Patricia Isasa nunca olvidó la vez que conoció en persona a Horacio Rosatti, por entonces intendente de la ciudad de Santa Fe; pero fue recién, cuando el bloque oficialista en la Cámara de Diputados formalizó el pedido de juicio político contra el actual titular y demás miembros de la Corte Suprema de Justicia, que la mujer tomó impulso para denunciarlo. Isasa, sobreviviente de la última dictadura cívico militar, acusa al cortesano por el encubrimiento a un represor. “Le conté que entre los empleados a su cargo estaba mi secuestrador, mi torturador, mi abusador; y él lo encubrió”, sostuvo, y fundamentó: “Una persona que actuó como Rosatti no puede ser presidente de la Corte Suprema, ni nada más”.
El pedido de juicio político que Isasa presentó el 18 de enero por Mesa de Entradas de la Cámara baja es uno de los 14 que acumuló Rosatti y que comenzaron a evaluarse esta semana. La mujer lo acusa por mal desempeño durante su gestión como jefe comunal de la capital santafesina, y lo señala como una persona “sin idoneidad” para presidir el máximo tribunal: “No está a la altura de un cargo que implica decidir sobre la vida, la libertad y el patrimonio de todos los argentinos”, esgrimió.
Isasa dijo a Letra P que fundamenta su presentación en su “propio testimonio”, el que está acompañado de documentación que certifica que lo que fue a denunciarle en febrero de 1998 al entonces intendente de Santa Fe, y éste hizo caso omiso, hoy está confirmado por la Justicia.
Al poco tiempo de recuperar la libertad, Isasa se fue de Santa Fe, su ciudad natal. Era jovencísima porque, claro, la habían secuestrado siendo una adolescente de 16 años. “Una patota de uniformados del Ejército y la Policía más tipos de civil me arrancaron de mi casa el último día de las vacaciones de invierno, en julio del 76. Me subieron a un auto y me tiraron en la comisaría primera de Santa Fe”, contó. Aquella dependencia policial fue la primera de tres centros clandestinos por donde pasó durante sus dos años y medio de cautiverio.
En esa comisaría santafesina la obligaron a ponerse en cuclillas. Tenía la cara descubierta, por lo que pudo visualizar el lugar, la “enorme cantidad de gente que había” en su misma situación, y ver a sus captores, torturadores, abusadores. Uno de ellos, supo desde aquellos días de cautiverio, era Eduardo Ramos Campagnolo, policía que revestía en el sector de Inteligencia del D2 y hoy está preso por varias condenas en causas por delitos de lesa humanidad. “Una mujer que estaba secuestrada ahí había hecho el secundario con él y lo reconoció, dijo su nombre”, recordó Isasa.
La sobreviviente dejó Santa Fe rumbo a Buenos Aires, donde construyó una vida –que define- “en exilio interno”. Estudió la carrera de Arquitectura, militó en Derechos Humanos, entrelazó vínculos. Hasta que en 1997 su mamá enfermó de cáncer y debió regresar a su ciudad natal para cuidarla.
Un represor reciclado
"Me encuentro con un panorama dantesco. Un secretario de un juzgado que nos tomaba declaraciones bajo torturas durante la dictadura se había convertido en juez federal: Víctor Brusa; y este tipo (Ramos Campagnolo), mi torturador, mi violador, en empleado municipal en el sector de Cultura. El rum rum decía que, en realidad, era el matón del intendente". Entonces, el jefe comunal era Rosatti.
Isasa, sin embargo, le otorgó el beneficio de la duda a Rosatti. “Puede ser que un intendente no conozca al dedillo a todos sus empleados”, intentó autoconvencerse. Decidió ir a verlo. Antes, investigó un poco más sobre Ramos Campagnolo. Supo que el tipo había sido exonerado de la fuerza en plena dictadura, luego de ser condenado por liderar una banda de policías que cometían robos con extremo sadismo, y que se había “reciclado” en la municipalidad de Santa Fe a poco del regreso de la democracia.
La reunión con Rosatti fue en febrero de 1998 en el edificio municipal. “Le llevé toda la información que había encontrado. Todo estaba en los diarios de la época así que seguramente también figuraba en legajos. Le dije que el hecho de que esta persona estuviera empleada en el municipio contradecía las normas, que no era idóneo. Además, le conté mi historia”, aseguró. Isasa le dijo que Ramos Campagnolo había integrado la patota que la había secuestrado, que estuvo en la comisaría donde fue estuvo cautiva en un primer momento y que abusó de ella. “Se lo dije esperando que hiciera algo. Me dijo que no sabía de lo que le contaba y que se iba a ocupar; pero su inacción me confirmó que en realidad sabía todo”, evaluó la sobreviviente.
“Rosatti tenía aspiraciones políticas. Si no sabés de la historia que conté, no las dinamitás para defender a un cuatro de copas. Qué sabe Ramos Campagnolo de Rosatti para que lo haya protegido así”, se preguntó la mujer, y estimó que “el vínculo político” entre el presidente de la Corte Suprema y el represor “se mantiene, porque –argumentó- mientras los genocidas de la provincia cumplen condenas en cárceles de la zona, él está en la cárcel vip de Campo de Mayo”.
Ramos Campagnolo permaneció empleado en Santa Fe hasta 2001, cuando fue detenido por pedido de extradición de España, dado que Isasa lo denunció ante el juez Baltasar Garzón. En 2009 recibió una primera condena por los crímenes de lesa humanidad que la sobreviviente denunció en su contra, y los que perpetró contra decenas de otras personas: 23 años de prisión. Luego vinieron otras. “Rosatti encubrió a un genocida y visto en perspectiva, fue cómplice del genocidio. Eso es lo que no podemos aceptar como sociedad. no puede permanecer más en la Corte”, concluyó.