran que "durará lo que tenga que durar". La semana pasada expusieron 11 de los 14 denunciantes ante la comisión. Este jueves recién termina la primera etapa formal que implicó la activación de la comisión, la lectura y el análisis de las denuncias recibidas. Se definirá cuáles son las que reúnen los requisitos suficientes para pasar a la segunda fase. En el oficialismo confiaron a Letra P que podrían ser incluidos en un informe de "admisibilidad" casi todas las denuncias, salvo las de algunos particulares. Uno de los admitidos será el pedido de juicio político presentado por la Coalición Cívica contra el extitular de la Corte Ricardo Lorenzetti.
Esa acusación, iniciada en 2017 por la entonces diputada Elisa Carrió y luego ampliada por Paula Olivetto y Juan Manuel López, titular del bloque, apunta a la poca información disponible sobre el patrimonio del cortesano y el mecanismo que impuso para conocer las declaraciones juradas patrimoniales. También recuerdan su rol como “gerenciador del PAMI” durante el gobierno de Carlos Menem y “el hostigamiento a la Asociación Médica del Departamento de Castellanos” que derivó en su vaciamiento, pero con Lorenzetti como uno de los presuntos beneficiarios de la operación.
En ese pedido late una de las controversias internas para la reunión de este jueves y también para las próximas semanas. El oficialismo se prepara para firmar una sola resolución que defina la admisibilidad de los pedidos. La CC esperaba que hubiera resoluciones por separado para diferenciarse. No sucederá y el FdT incluirá el texto opositor para impulsar la investigación y avanzar en el dictamen final. La semana pasada, el titular del bloque dijo en la comisión: "La presentación del pedido de juicio político es una acción válida y constitucional, pero nuestras diferencias con el bloque del FdT son enormes. Por eso vamos a seguir sosteniendo el juicio político a Lorenzetti, pero no vamos a ir contra una Corte entera para presionar".
El tema todavía no está saldado en el espacio que preside López. Tendrían una reunión antes del tercer round de este jueves y eso genera incógnitas en el PRO y la UCR. Los tres bloques tienen 14 de los 31 integrantes del organismo. El dirigente lilito también es el vicepresidente de la Comisión y apoyaría su proyecto para que sea admitido. Sin embargo, en las próximas semanas se negará a firmar un dictamen acusatorio contra todo el máximo tribunal. El oficialismo buscará explotar ese punto y exhibirlo como una contradicción de JxC. En el conglomerado opositor todavía no hay una posición común al respecto, pero López ya dijo que no retirarán la presentación.
Entre los pedidos que podrían ser admitidos está el que presentó la diputada Vanesa Siley contra el extitular del máximo tribunal, Carlos Rozenkrantz, a quien acusó, entre otros incumplimiento, su rol en fallos que beneficiaron al represor Luis Muiña. Se sumarán los que impulsan otros legisladores y legisladoras del FdT por la decisión de la Corte para restituir una ley derogada por el Congreso y recuperar la presidencia del Consejo de la Magistratura. Hay otra por mala administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, a partir de las irregularidades que detectaron las auditorías internas realizadas durante una década y también avanzarán otros dos planteos. Uno es impulsado por la exdetenida desaparecida Patricia Isasa. Acusó al actual titular de la Corte, Horacio Rossatti de haber protegido a su secuestrador, Eduardo Ramos Campagnolo, cuando el cortesano fue intendente de Santa Fe entre 1995 y 1999.
También será admitida la acusación contra Rossatti impulsada por el abogado, periodista e investigador Pablo Llonto. Denunció que el titular del máximo tribunal desactivó la Comisión Interpoderes, que funcionaba dentro de la Corte para motorizar los juicios por delitos de lesa humanidad.
