A febrero le quedan 20 días, solo 13 de ellos son hábiles. Las sesiones extraordinarias debieron arrancar el martes 1, un día después de la renuncia de Máximo Kirchner como jefe del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados. La demora en la conformación de las comisiones y sus presidencias no es culpa del hijo de la vicepresidenta. El debate interno por el acuerdo con el FMI incrementó las tensiones en el oficialismo, pero también Juntos por el Cambio (JxC) discute sus diferencias. La alianza opositora aún no definió una posición respecto al proyecto por la megadeuda y la vuelta de Evolución al bloque radical sigue demorada.
De fondo hay otras peleas: en diciembre solo se conformaron las comisiones de Presupuesto y, como la oposición quiere más de lo que el oficialismo está dispuesto a entregar (Juntos por el Cambio tiene 116 diputados y Todos 118), el panorama se entrevera. A la fecha todo parece indicar que en el Senado no habría extraordinarias, mientras que en Diputados hay una mínima posibilidad de sesionar, pero depende de las conversaciones de Sergio Massa y Germán Martínez con la propia tropa y la oposición.
De los 18 temas que el presidente Alberto Fernández pidió tratar en el decreto de convocatoria, uno es de complejo tratamiento. La Corte declaró la inconstitucionalidad de las leyes que ampliaron la participación política en el Consejo de la Magistratura y ordenó el dictado de una nueva ley. El oficialismo insistiría con la conformación que impulsó Cristina Fernández, mientras que la oposición presentó un proyecto en línea con las expectativas de la Corte Suprema. El tema está para su tratamiento en el Senado y ya fue girado a las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales. Sin embargo, el oficialismo no parece tener apuro para debatirlo. Hasta ahora, no hay fecha para ninguna reunión y hay quienes dicen que no habrá movimientos hasta el jueves 24, cuando se realizará la sesión preparatoria para elegir a las nuevas autoridades. Recién se retomaría la actividad parlamentaria en marzo, después de la apertura del nuevo periodo de sesiones ordinarias.
A través de un comunicado, la mesa de Juntos por el Cambio pidió esta semana "respetar cabalmente la opinión de nuestro máximo tribunal en punto al equilibrio que debe existir entre los diferentes estamentos" y consideró "conveniente" adoptar la composición de la Ley 24.937 "que no ha merecido objeción alguna". Para la alianza, la presidencia del Consejo de la Magistratura debe ejercerla "el presidente de la Corte Suprema" con el argumento de que así se facilitará la integración del órgano dentro del ámbito del Poder Judicial y se allanarán dificultades para la administración.
La grieta respecto al Poder Judicial se vislumbra más profunda que nunca en el texto difundido: "No hay República ni estado de derecho sin una justicia independiente. El gobierno nacional ha menoscabado esa independencia atacando insistentemente a los tribunales que no deciden de acuerdo sus deseos, especialmente en las causas de corrupción. Juntos por el Cambio defenderá enfáticamente que los jueces estén sólo sujetos a la Constitución y a la ley, por lo que promoverá o acompañará aquellas iniciativas de reforma al Consejo de la Magistratura que aseguren esos principios". Está claro que el Frente de Todos no coincidirá con ese planteo.
Respecto a las comisiones, JxC reclamará más presidencias de las que tiene después de haber ganado las últimas elecciones y haber sumado bancas en ambas cámaras. En el Senado, el FdT no solo no está dispuesto a ceder sino que además buscarían quitarle a la UCR la presidencia de Salud. La razón esgrimida es que la política sanitaria en el marco del covid es una estrategia de Estado. En Diputados, el tema está para conversar en estos días.
Con sigilo, la vicepresidenta habla en forma permanente con José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos que la semana pasada se instaló en su despacho y ahora está en Formosa. Mayans preside, además, la comisión bicameral investigadora de la Deuda Externa. Esa comisión recibió información confidencial sobre la compra de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri después de la toma de deuda con el FMI. El formoseño podría convocar a la bicameral en cualquier momento, pero esperaría también para esto a las sesiones ordinarias y, tal vez, a tener la letra chica del preacuerdo. Está claro que también en ese caso hay prudencia. Del otro lado del Palacio, ste martes se reunió la Bicameral de Inteligencia que investiga los casos de espionaje durante el gobierno anterior.
En una discreta visita, Sergio Chodos, representante argentino ante el FMI y mano derecha del ministro de Economía Martín Guzmán, le explicó a Mayans el alcance del acuerdo. El senador espera a recibir el texto del Ejecutivo para convocar a una reunión de bloque y así escuchar las voces disonantes. Por ahora, las conversaciones son intensas pero informales. Aún así, el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando Navarro, se mostró optimista y aseguró que estarán los votos. Descuenta que en el Senado hay predisposición a favor y cree que Massa y Martínez lograrán apoyo en Diputados. Así se lo transmitieron al Presidente que, desde Barbados, respondió que "el acuerdo va a salir sin problemas". Los números todavía no están, pero tampoco el texto. Cuando esté, el oficialismo convocará a Guzmán pero también a los exministros de Economía del gobierno de Macri para que den explicaciones en el Parlamento.
Mientras tanto, la batería de 18 iniciativas no avanza y hay extremo cuidado en no sumar tensiones para allanar el camino al acuerdo con el Fondo. En Diputados los jefes de bloque esperan el llamado de Massa, que está en línea con el radical Mario Negri, mientras que Paula Penacca (de La Cámpora) sigue oficiando como secretaria parlamentaria del Frente de Todos y conversa con su par de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato. Martínez está hiperactivo y conversa con cada diputado y diputada del oficialismo para saber qué piensan sobre el acuerdo con el FMI y cuán irreductibles o no son las posiciones.
