ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Los dólares para la energía escasean y la posibilidad de sustituir biodiésel por gasoil importado cerró filas. El Gobierno prorrogó hasta octubre una medida que había nacido como provisoria, el corte obligatorio del 12,5 %. Tras una primera experiencia, se reaviva el lobby.
La medida parecía dejar contento a todo el sector de exportadoras y pequeños productores de biodiésel, pero generó lo contrario. Nuevamente, se planteó la lucha entre las pymes y las grandes empresas. Esta situación reavivó los momentos de tensión que se vivieron durante la discusión de la ley de biocombustibles que se sancionó en 2021. Del 12,5 % se desprende que el 7,5 % les corresponde a las pymes (no es transitorio) y el 5 % a las grandes empresas durante el plazo de 60 días.
Ahora se suma un nuevo precio de los biocombustibles y la modificación del dólar soja. Durante el fin de semana, la Secretaría de Energía firmó dos resoluciones que otorgaron un aumento cercano al 11 % al bioetanol y biodiésel. Parte de ese aumento era un reclamo de las pymes tras vencer el precio fijado para agosto. Sin embargo, el anuncio del dólar soja a 200 pesos genera incertidumbre en las pequeñas y medianas industrias.
En este sector, advirtieron que se debe esperar a ver cómo impacta esta medida en el precio local y conocer la disponibilidad de aceite de soja para saber si el aumento es el adecuado. De lo contrario, pedirán volver a conversar con el área energética.
Las instalaciones pequeñas y medianas señalaron que las petroleras no cumplen con la ley y el cupo. “La que principalmente rompe la regla es YPF”, sostuvo un empresario pyme de la zona núcleo a Letra P.
En este sentido, argumentaron que se les compra por debajo del cupo, mientras que a las grandes les compran lo que corresponde. La decisión de las petroleras pasa por una cuestión de precio, el valor del biodiésel de las pymes lo fija la Secretaría de Energía, mientras que el de las exportadoras es libre, siempre y cuando no esté por encima del gasoil importado.
“Hoy el biodiésel de las grandes exportadoras está más barato que el importado y que el de las pymes. Si vos tenés que comprar un lápiz a $100 o a $90, ¿cuál comprás?”, argumentó una fuente del sector energético a este medio. En esta cruzada de las pymes por hacer valer el cupo del 7,5 %, las empresas pidieron audiencia con la nueva secretaria de Energía, Flavia Royón.
Por el momento, hubo algunos contactos, pero esperan que se los reciba la próxima semana. “Desde que entró estuvo abocada a la segmentación de tarifas, recién ahora está tocando otros temas”, comentaron en el entorno de las pymes.
Las plantas pequeñas y medianas de biodiésel buscan que se cumpla el cupo, pero también que las petroleras no compren más a las agroexportadoras en detrimento de ellas. “Pudimos ver el aumento del cupo en la realidad y vamos a llevar ese reclamo a la Secretaría de Energía, porque si nosotros no estamos entregando el 7,5%, evidentemente no se cumple el cupo”, sostuvo Alejandro Abad, representante de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) a Bichos de Campo. Letra P consultó por este reclamo a la Secretaría de Energía, pero no obtuvo comentarios. Se espera que haya un acercamiento entre Royón y las pymes en los próximos días.
Las grandes exportadoras aprovechan la medida transitoria que les permite vender biodiésel en el mercado interno para volver a discutir la ley de biocombustibles. Argumentan que se puede lograr un precio más barato que el gasoil importado y que la intervención del Estado distorsiona el mercado. “Hay que discutir una nueva ley”, señalaron en el entorno de las grandes industrias.
En este sentido, manifestaron que la ley nivela para abajo y que las petroleras van a comprar basándose en el precio que les convenga. Por su parte, el sector pyme explicó que necesita un mercado especial, porque arranca con la desventaja de tener que comprar el aceite de soja a las agroexportadoras, las mismas que también producen biodiésel.
Este sector, que contó con el apoyo del oficialismo para la ley de 2021, manifestó que debe luchar para que la norma se cumpla. Espera que en las reuniones con Royón se pueda fijar un nuevo precio para los próximos meses y llevarse la garantía de que se controlará el cumplimiento de la norma.
Restan 60 días de vigencia del decreto. Las exportadoras buscarán mantener firme este porcentaje del 5 % y, además, instalar la discusión de una nueva ley. Por su parte, las pymes analizan la mejora en el precio por el dólar soja y que se respete el cupo.