En el filo de último día hábil, antes del vencimiento del plazo establecido por la Corte para cambiar la composición del Consejo de la Magistratura, un amparo judicial le permitió al Gobierno retomar la iniciativa. Lleva la firma del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, a partir de una presentación impulsada por el diputado Marcelo Cassaretto, del Frente de Todos. La medida le ordenó a las dos máximas autoridades del Congreso que no designen a los diputados y senadores que faltan para integrar el organismo con la nueva composición que tendrá. La decisión judicial abrió un compás de espera y el oficialismo lo aprovechó con una convocatoria para abrir una instancia de negociación con las demás fuerzas políticas con representación parlamentaria. En el medio, crece una contraofensiva de JxC para invalidar el fallo de Alonso y respaldar el desembarco de la Corte en el organismo que designa y remueve a los jueces federales en todo el país.
"Hay que convocar al diálogo político a los líderes opositores y trazar juntos un camino para que podamos dar el debate en Diputados de la media sanción del Senado, obtenida sobre el proyecto del Ejecutivo con modificaciones", tuiteó Germán Martínez, titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja. "Tenemos que trabajar para que haya una nueva ley", insistió como parte del gesto que impulsa el oficialismo ante el vencimiento del plazo previsto por la Corte Suprema para que el Consejo vuelva a funcionar con la ley de 1998, que establece una composición de 20 miembros, presididos por el titular del máximo tribunal, cargo que ahora es detentado por el cortesano Horacio Rosatti. Casi a la misma hora, el Colegio Público de Abogados se presentó ante el máximo tribunal y le reclamó que anule el amparo de Alonso. "La decisión del juez federal representa un alzamiento inadmisible contra la sentencia dictada por la Corte Suprema”, sostuvo el escrito firmado Alberto Garay. Según el titular de la entidad de letrados, el amparo “violenta el rango constitucional de autoridad judicial suprema, final, que la Constitución Nacional deposita en la Corte”.
El miércoles por la mañana, en la misma recta final del último día hábil, el Consejo de la Magistratura sesionó por última vez con la composición vigente de 13 integrantes hasta que caduque por el fallo de la Corte. Sus miembros aprobaron por siete contra cinco una resolución para preservar al titular del organismo y que pueda tomar decisiones presupuestarias y administrativas, aunque sería un mecanismo de funcionamiento mínimo para evitar la parálisis total. De ese modo el juez Alberto Lugones no podrá avanzar en el análisis de pliegos y en la realización de concursos hasta que se componga la nueva composición.
La última sesión de esta composición de consejeros fue muy distinta a lo esperado. El oficialismo buscaba avanzar con el tratamiento de concursos para designar jueces federales, entre ellos, ocupar los puestos de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. No hubo acuerdos para llegar a los dos tercios que exige la ley para aprobar las designaciones y terminó de cerrarse la posibilidad de designar magistrados para el actual Consejo.
A mediados de diciembre, el fallo fijó este jueves 14 de abril como plazo máximo para reformar la ley. Desde el viernes 15, en plena Semana Santa, rige la legislación anterior, que había sido derogada por el Congreso en 2006, cuando votó la nueva norma. Sobre esa cuenta regresiva se posó el fallo del juez Alonso, que le ordenó a los titulares del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, “que se abstengan de designar nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación", hasta que ambas autoridades entreguen al juez un informe sobre "la trascendencia institucional de la cuestión y la necesidad de extremar los recaudos para evitar cualquier afectación de la independencia de los demás poderes del Estado".
La decisión fue cuestionada por la oposición. Apenas Martínez habló de abrir una instancia de diálogo, el radical Mario Negri, que preside el bloque de la UCR, anticipó su negativa, mientras continúan las elecciones de los consejeros por la minoría, que le corresponden a Juntos por el Cambio. Ese punto es lo que frenó Alonso y puso a JxC en pie de guerra, aunque en la presidencia de las dos cámaras insistieron que hay un fallo que les ordena "no designar".
"Germán, estás pidiendo que Massa y CFK desobedezcan un fallo de la Corte. ¿No te parece demasiado? Los fallos de la Corte no se discuten en primera instancia, lo sabe cualquier ciudadano (menos el juez de Paraná)", chicaneó el diputado con un mensaje claro, porque el conglomerado de JxC estima que la Corte anulará la decisión de Alonso y le dará la razón al planteo de Garay. Sería el prólogo del desembarco de Rosatti al frente del Consejo, en un movimiento que también podría entrar en colisión con la resolución del Consejo para que Lugones pueda mantener las funciones administrativas y presupuestarias.
Ese escenario será resistido por el oficialismo que, como sostuvo la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, considera al fallo del máximo tribunal como una directa intromisión de un poder sobre otro. Eso es lo que tratará saber el juez Alonso a partir del informe que le pidió al Congreso. La oposición cree que la Corte podría obturar ese proceso, anular el amparo durante la Semana Santa o declarar nulo el procedimiento para obtener ese informe, ya que podría considerar que la respuesta debía ser la nueva ley. El ministro de Justicia, Martín Soria, reforzó la argumentación que sostiene el oficialismo: "Lo dije en diciembre pasado cuando la Corte dictó este fallo verdaderamente increíble. Está arrogándose facultades legislativas, facultades que tiene el Congreso. Los únicos que pueden dictar leyes son los senadores y nuestros diputados nacionales que para eso los elige el pueblo", opinó.
Si prosperan las conversaciones subterráneas para mantener en pie el trámite legislativo queda un largo camino. El giro que vino del Senado, que eleva de 13 a 17 el total de consejeros, debería sumar cambios para seducir a algunos aliados esquivos, aunque la mayor diferencia gira en torno a la presencia o no de un miembro de la Corte en el Consejo y si debe presidirlo o no. El texto aprobado en la Cámara Alta no incluye a la Corte ni en la integración, ni en la presidencia. Para llegar a esa instancia falta otra pieza: la constitución de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, dos de las 46 comisiones permanentes que siguen sin cubrirse en medio de una negociación entre el FdT y JxC que todavía no llegó a una síntesis.
