La decisión del presidente Alberto Fernández de ignorar la cautelar por la cual la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó que le restituya el 2,95% de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires mientras define el conflicto de fondo le pone un matiz riesgoso a un conflicto de poderes que amenaza con provocar una parálisis institucional y con afectar una economía que, para no provocarle a la población dolores mayores, requeriría más tranquilidad que reyertas agónicas.
En base a lo que se esperaba –y se concretó– en la causa "Vialidad" contra Cristina Fernández de Kirchner, el conflicto entre el Frente de Todos y la Corte por la integración del Consejo de la Magistratura y la cautelar sobre la coparticipación de la Ciudad, este medio venía advirtiendo desde hace semanas sobre un “choque de trenes institucional" en ciernes. La colisión se terminó de producir.
La Casa Rosada dio a conocer en la noche del jueves un comunicado durísimo contra la CSJ, cuyos lineamientos habían sido anticipados por Letra P. El mismo habla de "un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento", cuyo carácter es "político, de cara al año electoral" y que busca "sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de Gobierno de la CABA", Horacio Rodríguez Larreta.
Ante eso y la imposibilidad de modificar en beneficio de la administración local del PRO el Presupuesto votado por el Congreso, Fernández decidió "recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria in extremis de la resolución cautelar dictada"; no va a andar. En tanto, "los gobernadores y gobernadoras de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, al verse afectadas (…) en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente".
Horas después, se sumaron las cuatro autoridades que representan a partidos y movimientos provincialistas, y que mantienen diversos grados de alianzas con el oficialismo. Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones) firmaron otro comunicado, menos belicoso, pero que deja sentado que el fallo supremo no hace más que "profundizar la falta de genuino federalismo que las provincias del interior padecemos desde hace décadas y que se materializan en inequidades y desproporcionadas asimetrías".
Hay más: el camporismo ya habla prácticamente de un golpe judicial y presiona al Presidente para que redoble la apuesta con un indulto muy probablemente inconstitucional en favor de Milagro Sala.
¿Qué no dirá sobre todo esto CFK cuando reaparezca el martes en un acto en Avellaneda?
La República perdida
No está de más reiterarlo: la Argentina es una república sin republicanos, algo así como un avión en el que el piloto y el copiloto se fajan en pleno vuelo y en el que la tripulación –los gobernadores– se preocupa mucho más por sus intereses que por el bienestar de los pasajeros.
Lo dicho no pretende remitir al republicanismo de cotillón que esgrime una parte de la dirigencia; al contrario, denuncia esas imposturas como parte de un show en el que nadie se preocupa realmente por las instituciones y –como se verá más adelante– por su importancia para que la democracia logre dar de comer, curar y educar. Cuando se vote, que nadie se sorprenda.
A esta altura es imposible rastrear quién tiró la primera piedra. ¿Fue la falta de vocación de Cristina Kirchner para abordar el problema de una corrupción efectivamente existente durante sus gobiernos? ¿O fue el Poder Judicial que se cebó con ella como no lo ha hecho nunca con nadie que haya pasado por la Casa Rosada? ¿Fueron, acaso, los medios responsables del confesado "periodismo de guerra”?
Hoy "queremos preguntar". ¿Es posible que esa primera piedra haya sido la insólita decisión de la Corte de declarar inconstitucional un año atrás la reforma de 2006 del Consejo de la Magistratura? ¿O lo fue el incumplimiento por parte del Congreso de elaborar en los 120 días posteriores a esa decisión una ley alternativa? ¿O acaso la culpa radique en que la CSJ haya decidido, entonces, darse facultades legislativas al reponer la normativa anterior a ese año y ubicar a su titular, Horacio Rosatti, al frente del organismo que nombra, juzga y remueve a los jueces y juezas?
El problema se hace más profundo dado que el PRO se ha valido también de artimañas para ganar espacio en el Consejo y cuando el peronismo hace en el Senado –la ruptura artificial de su bloque para ganar un asiento en el Consejo por minoría– lo mismo que le reprocha a la oposición en Diputados. Los consejeros y consejeras por la Cámara baja juraron –los peronistas, "bajo reserva"– y eventualmente el alto tribunal emitirá una acordada para encuadrar a la Alta. La vicepresidenta, mientras, no obedece y ahora Fernández dice que el fallo sobre la Ciudad es inaplicable.
Que no haya un árbitro capaz de cobrar un penal y de asegurar que este se patee es un problema para todas las partes, empezando por esa propia autoridad, cuya falta de ecuanimidad ya no da ni para polemizar.
Mientras, Juntos por el Cambio (JxC) juega el juego que más le gusta: denunciar rupturas de la institucionalidad. Con ese argumento, Rodríguez Larreta piensa cómo desatar una guerra y otras figuras antiperonistas planean una estrategia judicial que podría acarrearle serios problemas legales en el futuro al jefe de Estado.
Cabe, entonces, formular otros dos interrogantes. Uno: si la Corte –guste o no– es lo que es, ¿esta película puede terminar de otro modo que no sea alguna forma de capitulación del peronismo, ya sea con bandera blanca política o por colapso electoral? Dos: ¿qué consecuencias tiene este sainete en la vida cotidiana de la población?
