MAR DEL PLATA

Montenegro activó las fotomultas y la oposición refuerza denuncias y sospechas

El intendente lo hizo mediante un convenio plagado de polémica. “Nació mal”, dice la oposición y augura catarata de apelaciones. Recaudación multimillonaria.

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro (PRO), activó esta semana el sistema de fotomultas en la ciudad balnearia, en medio de una intensa polémica por el mecanismo a partir del cual la comuna decidió avanzar con esta implementación. Sin licitación y mediante un convenio realizado con una universidad -que no es la marplatense-, la cual, a la vez, fue la encargada de contratar a la empresa privada que provee los dispositivos, la puesta en marcha de este sistema sigue estando bajo sospecha de la oposición, que denuncia discrecionalidad, poniendo énfasis en un negocio multimillonario y en un procedimiento que -advierten- podría generar una catarata de presentaciones judiciales.

 

“Es algo que nació mal. Se ha eludido una licitación pública, negándole al privado el principio de concurrencia, que es lo que tendría que haber sucedido para que se presentaran varias empresas y, de esa forma, que el municipio tuviera mejores condiciones para la implementación. Pero se firmó un acuerdo con la Universidad de San Martín (Unsam) a los efectos de que sea ésta la que se encargue de contratar a la empresa. No es así como se hacen las cosas”, enfatizó a Letra P el concejal de Acción Marplatense (AM) Horacio Taccone.

 

El edil estimó que “este comienzo erróneo” será tomado por varios infractores “que apelarán a la Justicia, alegando que esto es algo que nació equivocadamente y creo que la gran mayoría de las multas apeladas serán declaradas nulas”, aun más considerando el grosor de las multas, algunas de las cuales trepan a los $180 mil.

 

Montenegro dijo que el 100% de lo recaudado será destinado a políticas de seguridad vial, educación vial e infraestructura vial, pero durante el debate desarrollado a lo largo del año en la oposición retrucaron que 7 de cada 10 pesos recaudados no quedan en la ciudad. Es ahí donde se refuerzan los ruidos en torno a Secuntrans, la empresa escogida por la lapicera de la Unsam para proveer los dispositivos. Más aún, cuando convenios previos habían sido más beneficiosos para las arcas municipales.

 

“El municipio dice que va a utilizar lo recaudado para programas de seguridad vial, cuando nosotros pensamos que tendría que ser al revés: primero, hacer una educación vial bien a conciencia durante mucho tiempo y después sí pensar en aplicar la tecnología, pero hacerlo de manera clara y transparente mediante una licitación pública que es lo que indica la ley. La Unsam no fabrica cámaras. Es una forma indirecta de evadir lo que ordena la ley”, ahondó Taccone.

 

En esa línea fue el concejal del Frente de Todos (FdT) Roberto Paez, que aseveró a Letra P: “Creemos que lo único que persigue todo esto es un fin recaudatorio, no persigue ningún fin preventivo”, por lo que -evaluó- “generará mucha bronca en la sociedad”.

 

También hizo lugar al impacto que esta medida podría tener en el flujo turístico: “Somos una de las principales ciudades receptoras de turismo y esto va a ser un caza bobos permanente”. Sin tener “ninguna duda” de la discrecionalidad con la que se encaró este proceso por parte de la gestión PRO, Paez recordó que aún existen pedidos de informe que el municipio no respondió y recalcó: “Se tendría que haber hecho por licitación y se hizo de manera totalmente discrecional , con una universidad que no dispone de cámaras propias y contrata a un tercero que lo toma como un gran negocio, lo que, en definitiva, creemos que es lo que será, y que los vecinos y las vecinas y los ocasionales turistas serán los grandes perdedores”.

 

Al mismo tiempo, el edil del FdT vaticinó los Juzgados de Faltas existentes en el distrito “no van a alcanzar para la cantidad de multas que va a llevar adelante este sistema”. Así, sobre la recaudación que calcula que este sistema podría conllevar, Paez dio cuenta de una proyección realizada por la bancada que integra: “Nos dio una fortuna, casi dos presupuestos municipales (alrededor de 30 mil millones de pesos)”.

 

Más allá de eso, cuestionó además la ausencia de una política tendiente a la concientización: “Pudieron haber acompañado con un plan intensivo de educación vial durante los 60 días previo a la implementación y no lo hicieron”.

 

El diputado de la UCR Lisandro Nieri, cercano a Alfredo Cornejo. 
Gabriel Bornoroni, Karina Milei y Martín Menem.

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