El Congreso ha pasado un trimestre signado por la falta de acuerdo para constituir comisiones, el naufragio del temario de extraordinarias que convocó el presidente Alberto Fernández y el debate en torno al pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A partir de este martes el giro será abrupto. En la Cámara baja comenzará el trabajo en la comisión de Legislación General para reformar la ley de alquileres, en una aventura con final abierto, mientras que el Senado jugará doble: el miércoles comenzará el plenario de tres comisiones para iniciar el tratamiento del impuesto a los bienes no declarados en el exterior y el jueves se concretará la sesión para debatir la reforma del Consejo de la Magistratura. En la víspera de ese road show legislativo, el lavagnismo anticipó que el debate de esa iniciativa en Diputados será tan complejo como se esperaba.
"En la Argentina no hay cuatro poderes constitucionales, sino tres. Cada uno de ellos debe ser respetado en su independencia y competencias. El Consejo pertenece al área judicial y es natural que sea presidido por el Presidente de la Corte", tuiteó el el exministro y excandidato a presidente Roberto Lavagna, en respaldo al proyecto que presentó el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado. Poco después, la diputada del bloque Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, fue en la misma línea pero corrigió el tiro. “Si somos un organismo de equilibrio es mejor dejar que el propio Consejo decida quién va a presidir”, sostuvo la legisladora que, además, es integrante de ese organismo. Ella considera que "la Corte tiene que estar”, aunque remarcó: “No estoy a favor de que nosotros en la ley a una instancia le demos un doble voto y le demos la presidencia para desequilibrar”, sostuvo la legisladora en referencia al máximo tribunal.
De ese modo, la diputada lavagnista reveló que tiene un matiz clave con Lavagna, pero también encendió una luz roja para el oficialismo. Su bloque no acompañará en Diputados el dictamen del oficialismo que este jueves será tratado en el Senado con amplias chances de ser aprobado, luego de los cambios que introdujeron para sumar el respaldo del exgobernador Alberto Weretilneck, que había presentado un proyecto propio. Este jueves el recinto debatirá la propuesta ampliada del FdT, liderado por José Mayans, frente a la alternativa que promueve JxC. La negativa del conglomerado opositor está asegurada pero cobra otro volumen con el planteo del lavagnismo, una bancada que forma parte de un interbloque, donde conviven cordobesistas con socialistas santafesinos. Por ahora el pronunciamiento de Camaño solo abarca a sus dos compañeros, Florencio Randazo y Topo Rodríguez. Resta saber qué pasará con las ocho voluntades de Encuentro Federal, que suma importancia al otro lado de Pasos Perdidos ante una polarización muy estrecha entre el FdT y JxC.
El miércoles, un día antes de la sesión, comenzará el trabajo en comisiones para tratar el "Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI", que presentó el senador Oscar Parrilli, de estrecha confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La iniciativa contaba con el respaldo de todos los senadores del FdT, pero finalmente tres se negaron a ponerle el gancho: el entrerriano Edgardo Kueider, el correntino Carlos Espínola y el jujeño Edgardo Snopek. Impulsan iniciativas similares con cambios que podrían ser incorporadas al proyecto inicial para garantizar los 37 votos en el recinto y la mayoría de firmas del plenario de las comisiones de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Legislación General.
En Diputados, en tanto, el foco estará en dos ejes, el más esperado es la constitución de las 46 comisiones permanentes que todavía no han sido cubiertas y cuyo armado destrabarán el funcionamiento del cuerpo. El puntapié lo dará la reunión que tendrá este martes la comisión de Legislación General, cuya composición ya fue definida por los acuerdos entre el FdT y JxC. Cuando sus miembros se reúnan posiblemente reelijan a Cecilia Moreau como presidenta de la comisión y designen a Carla Carrizo, del bloque Evolución Radical, como vice. Si se concreta esa conducción, ambas tendrán la misión de conducir el debate para reformar la ley de alquileres, a partir de un pacto entre las dos principales fuerzas del recinto luego del fracaso de la sesión especial que JxC quería concretar este martes para reformar derogar la ley, el objetivo de máxima del lobby inmobiliario.
Hay más de 15 proyectos presentados para reformar la ley 27.551, primera norma que reguló los alquileres en 30 años. Desde que entró en vigencia, afronta una dura ofensiva de las cámaras inmobiliarias y un rol ausente del Estado para garantizar su aplicación. En ese contexto, JxC va por la derogación, mientras que el FdT tiene varios proyectos en danza. El sanjuanino José Luis Gioja presentó uno que plantea reducir requisitos para monotributistas inquilinos y beneficios para propietarios. El texto propone que el precio inicial del alquiler de inmuebles para vivienda tendrá un tope del 20% adicional al que corresponde con el ajuste anual y un 10% en el caso de la renovación de los contratos. La porteña Gisela Marziotta, elaboró otro, donde propone suspender los aumentos hasta que entre en vigor la nueva norma y la creación de una Cámara Nacional de Alquileres. También, en su texto, establece que "se prohibirá, en caso de que el alquiler sea con destino habitacional, que el locatario pida el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes y que los depósitos de garantía sean más elevados que el valor de alquiler mensual".
En el espacio que lidera el diputado Máximo Kirchner no hubo pronunciamientos al respecto, mientras que el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, apunta a reformarla, pero con la reducción de los tres años de plazo del contrato y de los aumentos anuales a menos tiempo. Son dos puntos acordes con los reclamos inmobiliarios que otros sectores del bloque oficialista no comparten. Si no hay una salida común, es posible que haya más dos dictámenes con firmas del oficialismo en Legislación General y una votación dividida en el recinto, ante el caso de que la comisión llegue a sintetizar el debate dentro del plazo de 30 días.
