Qué son esos espacios de procesamiento que se prevén instalar en la Patagonia. Cuánta energía y agua consumen y por qué generan dudas ambientales y económicas.
Súper-RIGI: el lado oscuro de los data centers que quiere traer Javier Milei
MicrosoftEl presidente Javier Milei avanzó con el súper-RIGI para atraer inversiones en data centers, una industria clave para la inteligencia artificial (IA) que demanda grandes cantidades de energía y agua. La visita del empresario tecnológico Peter Thiel dio sus frutos y está a la vista el interés oficial por convertir a Argentina en un polo regional del sector.
El pasado martes, Thiel, fundador de PayPal y Palantir, se reunió en el Palacio de Hacienda con el ministro de Economía, Toto Caputo; el viceministro José Luis Daza y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Según publicó Caputo en X, dialogaron sobre actualidad económica y geopolítica.
El encuentro tomó relevancia tras el anuncio del súper-RIGI, el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que amplió beneficios fiscales para sectores vinculados a nuevas cadenas de valor. Entre ellos aparecen la industria del litio, los vehículos eléctricos, el uranio y los centros de datos.
El esquema implica una reducción del impuesto a las ganancias del 25% al 15% para proyectos alcanzados, amortización fiscal acelerada y beneficios para importaciones y exportaciones. Sin embargo, el Gobierno no dio detalles sobre regulaciones ambientales o exigencias de infraestructura energética.
Argentina es un mercado apetitoso para los centros de datos: electricidad barata, regulaciones laxas y predisposición del gobierno por integrar esta carrera de la IA. Los beneficios, no están a la vista.
Los centros de datos son instalaciones que albergan los servidores que sostienen la conectividad a internet y almacenan los contenidos y servicios que utilizan millones de personas: operaciones bancarias, plataformas de streaming, datos e inteligencia artificial, entre otros. Allí conviven servidores de alta potencia, sistemas de almacenamiento y equipos de red.
Suelen ser grandes edificios con cientos racks pertenecientes a las propias empresas o a otras que alquilan el espacio, la potencia y conectividad. Requieren sistemas de alimentación ininterrumpida, generadores eléctricos de respaldo y sistemas de climatización para mantener la temperatura adecuada. Y aquí entra en juego la energía y el agua, uno de los principales impactos de estas infraestructuras.
Según la investigación La mano invisible de las Big Tech de Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), aunque la industria promete cientos de miles de empleos directos e indirectos durante la construcción de las nuevas instalaciones, en el mediano plazo apenas genera decenas de puestos permanentes.
La operación de los centros de datos requiere poco personal y los beneficios para las economías locales son limitados. Además, sin regulación específica, se dificulta el control sobre el impacto ambiental y el uso de recursos.
Hablar de un mega data center implica abordar múltiples dimensiones. En la Argentina ya funcionan 42 centros de datos, pero los desafíos cambian de escala cuando se trata de instalaciones de gran porte. Entran en juego el impacto ambiental, la soberanía de los datos, la necesidad de garantizar infraestructura estable y la posibilidad de que los países que albergan estos hubs participen de la cadena de valor con inversiones en investigación y desarrollo (I+D).
La experiencia de los países vecinos, donde se avanzó con marcos regulatorios, ofrece ejemplos concretos:
En Brasil, el régimen Redata combinó incentivos fiscales con requisitos de sustentabilidad e inversión en investigación y desarrollo. Para acceder a beneficios, las empresas deben abastecerse mayoritariamente con energías renovables y destinar parte de la capacidad de procesamiento al sistema científico-tecnológico brasileño.
En Chile, el Plan Nacional de Data Centers impulsó criterios de localización vinculados a excedentes de energía solar y eólica. El programa surgió luego de conflictos por proyectos de Google cuestionados por su impacto hídrico.
En Uruguay, la construcción de un centro de datos de Google en Canelones desató una fuerte polémica por la crisis de agua potable. Tras las protestas, la empresa anunció un sistema de enfriamiento por aire y aceptó restricciones sobre el uso de recursos hídricos.
