El Gobierno decidió mover fichas al más alto nivel para explotar el Gestapo-gate, el escándalo que golpea a la alianza Juntos por el Cambio y, en especial, a la diputada María Eugenia Vidal. "La Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos", presionó este martes el presidente Alberto Fernández, que, de esta manera, se involucró personalmente en el tema y hace escalar la tensión con la oposición en medio de fricciones por leyes clave y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tras algunas jornadas de declaraciones de segundas y terceras líneas del oficialismo sobre el video que mostró a funcionarios del gabinete bonaerense de Vidal, junto a espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), instando a empresarios de la construcción a colaborar en el armado de causas judiciales contra sindicalistas, el jefe de Estado se pronunció sobre el asunto con un tuit publicado en su cuenta oficial en el que, además de pedirle celeridad a la Justicia en la investigación, señaló a Vidal y a un grupo de referentes de Cambiemos por contar con "teléfonos encriptados" y se preguntó para qué los tenían.
"La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores", abre Fernández el hilo en el que reclama que, "ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos".
"Al inicio de la gestión -recuerda el Presidente- denunciamos la existencia de mas de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos".
En esa línea, avanza con nombres y apellidos. "Se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros", detalló.
"¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?", se preguntó Fernández y reclamó "una respuesta" porque "el uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones crimínales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible".
"Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática", cierra el Presidente, en una ambestida que le da carácter de asunto político prioritario para el Gobierno en medio de las tensiones crecientes con una oposición que ha salido a jugar duro después de su triunfo en las elecciones.
Después de rechazarle al Gobierno el Presupuesto en el Congreso, vació el recinto del Senado durante el tratamiento de las modificaciones al Impuesto a los Bienes Personales y anunció que impugnará la sesión en la Justicia por considerar que el oficialismo consiguió cuórum violando el reglamento de la cámara. A esas jugadas, Juntos por el Cambio sumó el desplante de sus cuatros gobernadores ante la invitación a un encuentro del ministro de Economía, Martín Guzmán, con las autoridades provinciales para ponerlas al tanto de la marcha de las negociaciones con el Fondo por la deuda que contrajo el gobierno, justamente, de Cambiemos.
Bajo la lupa
El escándalo de la mesa judicial PRO ha puesto en una incomodísima situación a la diputada Vidal, quien, una semana después de la difusión del video, mantiene en un hermético silencio sobre el asunto.
Como informó Letra P este martes, el Gestapo-gate -así llamado por la revelación del exministro de Trabajao bonaerense Marcelo Villegas de sus fantasías de haber contado con una fuerza de choque a la Tercer Reich para "envestir" contra "todos los gremios"- ha convetido al Congreso, un destino aparentemente amable, en un campo minado para la exgobernadora. La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia avanza en la investigación de las maniobras denunciadas por la AFI y ya citó a declarar a un puñado de funcionarios y agentes. Además, buscará el testimonio la propia Vidal.
