Ni bien se hubo producido el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, los negacionistas de la vida sugirieron la hipótesis de un autoatentado destinado a que la vicepresidenta lucrara políticamente con su victimización. Justo cuando estaban a punto de perder la timidez, debieron cambiar de narrativa ante la contundencia de las pruebas y, si hiciera falta, de las imágenes, pero rechazaron que el agresor, Fernando André Sabag Montiel, haya sido un producto de discursos de odio diseminados con pertinacia. Para esa gente –un colectivo que hace pie, entre otros lugares, en la dirigencia política y en medios de comunicación líderes–, esa pasó a ser la acción de un loquito suelto que ni llegaba al estatus de lobo solitario. Ahora, cuando la investigación revela círculos concéntricos cada vez mayores –su límite final está por verse– y se suman –solo provisoriamente– nombres como los de la presunta instigadora Brenda Uliarte, su amiga Agustina Díaz y el "copito" Nicolás Gabriel Carrizo, urge encontrar el huevo de la serpiente.
Discursos de odio sobran en la Argentina desde hace tiempo y no pueden dejar de tener influencia sobre lo que ocurrió, pero es difícil medir su impacto en psiquis como las de las personas mencionadas. De lo que no hay duda es de la afinidad de, por caso, Uliarte con discursos como los de Javier Milei, a quien llegó a citar en una curiosa entrevista televisiva previa al magnicidio fallido. Asimismo, grupúsculos como los autodenominados Revolución Federal, al cual Uliarte se aproximó, y Nación de Despojados, minas de ira a cielo abierto, también militan una narrativa libertaria y extremista.
Milei fue uno de los pocos dirigentes relevantes que se negó a solidarizarse con la vice y, aunque hoy menciona su "repudio a todo acto de violencia", aclara que no adhiere "al circo de llamar ‘magnicidio’ al atentado". ¿Por qué? Porque eso "significaría que hay ciudadanos de primera y de segunda", según declaró al programa El Exprimidor, de AM 550. Las consideraciones institucionales no son, se nota, su fuerte.
Ligar al minarquista con el atentado sería absurdo, pero sí cabe señalar que su mensaje cala hondo en extremistas capaces de dar el paso hacia la acción directa, lo que constituye una medida de su peligrosidad.
Por importante que sea la cuestión de los mensajes, también lo es –de un modo más acuciante– la abrumadora falla institucional que permite la organización y acción libre de grupos como los mencionados. Sus acciones –hechas de patrullas que se dedicaban a hostigar a referentes peronistas en el centro de la ciudad, a amenazar públicamente de muerte a Cristina, a exhibir horcas en manifestaciones y hasta a atacar con antorchas encendidas la Casa Rosada– llamaron la atención de desPertar, el newsletter de Letra P, ya el 11 de julio, bastante antes del intento de asesinato. Asimismo, este sitio reiteró la alarma por la cuestión pocos días antes del hecho.
Un impactante artículo de Nicolás Baintrub en Anfibia le hace una radiografía a Revolución Federal y genera preguntas inquietantes.
¿Qué estuvo mirando la Policía bonaerense mientras ese microemprendimiento se armaba en el conurbano? Es más, ¿qué hizo la Policía de la Ciudad mientras esos hechos de violencia ocurrían en el centro y eran transmitidos en vivo por los canales de noticias?
El 21 de julio, cuando un energúmeno profería –megáfono en mano– amenazas explícitas de muerte contra CFK, un efectivo porteño se limitó a saludarlo con simpatía.
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le presentó a la jueza que lleva la causa del atentado, María Eugenia Capuchetti, audios en los que dos de esos revolucionarios federales, Jonathan Ezequiel Morel y Franco Ezequiel Castelli, violaban medio Código Penal en un foro de Twitter. Según la AFI, esos dichos podrían constituir "los delitos de instigación a cometer delitos (artículo 209 del Código Penal); intimidación pública (artículo 212); apología del crimen y otros atentados contra el orden público (213 y 213 bis); amenaza de deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno nacional (artículo 226 bis) y alentar o incitar a la persecución o el odio contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas políticas (artículo 3, segundo párrafo, de la ley 23.592)". El laissez faire no es solo económico: hasta el cierre de este artículo, no se sabía de ninguna orden de arresto contra los responsables, quienes además hicieron públicos sus “puntos de vista” en una intensa rotation por canales de TV y radios. Eventualmente, esas decisiones llegarán, pero será difícil revertir la sensación de demora.
El huevo de la serpiente es –lo era hace mucho– translúcido y ante eso no cabe fingir demencia.
Sin pretender la realización de un ejercicio de sociología de alcantarilla o de un postulado de microhistoria improvisado, cabe señalar que todos los involucrados hasta el momento en las tramas violentas son jóvenes que viven en la informalidad laboral y social.
Según el informe sobre “Condiciones de vida" correspondiente al segundo semestre de 2021 realizado por el INDEC, "el porcentaje total de pobres para el grupo de 15 a 29 años (…) es de 44,2%", bien por encima del promedio de 37,3% del período.
En tanto, el último trabajo de la consultora Equilibra señala quem
al compararse la situación contra la de fines de los 90 y la de hace una década, "pese a una mayor tasa de empleo/menor desempleo, la incidencia de la pobreza era similar a la de la segunda parte de la década del 90", alrededor de 35% hacia el primer semestre de este año. Asimismo, "en el último lustro existió un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los ingresos laborales, lo que produjo que, con idéntica tasa de empleo respecto de 2011, la pobreza en la actualidad sea significativamente superior".
"La respuesta de política económica a la precarización del empleo observado en los últimos años consiste en el incremento de las prestaciones sociales a hogares de menores ingresos (…). Sin estos ingresos, la tasa de pobreza habría sido en promedio 2 puntos porcentuales más alta que la observada en los últimos tres años", continúa. Ahora bien, ¿qué ocurre con los sectores ubicados apenas más arriba en la escala?
Si la última promesa política creíble de inclusión, la kirchnerista-cristinista, planteaba la centralidad de la acción del Estado en el combate a esas formas de marginalidad, hay que convenir que la misma resultó insuficiente, seguramente por un mal manejo de la macroeconomía, propio de esa era pero también anterior y posterior, que convirtieron todo esfuerzo en un gesto de sacar agua a baldazos en un bote agujereado. No sorprende, así, que la furiosa prédica anti-Estado de los libertarios influya sobre gente que, a priori, debería necesitar ese auxilio y que se siente discriminada por quienes efectivamente lo reciben, por precaria que sea la situación de estos.
¿Cómo no encontrar en esto un eco de la narrativa de Brenda Uliarte sobre su decisión –testimonios de personas que la conocen dijeron que era solo una impostura– de renunciar a un "plan" para ganarse la vida mucho más holgadamente mediante la venta callejera de copos de azúcar? Sorprende que los discursos a veces tengan más carne que la propia materialidad.
Durante la pandemia, cuando el gobierno de Alberto Fernández –otro amenazado– se apresuraba a aplicar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), uno de los problemas con los que tropezaba era el carácter indetectable de amplios sectores justamente por no estar laboralmente encuadrados.
La mezcla de jóvenes sin idea alguna de futuro y, como también se ha dado, de clases medias –reales o autopercibidas– que se empobrecen persistentemente suele derivar, como muestra la historia, en salidas por derecha dura. Esa inquietud ha sido señalada repetidamente.
El radar falla desde hace tiempo y el incumplimiento de la promesa de un Estado proveedor hoy pasa la factura.
La decepción, finalmente, se convirtió en odio.