En contraste, el Gobierno argentino todavía no detalló condiciones ambientales ni exigencias para los futuros inversores.
La directora de Insight LAC, Paula Garnero, explicó a Letra P que, en términos de empleo y desarrollo de ecosistemas locales, los data centers no generarán mucha mano de obra y que el valor principal reside en el software de ciberseguridad, que no se desarrolla localmente.
“Habrá muy poco personal para tareas como mirar computadoras o correr antivirus. Por otro lado, el gobierno argentino no está pidiendo requisitos a los inversores, a diferencia de Brasil y Chile, que exigen que el 100% de la provisión energética sea renovable, que el 10% de la capacidad de procesamiento esté disponible para el sistema científico-tecnológico local. También, que el 2% de la inversión en infraestructura se destine a innovación, ciencia y tecnología brasileña", detalló.
Otro de los puntos a mirar, consideró, son los condicionamientos de inversores: “Las inversoras privadas pueden imponer cláusulas, como la exclusión de tecnología china en la infraestructura de conectividad, lo que implicaría reemplazar componentes existentes”. Además, para atraer estas empresas, es necesaria la previsibilidad política e institucional y esto podría tomar entre diez y 15 años: “La falta de previsibilidad política e institucional en Argentina podría disuadir a los inversores. Además, Argentina no tiene un mercado tan grande como Brasil, lo que podría limitar el volumen de negocio”, planteó.
Los beneficios, según Garnero, se relacionan con la legislación de datos, ya que estarían almacenados bajo la legislación local: “Esto además facilitaría el acceso a datos para proyectos de investigación y desarrollo con universidades locales, como modelos de predicción climática, sin necesidad de múltiples permisos”. Por último, hizo hincapié en que la inversión en infraestructura podría ser más positiva en caso de que se generen proyectos de energía renovables asociadas a cada proyecto.
El crecimiento global de la inteligencia artificial disparó la demanda energética de los centros de datos. Actualmente representan el 1,5% del consumo eléctrico mundial, equivalente a 415 TWh, y las proyecciones estiman que esa cifra podría duplicarse hacia 2030.
En Estados Unidos, los centros de datos ya consumen el 5% de la electricidad nacional, el doble que hace una década. Un análisis de Bloomberg detectó que las zonas cercanas a grandes clústeres tecnológicos registraron aumentos de hasta 267% en los precios mayoristas de la energía durante los últimos cinco años.
La Casa Blanca firmó en marzo el acuerdo “Ratepayer Protection Pledge” junto a Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI. Las compañías se comprometieron a cubrir el costo total de la nueva infraestructura energética necesaria para abastecer sus centros de datos. Sin embargo, el convenio no tiene mecanismos obligatorios de control.
El consumo de agua también se convirtió en un punto crítico. Los sistemas de IA operan a temperaturas más altas y requieren complejos esquemas de refrigeración. Dependiendo del diseño tecnológico y de la fuente energética utilizada, la demanda hídrica puede crecer de manera significativa.
En el sur argentino, un eventual mega data center conviviría con la elevada demanda de agua del fracking en Vaca Muerta. El impacto dependerá de las exigencias regulatorias que establezca el Estado para cada proyecto.
En octubre de 2025, OpenAI difundió una carta de intención para instalar un data center de 500 MW en la Patagonia mediante la empresa Stargate Argentina. La inversión estimada alcanzó los u$s 25.000 millones.
Aunque el plan contemplaba iniciar obras en 2026, todavía no hubo anuncios concretos sobre su desarrollo ni sobre el marco regulatorio que regiría la actividad.
En 2024, el propio Milei había planteado la idea de convertir a la Argentina en uno de los cuatro polos mundiales de inteligencia artificial. La estrategia oficial apuntó a ofrecer baja regulación para diferenciarse de Estados Unidos, China y la Unión Europea. En ese sentido, parecería que hay avances.
Por ahora, el país ofrece energía barata, beneficios fiscales y flexibilidad regulatoria. La discusión pendiente es qué recibirá a cambio.