El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, consideró como " razonable" el plazo de 120 días otorgado por el organismo judicial al Poder Legislativo para aprobar una nueva ley que regule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura o se elijan a su nueva composición.
“Es un plazo razonable porque la Corte dice que hay un espacio de tiempo para que el Congreso decrete otra ley y si no se sanciona la norma nueva, vamos a la otra norma que había sancionado el Congreso antes del 2006 y que contemplaba el equilibrio”, aseguró en una entrevista con Clarín y adelantó que no descarta presidir el Consejo en caso de que no se apruebe una nueva legislación porque “es lo que dispone la ley que quedaría vigente”.
El presidente del máximo órgano judicial del país se refirió a la inconstitucionalidad decretada por la Corte de la ley 26.080, que en el año 2006 redujo la composición del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 integrantes, y a la necesidad de adecuar su funcionamiento a través de una nueva ley, que deberá ser sancionada en un plazo no mayor a los 120 días ya que de lo contrario sus fallos serán nulos y no tendrán validez jurídica.
Además, Rosatti se refirió al pedido del presidente Alberto Fernández de pensar “seriamente” en una reforma de la Corte. En este sentido, reconoció que “es probable” que los jueces del tribunal -todos hombres- “no seamos los que más sabemos sobre este tema”, pero consideró que pueden “aportar y mucho sobre el particular”. "Nosotros nunca llamamos ni convocamos al gobierno. Sí cuando somos convocados institucionalmente", agregó.
Asimismo, se refirió a la posibilidad de aumentar la cantidad de integrantes del máximo tribunal: "Yo no opino que haya que ampliar o no, digo que si se amplía la cantidad de miembros va a funcionar más despacio. Eso es inexorablemente así porque la cantidad de ministros es inversamente proporcional a la velocidad", declaró.
Por último, también opinó sobre las denuncias que realice el oficialismo por la supuesta existencia de una “mesa judicial” durante el gobierno de Cambiemos, luego de la difusión del video donde se escucha a funcionarios bonaerenses preparar causas judiciales contra líderes sindicales. “Yo no cuestionaría estos conceptos. En los expedientes nosotros tenemos que resolver en función de la Constitución y el Código Penal. Entonces, si hay alguna causa armada o trastocada eso tiene un nombre, una tipología en el Código Penal”, aseveró.