ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El círculo rojo constructor santafesino asegura estar conforme con la obra pública que licita el gobierno provincial, pero tiene una piedra en el zapato que pretende que se la saque el gobernador Omar Perotti: los efectos de la inflación galopante. No es un estirón de precios como ha sucedido años atrás, sino que, en los últimos meses, se consolidó una base por encima del 6% mensual que le desacomoda todo el proceso a las empresas contratistas. En ese marco, Perotti deja contento al sector constructor y empuña la manija de la obra pública para que no se enfríe justo en un año electoral.
“La obra pública viene bien, hay licitaciones, pero hay una disparidad de precios increíble”, opina Mariano Schor, titular de Dyscon SA y recién llegado a la presidencia de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Rosario. Buscan parches para que la diferencia entre lo estipulado en la licitación y lo que se licúa antes de finalizar la obra se lo cubra con mayor celeridad el gobierno provincial.
No es más que un ajuste de la redeterminación de precios, régimen surgido poscrisis 2001 para encontrarle una salida a los contratos de obra pública devorados por la inflación después de una década de estabilidad cambiaria, pero en su origen se pensó para ser eficaz en escenarios inflacionarios leves, no acelerado como ahora donde se acumulan varios meses de desfasaje.
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Cuando pasan tres o cuatro meses hasta que le reconocen al contratista el certificado complementario, ya se les acumuló otro colchón de aumentos, lo que puede poner en riesgo la ecuación económica. De hecho ya pasó en algunos casos. El año ya se termina pero la incógnita se mantiene: ¿Será estable la inflación en 2023 cuando se aceleren las máquinas en el año electoral? Para eso se preparan las constructoras y le piden a la ministra de Infraestructura, Silvina Frana y al equipo económico de Hacienda algún esquema que cubra las pérdidas, que son casi mensuales.
“Hay buen diálogo. Se están evaluando soluciones parciales y se trata de darle una vuelta. Es difícil porque es un tema administrativo complejo pero queremos que sea más automático. Y luego, más adelante modificaciones de fondo a la ley para que se ajuste a la realidad”, sostuvo Schor a Letra P . Según supo este medio, desde hace unos meses hay una promesa de generar un anticipo a cuenta de la redeterminación, pero en la Casa Gris aún no se firma.
Perotti no suelta al sector como aliado para un año electoral en el que deberá levantar en términos de gestión. Por eso afinó las obligaciones y está pagando a 30 y 60 días, según afirman en la delegación empresaria, algo que contrasta con las obras nacionales que sí registran atrasos en los certificados. Esa diferencia con la Nación es capital para el gobernador y, de paso, le da margen para estirar el reclamo de la redeterminación. "Más allá de que se debe acomodar algunas cuestiones, la plata está y las inversiones van a seguir", confió un empresario del sector.
En el entorno del gobernador, aseguran que en los últimos días estuvo pendiente en la distribución geográfica de las obras y que presiona bastante a la ministra de Infraestructura y al secretario de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina, para que no se duerman en un tema que lo pone como prioritario y puede ser alimento para la oposición en caso de dar un paso en falso. “Quiere dejar una marca en la materia”, se ceban en el gobierno.
La obra pública presupuestada para el próximo año es un 150% mayor a la de 2022, un número que en la oposición sospechan que está sobreestimado para eventualmente compensar gastos corrientes. Antes de las generales se verá qué posibilidades de ejecución efectiva tiene ese porcentaje, pero algunas voces desconfiadas se hacen una pregunta: ¿Pagará a términos sin deudas los certificados en 2023 o tendrá que levantar algunas deudas el próximo gobierno como le ocurrió a él?