El choque entre el Frente de Todos y la Corte Suprema tiene componentes reales, que van de la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner al sesgo intrusivo del alto tribunal en las funciones de los otros poderes, pasando –según parecería surgir del CABA-leaks– por posibles relaciones promiscuas con uno de los bandos de la grieta. Sin embargo, llevar ese enfrentamiento al plano de un juicio político fue una decisión, justamente, política, sobre todo cuando sus efectos prácticos parecen inexistentes y el único objetivo es exponer a los magistrados ante la opinión pública. A propósito, ¿escuchará la gente ese tema que podría interesarle solo al Círculo Rojo? ¿Valdrá la pena todo el ruido que se viene?
Si eso, de por sí, amenaza con paralizar al Congreso y esterilizar las sesiones extraordinarias convocadas entre el 23 de enero y el 28 de febrero con una agenda relevante, sorprende el deleite del Gobierno por crearse más escollos. Como si le sobrara talento para la gestión, logros que exhibir y bonanza de la que presumir…
La invitación para que el sindicato de Camioneros y movimientos sociales –por lo pronto, Somos Barrios de Pie– colaboren en el control de los Precios Justos ha creado un tornado en un pocillo.
Pablo Moyano reveló que la iniciativa surgió de la Secretaría de Comercio que lidera Matías Tombolini y del propio ministro de Economía, Sergio Massa. En Economía registraron que el nivel de abastecimiento en las góndolas llegaba solo al 60%, lo que hizo que las empresas proveedoras y los supermercados comenzaran a jugar al Gran Bonete. No sorprende: eso es lo que, más temprano que tarde, ocurre con los esquemas de control de precios, cuya eficacia no suele ir más allá del cortísimo plazo.
“Salían diez camiones con X (cantidad de) productos y en los supermercados solo había dos góndolas con esos productos”, denunció Moyano. “Encanutan la mercadería para luego ir remarcando precios”, amplió.
Los choferes de camiones fueron incorporados informalmente al esquema de control para que den cuenta de lo que sale de las fábricas y de lo que llega a los comercios. El horror cundió entre los supermercadistas y Juntos por el Cambio (JxC) encontró en bandeja de plata una nueva causa para poner su grito institucional en el cielo. ¿Lo que el Gobierno gana en términos de escrutinio vale lo que pierde políticamente?
Como todos los sectores ya actúan solo en términos de show y campaña, JxC se montó sobre el asunto. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó el 911 para que la Policía acuda a los comercios que reciban visitas de sindicalistas o piqueteros y Elisa Carrió anunció una denuncia penal –¿cómo no?– contra Alberto Fernández, Massa y Tombolini. "Están quebrando el Estado de Derecho, incitando a la violencia y creando grupos parapoliciales", aseveró, sin precisar qué delitos cree que se cometen.
El Gobierno ningunea la denuncia y hasta pretende sumar a más sindicatos a la movida, pero el brete que él mismo se ha generado excede lo legal. El hecho de que los camioneros no hayan aparecido donde dijeron que acudirían pareció otra acción de la "Agrupación Política Amague y Recule".
Mañana es hoy
El Frente de Todos se va a jugar demasiadas cosas en los próximos meses. La Presidencia, su posición en el Congreso, su cosecha en gobernaciones y municipios y, en particular, en lo que supone que es su bastión bonaerense. Si la economía lo acompañara un poco, acaso podría dar pelea; si no, su lucha pasaría por la supervivencia. Mientras, el mercado financiero sigue de fiesta, extasiado ante la posibilidad de que el peronismo regrese al llano.
El tema es que el resultado de mañana se juega hoy, en la gestión, cuyo camino es severamente empinado.
La calle amaga todo el tiempo con revolverse, en momentos en que el Gobierno decidió recortar más de 160.000 planes Potenciar Trabajo flojos de papeles para furia de los movimientos sociales.
La inflación es un hueso duro de roer y no todos los sindicatos compran el pedido de Massa de alinear las paritarias con su audaz hipótesis de una inflación del 60%.
Mientras, el número 400 ya no le queda tan holgado al dólar blue y hasta los tipos de cambio negociados en bolsa –legales– toman velocidad.
Como si fuera poco que la gestión camine con los cordones de los zapatos atados entre sí, la interna del Frente de Todos encuentra un nuevo motivo para espiralizarse en los siete años de privación de la libertad que cumplió Milagro Sala. La dirigente social, que el domingo había dicho que cambió de idea y que ahora quiere que Fernández la indulte –una posibilidad legalmente controvertida–, recibió el apoyo de sectores próximos al cristinismo. Animada, Sala le pegó duro al Presidente, quien debe haberse arrepentido de haberla visitado al escuchar que “nos verseó: (su beso en la frente) me parece el beso de Judas".
