CÓRDOBA (Corresponsalía) Casi tres centenas de intendentes de todos los partidos vienen reclamando desde hace un año la modificación del Código Electoral provincial que permita a jefes y jefas comunales con más de dos mandatos ir por una nueva reelección el año próximo. La reinterpretación de la norma sancionada por unanimidad en 2016 se apalanca en que la norma afecta de manera retroactiva los derechos de quienes fueron elegidos en 2015. La presión que fluye desde los municipios se hace sentir en la interna del oficialismo y también el oposición de cara al año electoral. Por eso, en el intendentismo hay una creciente expectativa por lo que pueda suceder en alguna de las tres sesiones que quedan para dar por cerrado el año legislativo, que finalizará el miércoles 28 de diciembre. En un marco en el que el cordobesismo y Juntos por el Cambio (JxC) se tiran la pelota respecto de las formas en que el debate debería habilitarse, hay quienes miran el ejemplo del año pasado, cuando un tema controvertido como la ley que habilitó las apuestas virtuales en la provincia, se aprobó tras casi nueve horas de debate parlamentario el 29 de diciembre.
En ese marco, y más allá del pedido de los intendentes, hay un dato que no pasa desapercibido en el análisis de quienes deben votar la modificación de la norma: la norma limita también la re-reelección legislativa, por lo que la suspensión del artículo que retrotrae la norma a 2015 también beneficiaría a una veintena de legisladores y legisladoras que podrían ir por un último mandato consecutivo. En ese listado hay espadas oficialistas y opositoras, entre quienes se destacan representantes históricos de la Cámara, que hoy ocupan espacios centrales en la vida cotidiana del legislativo mediterráneo.
Aunque su futuro se mantiene incierto por la instancia judicial que atraviesa tras haber protagonizado un accidente en el que murió una mujer y dos jóvenes quedaron gravemente heridas, uno de los casos centrales es el de Oscar González. En las filas del oficialismo también se cuenta el titular del bloque Francisco Fortuna, y algunos históricos del interior provincial como Carlos Alesandri, Miguel Ángel Majul, Carlos Presas, Walter Saieg y Nora Bedano.
Ese listado se completa con el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos y recientemente desplazado de la conducción de la CGT – Regional Córdoba, José Pihen; los legisladores Matías Viola, Alfredo Altamirano, Gustavo Eslava y Franco Miranda; y las legisladoras María Emilia Eslava, Tania Kyshakevyc, y María Gabriela Manzanares. Mariana Caserio, titular del bloque albertista que se desprendió del oficialismo a comienzos de este año, tampoco podría reelegir en caso de que la normativa vigente no experimentara ninguna modificación.
Del bando opositor, no podrán presentarse por un nuevo mandato ni el radical riocuartense Antonio Benigno Rins ni Elisa Caffaratti. Del mismo modo que tampoco podrán hacerlo los dos protagonistas centrales del escándalo que generó la aprobación de la norma que habilitó el juego online en la provincia en la última sesión de 2021: el radical Orlando Arduh, y el villamariense del PRO, Darío Capitani. Ambos integran el bloque de Juntos por el Cambio.
El debate, incluso, puede complejizarse si se toman en cuenta a quienes no asumieron en sus bancas o tomaron licencia en algunos de sus cargos para ocupar espacios en el Poder Ejectutivo. Tal es el caso de del ministro de Gobierno y Seguridad de la provincia, Julián López, y el titular de la Secretaría de Asuntos Institucionales, Isaac López. La subsecretaria de Transporte de la Nación, María Laura Labat, también estaría impedida de sumarse a alguna lista en 2023 y resta analizar, aún con mayor detalle el caso del diputado nacional Carlos Gutiérrez, que fue reelecto en la elección provincial de 2019, pero renunció para ocupar un escaño en el Congreso.
El debate en torno al recambio obligado también se trasladará al interior provincial, ya que la ley alcanza a los concejos deliberantes y tribunales de cuentas de todas aquellas localidades sin Carta Orgánica propia. Allí, las consecuencias institucionales de la norma exceden ampliamente a los 289 intendentes que podrían aspirar a un nuevo mandato a partir de la reforma de la ley electoral cordobesa.
