ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Un balde de agua helada cayó sobre Vicentin luego de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe decidiera desplazar al juez del concurso preventivo, Fabián Lorenzini, le ordenara remitir las actuaciones y suspendiera todos los plazos procesales a días del límite para cerrar el acuerdo del pago por la deuda de 1500 millones de dólares. En momentos en que la cerealera confiaba en cerrar la novela que lleva dos años y medio, el panorama pasó a ser una incógnita.
Todo es parálisis en el entorno de la firma. Sostienen que por ahora no conocen en detalle el alcance de la medida y que el desconcierto es mayor porque, juran, el trámite concursal estaba por resolverse. Incluso el miércoles se habían reunido con los socios estratégicos Bunge, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra Argentina S.A. para firmar convenios del proyecto para la nueva Vicentin y, aseguran, tenían garantizada la adhesión clave de la banca internacional para lograr el acuerdo final.
“Prudente silencio”, sostienen. Esta vez no hubo un comunicado picante como ha ocurrido en otras oportunidades rechazando actuaciones de los fiscales que encabezan la acusación penal por presunta estafa contra directivos de la firma. El peso de la Corte es otra cosa, pero también porque no hay muchos antecedentes y, por lo tanto, no se sabe cómo continuará judicialmente el proceso.
La medida lleva la firma del presidente del máximo tribunal provincial, Rafael Gutiérrez, y ordena al juez civil y comercial de Reconquista que remita el expediente a la CSJ. La figura de avocamiento se completaría una vez que la Corte disponga una medida sobre el proceso. Según supo Letra P, se espera un pronunciamiento de Lorenzini a principios de semana.
Según trascendió, la decisión de la Corte se produjo luego de que la corredora Grassi S.A., una de las principales acreedoras, pidiera el avocamiento del concurso. Hace dos semanas, el presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, fue detenido e imputado de desobedecer cautelares que prohíben la venta de activos de la empresa.
Por lo tanto, el punto determinante y que Grassi quería evitar es que el juez Lorenzini homologara la convocatoria antes de que se dirima en el fuero penal la legalidad de la compra-venta de acciones del 33% de Renova a la multinacional Viterra. Tampoco se descartan implicancias en la causa penal por más que la medida tenga efectos en el proceso concursal.