La comisión de juicio político de la Cámara de Diputados tendrá su segundo round. Con asistencia perfecta, continuará con el tratamiento de los 14 proyectos presentados para destituir a los miembros de la Suprema Corte por mal desempeño en sus funciones. Este jueves expondrán los autores de cada uno de los pedidos que ingresaron. Hasta ahora hay 11 confirmados. Podrán defender sus denuncias durante 15 minutos. Luego podrán responder las preguntas de sus integrantes: es el pasaporte seguro para otro duro debate entre los miembros oficialistas y opositores, que podría extenderse por cuatro o cinco horas.
La presencia de los autores es parte del cronograma de trabajo que arrancó la semana pasada con la lectura de los pedidos de enjuiciamiento y continuará este jueves con la presencia de los autores. Sin embargo, el debate más importante de la primera etapa se concretará la semana que viene, cuando el proceso lleve 21 días.
Los 31 integrantes debatirán el próximo jueves la “admisibilidad” de las acusaciones para iniciar la etapa de recolección de la prueba. Es la segunda instancia de trabajo para una comisión que tiene amplias facultades. Si bien todavía queda un camino por recorrer, la primera inflexión para que suceda será ese día. Entre los representantes de JxC dan por sentado que el oficialismo hará valer su mayoría propia de 16 miembros para que no haya demoras. No será en silencio, sino en medio de un áspero debate, donde los integrantes opositores no pegarán el portazo de la comisión, pero buscarán rebatir cada una de las argumentaciones que ofrecerán los expositores.
La primera de los 11 autores que harán uso de la palabra será la diputada oficialista Vanesa Siley, que integra el Consejo de la Magistratura y preside la comisión de Legislación del Trabajo. Fue convocada para explicar los detalles del pedido de enjuiciamiento que presentó contra el extitular del máximo tribunal, Carlos Rozenkrantz, a quien acusó por su rol en fallos que beneficiaron al represor Luis Muiña, en otro que favoreció a los empresarios Carlos Blaquier y Alberto Lemos en la causa por el secuestro y privación ilegal de la libertad de 29 trabajadores del ingenio Ledesma durante la última dictadura militar. También incluye la decisión de Rozenkrantz en el fallo “Rufino Batalla”, donde consideró que el “2 por 1” era inaplicable para las condenas por delitos de lesa humanidad.
Luego será el turno de los autores de otro proyecto, pero impulsado desde la oposición, por la Coalición Cívica, contra el cortesano y también extitular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Los encargados de defenderlo serán el presidente del bloque de la CC, Juan Manuel López, que además es el número dos de la comisión de Juicio Político. Lo acompañará Paula Oliveto que amplió la denuncia de 2017, iniciada por Elisa Carrió, y también forma parte de la comisión. La presentación apunta contra el magistrado en distintos aspectos. Su rol como “gerenciador del PAMI” durante el gobierno de Carlos Menem y “el hostigamiento a la Asociación Médica del Departamento de Castellanos” que derivó en su vaciamiento. El foco esta puesto en el patrimonio del cortesano y en el mecanismo que impuso para conocer las declaraciones juradas patrimoniales. “Está preparado deliberadamente para evadir lo dispuesto en la ley de ética en el ejercicio de la función pública y no exhibir el patrimonio”, sostiene la denuncia.
Si bien los autores tenían la posibilidad de no asistir, en la comisión anticiparon a Letra P que la presencia de ambos esta confirmada. López ya avisó que se opone a que ese pedido avance en el contexto de la ofensiva del oficialismo contra la Corte. Es posible que cada uno utilice sus 15 minutos y que este pedido concentre media hora de argumentaciones.
La Asociación Argentina de Juristas hablará sobre el pedido de enjuiciamiento contra los cuatro cortesanos. Las encargadas de hacerlo serán la titular de la ONG, Claudia Rocca y Nora Cortiñas, referente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
El diputado Eduardo Valdés hablará sobre otra iniciativa presentada contra todos los miembros del máximo tribunal, que lleva la firma de 15 miembros del oficialismo. Después expondrán los legisladores Pablo Carro y María Rosa Martínez, que acusan a la Corte por mala administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, a partir de las irregularidades que detectaron las auditorías internas realizadas durante una década. La OSPJN es la única que no tiene controles de la Superintendencias de Servicios de la Salud, sino de la misma Corte.
La Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales enviará a su titular, Federico Méndez, a argumentar a favor del pedido que impulsan contra todos los miembros del tribunal. Luego Ricardo La Grecca defenderá el suyo que también tiene los mismos destinatarios.
La exdetenida desaparecida Patricia Isasa abordará su presentación donde acusa a Rossatti de haber protegido a su secuestrador, Eduardo Ramos Campagnolo, cuando el actual cortesano fue intendente de Santa Fe entre 1995 y 1999. El abogado, periodista e investigador Pablo Llonto también expondrá sobre el pedido que presentó: apunta a Rossatti porque desactivó la Comisión Interpoderes, que funcionaba dentro de la Corte para motorizar los juicios por delitos de lesa humanidad. El particular Diego Sánchez será el último de los once invitados y hablará sobre su pedido que apunta a los cuatro cortesanos.
