El juez Walter Bento reveló ante el Consejo de la Magistratura una serie de declaraciones de personas imputadas en la causa que lo investiga por supuesto cobro de coimas que, según su defensa, dejan al descubierto el armado del proceso legal en su contra, que tendría por objetivo dejar el único tribunal con competencia electoral de Mendoza, la cuarta provincia en cantidad de electores a nivel nacional, al servicio de intereses políticos.
La acusación del juez Bento se basa en las declaraciones de varios imputados, quienes hicieron referencia a las extorsiones que habrían sufrido de parte del fiscal Dante Vega. Principalmente, la defensa del magistrado apunta a las revelaciones que ha realizado el imputado por homicidio y secuestro Diego Barrera, quien ha sido calificado por fuentes cercanas a la investigación como el “testigo estrella” por sus reiterados testimonios en contra del magistrado.
Las pruebas aportadas por la defensa reflejan que Barrera ha declarado en contra de Bento para obtener beneficios personales: le habrían prometido que, si lo hacía, los integrantes de su familia, que también están detenidos, serían enviados a su hogar. El contacto entre el imputado y la fiscalía a cargo de Vega está probado mediante los archivos hallados en el teléfono de Barrera, y quedó asentado en la causa 13.854/2020, en un documento identificado como “Ampliación51”, en formato Word, y también con copias del informe tecnológico sobre el teléfono celular de otro recluso, Walter Bardinella Donoso. según el equipo letrado del juez, sirvió como excusa para declarar contra el juez Bento y dio inicio a la investigación.
Las confesiones
Las confesiones comenzaron en julio de 2021, cuando Mariano Cúneo Libarona, abogado defensor del juez Bento, recibió una llamada anónima en la que le revelaron que las declaraciones de Barrera en contra del magistrado y la causa en general, habían sido parte de un plan diagramado por el fiscal Vega.
A fines del año pasado, Gustavo Gazali, también abogado de Bento, fue contactado por un hombre que decía llamarse Matías. Luego se supo que se trataba de Leonel Sappag Bottari, quien estuvo alojado con Barrera en el mismo pabellón hasta que por motivos de salud le concedieron la prisión domiciliaria. En esa comunicación, Sappag Bottari le reconoció a Gazali que quien realizó la llamada a Cúneo Libarona había sido Barrera, desde el teléfono de otro recluso, de nombre Dani Ramos.
En este intercambio de fines del año pasado, al ser consultado por Gazali respecto de cuáles fueron las intenciones de Barrera con sus testimonios en contra de Bento, Sappag respondió: “Alguien le había hecho llegar que si hacía caer la causa de las coimas, le iban a dar una mano para soltar a la familia. Entonces, él me busca y me dice: ‘Hagámoslo, Leo, hagámoslo porque es mi familia’. Él lo único que quiere es su familia con domiciliaria, como sea, pero afuera (de la cárcel)’”.
En los mensajes que presentó Bento ante el Consejo de la Magistratura, expuso la trama detrás de los falsos arrepentidos en la causa.
Bento acusó al fiscal Vega, al juez Eduardo Puigdéngolas y al integrante del Consejo de la Magistratura Pablo Tonelli de intentar tapar los hechos, ya que, a pesar de estar obligados a hacerlo, nunca realizaron las pericias de voz correspondientes para identificar a Barrera en el audio aportado en julio de 2021 por la defensa, donde se escuchaba la confesión del armado de la causa. Según el testimonio del magistrado, el único objetivo detrás de este proceso legal es quedarse con el único juzgado electoral de Mendoza de cara a las elecciones del año que viene.
Bento se refirió también al incidente 99 de los autos 13.854/2020, donde Juan H. Day, abogado defensor de Jaime Alba, Luis Francisco Álvarez y José María Sanguedolce Cadile, también imputados en la causa, expresó: “Tal como lo hemos dicho en otros escritos, el armado de la declaración de los imputados ‘arrepentidos’ (que ya por todos lados cuentan la extorsión sufrida, que entiendo en algún momento se investigará) le sirvió al fiscal para dar por acreditados -de manera ilegal- los hechos que intentaba probar en su momento, y si bien ya todos saben que esas declaraciones son falsas, pues deberán darle crédito hasta que tenga lugar su rectificación o anulación (que tramitan por incidente y en expedientes autónomos)”.
“Deberá así el fiscal soportar los efectos no queridos que el armado de prueba falsa ha producido aquí, y así como tales declaraciones le sirvieron para vincular al juez Bento con ciertas personas y tener un ‘organigrama’ de la banda (aunque fuere falso), pues deberá aceptar los perjuicios que ello produce para otras de sus intenciones”, expresó.
A raíz de estas circunstancias, en su descargo ante el Consejo de la Magistratura, el juez Bento señaló que “es cuestión de tiempo para que se investigue y persiga a los que armaron esta causa”, y emparentó al fiscal Vega con el accionar de la última dictadura militar, cuando “primero se buscaba a los culpables y después lo delitos”.
