El bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados concluyó el primer tramo de negociaciones para evitar que se repitia el naufragio del proyecto de Presupuesto, como sucedió sobre el final del año pasado. Este jueves, a 70 días de que se cumpla el aniversario de esas ásperas tensiones, el oficialismo logró sacar un dictamen de mayoría del proyecto presupuestario de 2023 en la Comisión de Hacienda. Lo llevará al recinto el próximo martes al mediodía. Si no prosperan las negociaciones que lleva adelante el Ejecutivo, la extensa sesión de 22 horas transcurrirá cuando haya comenzado el paro de colectivos de tres días en todo el país, salvo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La medida de fuerza fue decretada luego del fracaso de las negociaciones paritarias entre la UTA y la cámara que reúne a las líneas de colectivos del interior del país. Las empresas se niegan a equiparar la escala salarial que se paga en Buenos Aires mientras los gobernadores oficialistas y opositores mantienen una compleja negociación con los ministros de Economía, Sergio Massa y de Transporte, Alexis Guerrera, para que aumenten la partida de los subsidios al transporte público para el interior de 46.000 millones de pesos a 59.500 millones, como está establecido en un dictamen de la Comisión de Transporte que tiene la firma de los legisladores del Frente de Todos, junto a los oriundos de Jujuy y Mendoza que responden al radicalismo. El texto lleva tres meses frenado porque nunca pasó por la Comisión de Presupuesto, que hace 40 días está absorbida por la dinámica legislativa del primer plan de cuentas nacionales que presentó Massa en su rol de jefe del Palacio de Hacienda.
En esa negociación silenciosa queda otro callo por limar. Transporte todavía les debe a las provincias los últimos 10.000 millones de pesos de la partida de 46.000 millones para este año. Luego llegará la ampliación de ese fondo con otros 10.000 millones adicionales para cumplir con el pedido de las provincias, pero en Hacienda aseguran que ese intercambio sólo será posible si las provincias aceptan recortar en otro lado. Fuentes que participaron de la negociación en la comisión de Presupuesto aseguraron que Massa les aseguró que buscarán "resolver" ese problema.
"La idea es que esto se destrabe antes del martes, pero queda un largo camino y poco tiempo. El paro está decretado y todavía falta que esto impacte en la negociación paritaria que se lleva adelante en el Ministerio de Trabajo, donde todo sigue estancado", confió a Letra P uno de los diputados que negoció hace tres meses el dictamen de la comisión de Transporte. Sus integrantes dicen que recibieron garantías de Massa para evitar que la sesión del martes arranque con un paro nacional de colectivos en pleno desarrollo que podría impactar directo en el tratamiento previsto.
El dictamen de mayoría tiene la firma de la bancada del Frente de Todos y de Provincias Unidas, pero no contó con el respaldo de Juntos por el Cambio, que se mueve con la máxima cautela. Los representantes en la comisión que preside Carlos Heller están estudiando los cambios introducidos para ver si lo firman, aunque la principal bancada opositora está dispuesta a aprobar en general y votar en contra algunos artículos en particular. Sin embargo quedó una discordia que fluirá en el recinto, porque el oficialismo no quiso cambiar la formulación de la delegación de facultades al Ejecutivo para que cambie los porcentajes de las retenciones al agro. Los desacuerdos crecieron cuando el diputado Sergio Palazzo (FdT) impulsó incluir un cargo adicional para los trabajadores y trabajadoras que tiene obra social y buscan utilizarla para contratar una prepaga.
Entre las coincidencias, el Gobierno tuvo que ceder en una serie de reclamos del FdT para aumentar partidas sociales que habían sido recortadas. El oficialismo acordó sumar un artículo propuesto por JxC para frenar la ampliación de recursos cuando el proceso electoral esté en desarrollo. Dice que si "al 31 de agosto la tasa de inflación supera el 10% de la meta establecida, o los ingresos superan el 10%, el Ejecutivo enviará una ley complementaria". Si esa ampliación no prospera en el Congreso, el gobierno podrá aplicarla por decreto. El punto fue comunicado como un gesto de acuerdo a los dos lados de la polarización, pero algunos bloques menores interpretan ese pacto como una forma de evitar una verdadera revisión que debería comenzar a mediados de año. "A partir de septiembre a este Gobierno le van a quedar escasos tres meses", analizó uno de los negociadores desconfiados.
Antes de llegar a la firma del dictamen, el oficialismo finalmente hizo uso de la "separata" que presentó Economía para analizar los gastos tributarios y los regímenes de promoción fiscal que insumen casi el 5% del PBI. Entre las exenciones impositivas está el beneficio para que los empleados del Poder Judicial, incluidos los jueces, no paguen el Impuesto a las Ganancias. Si bien corre el riesgo de que sea declarado inconstitucional, porque la Corte convalidó esa exención, el diputado oficialista Marcelo Casaretto propuso la incorporación de un artículo para que los numerarios del Poder Judicial paguen ese impuesto. Le permitiría al fisco aumentar la recaudación en 237.000 millones. En su primer informe a Diputados sobre la marcha del Gobierno, el jefe de Gabinete Juan Manzur detalló que por esa exención "el fisco dejó de percibir 12.924 millones de pesos en 2017, 16.075 millones en 2018, 22.343 millones en 2019, 29.431 millones en 2020 y 52.449 millones en 2021". A su vez, desde que se aplicó la norma que exige el pago de Ganancias a los jueces que juraron a partir de 2017, la AFIP sólo recaudó 873 millones de pesos desde marzo de ese año hasta julio de 2022.
Hubo otra controversia que se pudo destrabar para llegar al dictamen. Tiene que ver con las deudas de las provincias con la distribuidora eléctrica mayorista CAMMESA. El artículo 90 que pactaron obliga a las provincias y municipios a controlar el pago de las deudas con esa empresa y fijó un plazo de seis meses para consolidar las deudas. El debate surgió por los subsidios destinados a esa firma y finalmente definió este mecanismo que incluirá un plan de pago en 96 cuotas mensuales que serán descontables en forma automática, sin tocar fondos coparticipables.
