Los choques en cadena son, antes que nada, producto de una sumatoria de errores. Para que se concreten, es necesario que los automovilistas involucrados calculen mal la relación entre velocidad y distancia con el que los precede. Por eso, cuando uno viene circulando con precaución, el efecto dominó se interrumpe. Así suelen ser los desastres: hechos motivados no solo por una mala decisión sino por una amalgama de fallas y omisiones. Aunque de modo menos traumático porque no le costó a nadie la vida ni la salud, el partido interruptus del domingo entre Argentina y Brasil en San Pablo se ajusta al modelo por su carácter inédito y su impacto internacional. Consumado el amontonamiento disparates, el gobierno de Jair Bolsonaro aprovechó para proyectar una imagen de dureza en un momento político más que delicado.
Ese reflejo se explica por el contexto. El presidente es investigado por una comisión del Senado por su rol en la pandemia –todo indica que irresponsable– y por las más de 584 mil muertes que esta produjo desde marzo del año pasado. La conclusión de ese proceso podría ser la base de un juicio político si la situación política lo hiciera viable. Así, dada la cadena de dislates que derivó en la suspensión del encuentro, no le viene mal mostrar ex post firmeza en el cumplimiento de las normas sanitarias de prevención.
Por otra parte, el mandatario es objeto de varias investigaciones en el Supremo Tribunal Federal (STF), que van desde el uso y abuso de dinero público en su entorno familiar hasta la instalación de usinas de divulgación de noticias falsas en las redes sociales. En el último tiempo insultó a los jueces de ese tribunal, los acusó de estar tramando un fraude para sacarlo del poder en las elecciones del año próximo y anunció, para este martes 7, multitudinarias manifestaciones destinadas a forzar sus renuncias.
El jefe de Estado se pondrá al frente de las marchas en Brasilia y en San Pablo, prometió, a la vez que estimuló la participación en las mismas de policías en actividad. Todo el combo hace temer que esté dando el puntapié inicial a una suerte de autogolpe contra uno de los poderes del Estado.
Más allá de lo dicho, el escándalo futbolístico tuvo su propia "lógica". La aparente incorrección migratoria en el ingreso a Brasil de cuatro jugadores de la Selección –Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso– finalmente quedó apenas en una investigación pendiente y los mismos salieron de ese país del mismo modo que sus compañeros: nadie fue deportado. Más allá de que eso servirá para que, eventualmente, puedan regresar allí a competir, desde lo político indica una voluntad de las autoridades brasileñas de darle un cauce suave a la situación, algo a lo que ayudó, una vez más, el siempre activo embajador Daniel Scioli.
La polémica se desató a partir de la aplicación de la norma migratoria 655 del 23 de junio último, publicada al día siguiente en el Diario de la Unión –equivalente al Boletín Oficial de la Argentina–. Emitida por el Ministerio de la Casa Civil, equivalente a nuestra jefatura de Gabinete, establece restricciones severas para el ingreso de personas desde tres países en los que entonces se detectaba una circulación intensa de la supercontagiosa variante delta del nuevo coronavirus: Reino Unido, Sudáfrica e India.
En tanto miembros de una delegación deportiva que llegó para competir en la Eliminatoria para el Mundial de Catar del año que viene, se supone que los cuatro jugadores mencionados –que, antes de pasar por Venezuela, venían de su país de residencia, el Reino Unido– no debían tener problemas para competir debido a la existencia, desde hace meses, de "corredores sanitarios" acordados por la FIFA, la Conmebol y las administraciones de los diferentes países.
El seleccionador brasileño, Tite, también había citado para esta fecha a nueve jugadores que se desempeñan en la Premier League. Si estos no llegaron fue por por la negativa de sus clubes, no porque nadie en Brasil se hubiera percatado de que no podrían competir por tener que confinarse dos semanas. En rigor, la norma mencionada se refiere a los extranjeros, como si solo estos pudieran transmitir el covid-19, pero el propio director de Anvisa, contralmirante Antonio Barra Torres, interpretó en declaraciones de prensa que rige también para nacionales.
En ese sentido, otro futbolista brasileño que acaba de ser repatriado por Corinthians – Willian– llegó, se mostró, firmó contrato, saludó a los hinchas y comenzó a entrenar sin que nadie le exigiera aislarse.
¿Sorprende que una norma sanitaria que obliga a los recién llegados a un período de cuarentena no se cumpla? No. Al fin y al cabo, eso ha pasado, incluso en casos notorios, también en la Argentina.
Lo que llamó la atención fue que, en función de la 655, Migraciones no haya hecho lo que correspondía en el aeropuerto de San Pablo. También, que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) haya reparado en el asunto el sábado a la tarde, con dos días de retraso, y se haya limitado a dar aviso verbal a la delegación argentina. Asimismo, que, a pesar de haber emitido un comunicado el domingo pasado el mediodía, en el que advertía sobre una amenaza "grave" a la salud pública, no haya frenado a la Selección en el hotel ni al subirse al micro ni al llegar al estadio ni antes de empezar a jugar.
En ese comunicado, Anvisa, un ente autárquico, daba parte a la Policía Federal para que actuara. Eso tampoco ocurrió, algo que, según reconstruyó Letra P, tuvo mucho más de incapacidad, improvisación y competencia entre agencias federales que claro cálculo político. Muchas veces la incompetencia es difícil de creer y se la disfraza, ex post, de intención.
Anvisa está sospechada de partidización desde que Bolsonaro es presidente. En noviembre último, debió beber el mal trago de tener que revocar, después de apenas un día, una orden de suspensión de los ensayos de la CoronaVac: la muerte de un voluntario la hizo apresurarse a frenar, a gusto del presidente, una vacuna china, sin reparar en el que el fallecimiento se había debido… a un suicidio. Además, todavía nadie entiende por qué sigue sin autorizar, pese a los ruegos de varios estados, la Sputnik V, de uso en más de sesenta países con excelentes resultados.
Iniciado el partido, la discutida Anvisa decidió, finalmente, actuar y forzar la suspensión; ahí la política metió la cola y el gobierno de Bolsonaro buscó mostrarse enérgico, algo útil en el contexto mencionado. Así, el hijo senador del presidente, Flavio Bolsonaro, salió en Twitter a denunciar las "picardías" de los argentinos. Un poco de chauvinismo, de exhibición de dureza y de juego para la tribuna nunca vienen mal.
¿Pura intención, entonces? No. La política, como la vida, suele tener una dosis alta de estupidez.
