Apenas cuatro artículos -dos de ellos, de forma- tiene el proyecto de ley que el Gobierno envió finalmente este viernes al Congreso para que el acuerdo que alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tenga respaldo parlamentario, un objetivo prioritario del presidente Alberto Fernández para blindar políticamente la jugada más controvertida de su gobierno -tan controvertida, que terminó de exponer las profundas diferencias que anidan en la coalición gobernante-. Los detalles, esos que la oposición y los sectores críticos del oficialismo le pidieron infinidad de veces al ministro de Economía, Martín Guzmán, están en cuatro anexos que acompañan la presentación oficial. Fuentes del Gobierno admitieron que el texto sufrió retoques de último momento destinados a conseguir el mayor consenso posible.
"Apruébase, en los términos del artículo 2° de la Ley N° 27.612, el Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, correspondiente al Acuerdo Stand By suscripto en el año 2018", dice el artículo 1 de la iniciativa, en tanto el 2 anuncia que el expediente incluye "el “Memorando de Políticas Económicas y Financieras” y el “Memorando Técnico de Entendimiento”, que "componen el Programa de Facilidades Extendidas mencionado en el artículo precedente" y "forman parte integrante de la presente ley".
Como contó Letra P, el acuerdo final con el Fondo llegó luego de maratónicas y frenéticas negociaciones que lideró Guzmán con el staff del organismo. La paritaria zozobró en la madrugada del miércoles, cuando exigencias fuera de libreto paralizaron las conversaciones. El Gobierno resistió bajo amenaza de retirarse de la mesa y consiguió saltar un obstáculo que el hermetismo oficial no permitió revelar.
Ahora la rosca se tralada al Congreso, con la Cámara de Diputados como escenario inicial y una hoja de ruta que tiene como primera parada, el próximo lunes, la presentación del ministro, del representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos; del jefe de Gabinete, Juan Manzur; del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y del secretario de Hacienda, Raúl Rigo.
El oficialismo llega a esta instancia convertido en una caldera. Por si le faltaba temperatura a la coalición gobernante, este jueves, la oficialización del acuerdo provocó un choque frontal entre el albertismo y La Cámpora, en una nueva entrega de la fractura expuesta del oficialismo.
Primero, el Grupo Callao, think tank fundado por Alberto Fernández que aportó numerosos cuadros al gabinete del Frente de Todos, salió de una larga hibernación para expresar el respaldo al pacto conseguido por el Presidente y su ministro de Economía. Un par de horas después, La Cámpora, la organización que conduce el rebelado Máximo Kirchner, pegó debajo del cinturón con la difusión de un video en el que Néstor Kirchner cuestiona severamente al Fondo.
Después de que Guzmán inaugure, el lunes, la ronda de exposiciones en la Comisión de Hacienda de la Cámara baja, el martes será el turno de representantes de centrales sindicales, movimientos sociales y entidades empresarias. En esa jornada, estarán presentes los gobernadores y las gobernadoras provinciales y el miércoles llegará el momento para que referentes de cada bloque planteen sus posiciones.
La voluntad del oficialismo es que la comisión dictamine el miércoles para sesionar el jueves o el viernes próximos.
El acuerdo alcanzado se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas; EFF, por sus siglas en inglés), que incluye diez revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio, informó este jueves el Gobierno.
"El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión", agregó y precisó que "el período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034".
"El programa -destacó- refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas".
En materia de déficit, ratificó el sendero ya conocido hacia el equilibrio en 2025. “Hemos desarrollado una estrategia de consolidación fiscal plurianual con el objetivo de lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024”, define uno de los memorándum.
El Gobierno descartó de plano que el acuerdo implique reformas estructurales que perjudiquen a las clases pasiva y trabajadora.
En materia tarifaria, confirmó qie "la segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles: a) usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo 3 energético en función de su plena capacidad de pago; b) usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior, c) para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior".
"Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c). Para el año 2022 se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario", precisó.
