Con 34 presencias propias y tres alianzas, el peronismo logró instalar la sesión especial del Senado que terminó, en la noche de este jueves, aprobando el proyecto de ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros. La bancada de Juntos por el Cambio solo se sentó cuando el oficialismo consiguió el cuórum, momento desde el cual no dejó de denunciar que el proyecto busca darle impunidad a Cristina Fernández de Kirchner.
La reforma del Poder Judicial forma parte del contrato electoral que llevó al poder al Frente de Todos (FdT) en 2019, pero el camino de esta iniciativa concreta parece empinado. La Cámara de Diputados debería ser un escollo mayor y el filtro de constitucionalidad de la composición actual de la Corte, a la que la propuesta amenaza con diluirle su poder, uno todavía mayor.
La introducción de cambios de fondo en un poder del Estado que está tan sumido en el descrédito como los otros o incluso más es una idea atendible. Sin embargo, una reforma de semejante calado debería estar rodeada de un consenso que la actual no tiene. Tal objetivo choca de frente con la realidad de que la judicatura es, desde hace tiempo, un arma arrojadiza de la política y hasta de los servicios de inteligencia. No hay allí acuerdo posible.
El proyecto inicial establecía la ampliación del tribunal a 25 miembros, pero la necesidad del oficialismo de obtener cuórum hizo que el número quedara fijado en 15, lo que no impediría que el nuevo organismo funcionara con un criterio de salas. El número 25 del inicio no era causal, sino que aludía a la intención de federalizar el alto tribunal con representación de todas las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y la Nación; su reducción a 15 obligaría a adaptar ese objetivo. Además, se busca establecer un criterio de paridad de género.
A lo dicho más arriba respecto de la más que dudosa viabilidad del plan hay que sumar su carácter insalvablemente extraño. En efecto, la introducción en el principal órgano judicial del país de un criterio de representación territorial resulta ajeno a él y ya existe en el Senado.
En la boca del lobo
El fondo del asunto es serio, aunque no necesariamente virtuoso. Quien le da forma a la Corte Suprema tiene la llave que abre y cierra las puertas de lo que resulta punible y lo que no lo es en todo lo que roce a la política. Así, mientras JxC denuncia que el plan busca la impunidad de la vice, el cristinismo sostiene que la situación actual consagra la impunidad del macrismo. Acaso ambos sectores tengan razón.
Si se piensa que el proyecto sería, al final del camino, inviable, cabría preguntarse para qué lo impulsa el FdT. Como todas las buenas preguntas, esta no da lugar a respuestas claras.
De hecho, la polémica que rodea al asunto tiende a reforzar la narrativa –por lo menos abusiva– de Juntos por el Cambio como defensor de la división de poderes, los valores republicanos y la transparencia en la gestión pública. El peronismo, una vez más, corre el riesgo de quedar en una posición incómoda, al menos entre la parte de la ciudadanía que realmente define a la hora de contar votos. ¿Cuál? El – digamos– 40% que no se enrola en el cristinismo convencido ni en el antiperonismo militante, el voto oscilante que decide quién gana y quién pierde.
Antes del atentado contra CFK, un sentimiento de fortaleza se apoderó del peronismo tras el alegato del fiscal Diego Luciani en la "causa Vialidad", puesto en acto con la primavera militante que se anticipó en la esquina de Juncal y Uruguay, pero eso era un espejismo si se piensa en ese 40% que ya cree en pocas cosas y declara su hartazgo con la política y con la parte de la corrupción –acotada– que se le muestra.
Frente a esa fuerza ilusoria, que nuclea a todo el peronismo alrededor de la figura de Cristina, Juntos por el Cambio encuentra un elemento para disimular sus severas fisuras: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich encontraron fácil coincidir en el repudio a la reforma de la Corte.
Nado sincronizado: sin sorpresas, también lo hizo la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham).
Los medios que le dieron amplísima difusión al alegato de Luciani y se la retacearon al del abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, este viernes eran más generosos. Este comenzó el último tramo de su exposición a las 9, mientras que dos horas después la vice asumía, como abogada que es, su propia defensa. El anticristinismo no puede resistirse a su fetichismo.
Cabe reiterar, en este contexto, las preguntas que se planteaban más arriba. ¿Qué decodificará la mayor parte de ese "40%" del espectáculo judicial que se propagará? ¿Que la acusación está fundada? ¿Que la defensa es sólida? ¿O que todo, pero todo es una porquería sin remedio?
El fallo del tribunal oral, que según Cristina ya está escrito en su contra, será parte importante del debate preelectoral del año próximo. Quien jugaría de local en el terreno de "corrupción sí, corrupción no" es JxC.
