La decisión política de instalar el debate sobre el salario básico universal impactó más rápido en la Casa Rosada que en el Congreso. Todo un síntoma para una medida que puede aplicarse por decreto o por ley. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizó 300 asambleas en todo el país y decretó una protesta nacional para el 20 de julio, Día del Amigo. Fue el prólogo de la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con un grupo de movimientos sociales, que no alcanzó para frenar los reclamos, pero revitalizó una discusión que lleva meses de congelamiento en la Cámara de Diputados.
El 4 de mayo el legislador del Frente Patria Grande, Itai Hagman, plasmó en un proyecto de ley gran parte de la polémica que atraviesa al oficialismo desde la llegada de Fernández al poder. La aplicación de un salario universal surge como una forma de afrontar la enorme vulnerabilidad de siete millones de personas en estado de absoluta vulnerabilidad. Lleva dos meses sin movimiento ni señales de avance en la Cámara baja, aunque ya fue girado a las comisiones de Previsión y Seguridad Social, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Las tres son controladas por el oficialismo, pero todo sigue igual. El texto es uno de los doce proyectos presentados por legisladores de distintos movimientos sociales, dentro del FdT, que padecen una suerte peor: desde la pérdida de estado parlamentario hasta la inanición por indiferencia de las principales autoridades del cuerpo y también del Gobierno.
Hace un mes tomó renovada fuerza, cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo mencionó como una salida posible para superar la intermediación de las organizaciones en la entrega de ayuda social. La idea fue muy resistida por el exministro de Economía, Martín Guzmán. Su sucesora, Silvina Batakis, se mostró en la misma línea y dejó abierta una hendija para analizar una medida más focalizada que tome parte del reclamo.
En la Cámara baja hay desconfianza entre los miembros del bloque oficialista que defienden la idea. La sugerencia de Batakis podría contener al planteo de los movimientos o profundizar las contradicciones. Si existe un punto de equilibrio, la iniciativa podría combinar el interés del Gobierno para evitar un nuevo conflicto que lo debilite y para las organizaciones podría configurar una alternativa que les permita sortear la falta de votos que, por ahora, tiene el texto redactado por Hagman.
Las fuentes más desconfiadas del FdT creen que Batakis sólo busca ganar tiempo para que no cambie nada. La ministra ya tiene justificadores que se encargan de asegurar que no hay margen para un proyecto de esta envergadura. La estrategia de protestas que este miércoles fue lanzada desde la estación ferroviaria de Constitución, con Grabois a la cabeza, busca revertir los argumentos de la Casa Rosada, pero desde la calle.
Los gestos de este miércoles traspasaron Balcarce 50. La idea es que esa reverberación mueva algo en Diputados. "Acá esta todo muy stand by y por eso esta discusión se esta dando en todos los planos, pero por sobre todo desde el afuera hacia adentro del Palacio" resumió una fuente vinculada a la danza de señales que echó andar dentro del oficialismo. En el Gobierno la reunión con el Presidente buscó catalizar de algún modo el guante que arrojaron las organizaciones sociales, pero las medidas de fuerza se mantendrán y multiplicarán.
También implicarán ejercicios de unidad. Este miércoles se acercó a Constitución el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, que hace un mes recibió la solidaridad de Grabois cuando un sector del Gobierno cerró las negociaciones y deslizó la idea de desalojar por la fuerza un corte sobre la Avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social. La presencia del dirigente trotskista exhibe una articulación tan táctica como inesperada, pero disruptiva para espacios políticos marcados a fuego por las históricas diferencias entre peronistas, kirchneristas, trotskistas y la izquierda independiente. Para esa jungla, la articulación entre Grabois y Belliboni le suma volumen a la ofensiva para instalar desde las calles una serie de reclamos que sólo podrían ser respondidos a fuerza de movilizaciones.
La agitación callejera va acompañada por un silencioso tejido dentro del bloque del Frente de Todos, que lidera el rosarino Germán Martínez. Así como los diputados de los movimientos sociales buscan aliados también apuntan a exhibir la agenda parlamentaria que el oficialismo, del que forman parte, ha puesto en un plano secundario. "Vamos a tratar de arrinconar hasta que no quede otra que debatir los proyectos", resumió un dirigente social que se prepara para instalar los demás proyectos.
Este jueves la UTEP realizaba una jornada de protesta frente al Congreso para demostrar que el salario básico es sólo una parte de una batería de proyectos que también han sido enterrados. Es el caso de la ley de envases y la de humedales, pero también de otros textos que revelan que los movimientos sociales con representación parlamentaria cuentan con una lectura política y legislativa para cambiar distintos aspectos del sistema actual.
Entre las normas que la mayoría de los integrantes del FdT desconocen, está monotributo productivo que presentó el Ejecutivo en diciembre, el proyecto de protección de los territorios periurbanos productivos, la creación del sistema integral de políticas de cuidados, el fondo fiduciario de reparación histórica para comunidades indígenas, el marco regulatorio de la pesca artesanal en aguas pluviales y lacustres, la emergencia publica nacional en materia social por violencia de genero y la creación de un programa nacional de promotoras territoriales en prevención de la violencia por motivos de genero.
