La situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien enfrenta un pedido de 12 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa conocida como Vialidad, generó un cambio en la agenda política no solo del Frente de Todos (FdT) sino también en Juntos por el Cambio (JxC), que aprovechó la oportunidad para esconder varios de los trapos sucios que se acumulaban puertas adentro.
Con la tranquilidad de poder no ventilar las disputas internas en la última reunión de la mesa nacional, las figuras de la coalición opositora también aprovecharon la situación para procastinar, una vez más, sobre el debate de los planes económicos que tienen en cada uno de los partidos que integran la alianza.
Eso sucede aun cuando, como contó Letra P, hay algunos consensos sobre ciertas medidas como la necesidad de llevar adelantes políticas de shock. En el PRO avanza a paso firme una ley ómnibus que tiene en agenda la Fundación Pensar, el think tank macrista, para establecer una nueva serie de "superpoderes".
El giro de la cuestión pública, como consecuencia de los dichos de Fernández de Kirchner, hacia una agenda centrada en el “republicanismo” y la “defensa de la instituciones” se potenció en JxC luego de que el Presidente comparara la situación de uno de los fiscales de la causa Vialidad Diego Luciani con el fallecido Alberto Nisman.
Las palabras del jefe de Estado motivaron un pedido de juicio político casi unánime en el bloque de JxC en Diputados. Los únicos que no apoyaron la iniciativa fueron el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y diputado Facundo Manes. Las críticas se centraron sobre el neurocientífico, quien consideró que, sin el número para lograr que la comisión de Juicio Político se active, el pedido carecía de sentido.
Una dato no menor es que Manes, que debutó políticamente el año pasado en las elecciones legislativas y se entusiasma con una candidatura presidencial dentro de la Unión Cívica Radical (UCR), le había anticipado a su entorno que no iba a acompañar el pedido de juicio político. Cuando lo hizo, ya tenía en su mente el revuelo que iba a suceder.
Bajo el lema de “seguir con la agenda de la sociedad”, Manes remarca en privado que la mayoría de la población no está interesada en un eventual juicio político al Presidente. “Si quiere ser aceptado como candidato presidencial para el año próximo tiene que medir entre 15 y 20 puntos a nivel nacional. Para eso, necesita sumar más volumen político, mantenerse en el centro y ser consciente de los reclamos de la sociedad civil”, explicaron cerca del diputado nacional ante la consulta de este portal.
Los reproches a Manes, incluso de los sectores más moderados de JxC, se vieron intensificados cuando todos los diputados y las diputadas del PRO firmaron el pedido de juicio político. ”No tiene agua en la pileta a la que se tiró, pero tampoco tiene sentido cruzarlo”, remarcaron en el bloque del macrismo.
Mientras tanto, el expresidente Mauricio Macri, durante su raid por Córdoba, se encargó de volver a remarcar su impresión sobre la dimensión de la crisis económica. En su razonamiento, el exjefe de Estado abona la teoría de que el ajuste que se vio obligado a hacer el FdT es el "trabajo sucio" que todo gobierno tiene que hacer previo a un período de crecimiento y pone como ejemplo las salidas de las crisis de 1989 y 2001.
La agenda judicial, que predomina desde el lunes, también le sirvió a la coalición opositora para resolver un tema que tenía "trabado”: la estrategia que adoptará para resolver las internas en provincias que no tienen reglamentadas las PASO. Tal es el caso de Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Mientras deciden que sucederá en la discusión nacional con respecto a una instancia previa antes de las PASO o formulas cruzadas, la mesa nacional acordó que habrá internas abiertas en todas esas provincias.
