–Ya mandamos el proyecto al Congreso, pero tenemos problemas con las vacunas. Estoy preocupado.
–Ya mandamos el proyecto al Congreso, pero tenemos problemas con las vacunas. Estoy preocupado.
–¿Y por qué no probamos con la rusa?
El domingo 13 de septiembre, Alberto Fernández compartía sus desvelos en la quinta de Olivos con el diputado Eduardo Valdés, su amigo, quien le ofrecía una vía alternativa para poner en marcha la campaña de vacunación contra el covid-19. El proyecto de ley mencionado por el Presidente cumplía con las demandas de indemnidad legal que los laboratorios dueños de patentes de vacunas imponían a todos los países, pero las dos principales apuestas del ministro de Salud, Ginés González García, la de AstraZeneca-Oxford y la de Pfizer-BioNTech, presentaban problemas.
Apenas cuatro días antes, la primera había sufrido una interrupción de sus ensayos clínicos debido a una posible "reacción adversa grave" de un voluntario. Además, las negociaciones con los laboratorios responsables de la segunda ya se insinuaban complejas.
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–¿Y cómo viene eso? –preguntó Fernández acerca de las investigaciones rusas, que involucraban cuatro proyectos.
–Esperá. Voy a hacer unos llamados –respondió Valdés.
La primera comunicación se realizó a un teléfono cuyo prefijo era 221, en La Plata. El gobierno de la provincia de Buenos Aires ya tenía contactos adelantados con Moscú para la compra de vacunas. El tema comenzó a desvelar a Axel Kicillof en julio del año pasado, cuando las autoridades de todos los niveles solo atinaban a correr detrás de los números de contagios, muertes y disponibilidad de camas de terapia intensiva y respiradores.
Un dictamen del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, que se centró en el artículo 124 de la Constitución Nacional, despejó la duda acerca de si un estado subnacional podía encarar gestiones con un país extranjero. Zanjado eso, la inquietud llevó al gobierno provincial a consultar a Fedor Darovskikh, ministro consejero y número dos de la embajada de Rusia en Buenos Aires, quien respondió que la envergadura de la gestión lo obligaba a derivarla a Moscú.
Así fue que se organizó de inmediato, todavía en julio, una videoconferencia desde la Jefatura de Gabinete de la provincia, de la que participaron el titular del área, Carlos Bianco, otros funcionarios y asesores y el embajador ruso, Dmitry V. Feoktistov. Del otro lado del mundo, el vicedirector del Departamento de América Latina de la Cancillería, Dmitry V. Belov, señaló que lo mejor era que las tratativas siguieran a través de Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), creado en 2011, que financió el principal desarrollo del Centro Gamaleya contra el covid-19, la vacuna Sputnik V.
La buena imagen de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Kremlin sirvió como llave, si bien ella no tuvo un rol activo en esta trama. Kirill Dmitriev y Kicillof avanzaron más en una nueva videoconferencia, en la que no solo se habló de comprar vacunas para cinco millones de bonaerenses, a régimen de doble aplicación: dos millones de dosis a recibir a fines de diciembre, cuatro a mediados de febrero y cuatro más a mediados de marzo. El antiviral avifavir también sería parte de la operación.
Valdés estaba al tanto de esas movidas e imponía de las novedades al Presidente, más allá de que la prioridad de la Nación estuviera puesta entonces en vacunas occidentales que parecían más adelantadas. Por ese lado se gestaba una vía paralela a la de la provincia.
Mientras La Plata intercambiaba borradores de contratos con Moscú, el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, sorprendió al mundo el 11 de agosto al anunciar el registro de la primera vacuna contra el nuevo coronavirus: la Sputnik V.
El gobierno nacional cultivó de inmediato esa vía paralela con una cálida carta de felicitación firmada por Fernández.
Esas horas fueron una carrera frenética. Apenas un día después, el martes 12 de agosto, González García anunciaba que, merced a financiamiento de la Fundación Carlos Slim, Argentina y México producirían para toda Hispanoamérica 250 millones de dosis de la vacuna de Oxford. Aquí la tarea quedaría bajo responsabilidad de mAbxience, el laboratorio de Hugo Sigman.
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–Ahora voy a ponerte al teléfono a Fernando Sulichin –le dijo Valdés a Fernández ese domingo de septiembre.
Ante las marchas y contramarchas de la vacuna de AstraZeneca y los crecientes problemas para llegar a un acuerdo con Pfizer, el diputado convenció al Presidente de ir a fondo con Rusia. La llamada a La Plata acababa de habilitarlo para realizar otra, posible gracias a una feliz coincidencia: en Moscú estaba el productor cinematográfico Sulichin, quien recibió en el acto el encargo de Fernández de buscar un contacto en el gobierno ruso. El hombre tiene llegada allí por haber sido productor de la serie de entrevistas que Oliver Stone la realizó a Putin –The Putin Interviews–, que se estrenó a mediados de 2017. La trama de la llegada de la vacuna rusa devenía, finalmente, cinematográfica.
Hasta entonces, la flamante Sputnik V no generaba en Occidente más que dudas y rechazos. Al jefe del Kremlin le gustó mucho que la nueva herramienta de influencia geopolítica de su país ingresara a América Latina de la mano de Argentina, país con el que había tenido muy buena relación hasta 2015.
Lo que siguió fue un acuerdo para que una delegación nacional, encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, viajara a Moscú a evaluar las pruebas clínicas de la Sputnik V y las normas de seguridad del laboratorio ruso encargado de producirla. Como se sabe, el dictamen fue ampliamente favorable, la ANMAT dio su recomendación y dicha vacuna es, por el momento, el factor clave de una campaña de vacunación que avanza en el país aunque con las mismas trabas que en otras geografías, impuestas por la sobredemanda y la escasez global.
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La “vacuna rusa” recibió mil y una muestras de desconfianza, algunas justificadas y otras no. Las primeras nacieron del apuro del propio Putin por registrarla y empezar a aplicarla aun antes de que se iniciara la fase tres de los ensayos clínicos, ansioso por dar un golpe de efecto que pusiera a la virología de su país, que es ampliamente reconocida, a la vanguardia de la lucha contra la pandemia. Sin embargo, esa precipitación conspiró contra la imagen del producto y, en Argentina, exacerbó las fiebres de políticos opositores y editores periodísticos que ningunearon a la ANMAT y se preocuparon más por erosionar al Gobierno que por la salud de sus votantes y lectores. Tal fue la temperatura, que más de uno que reveló haberse quedado en el siglo pasado y confundió al presidente ultraconservador con un líder comunista.
La nota más colorida la dio Elisa Carrió, quien denunció judicialmente por envenenamiento a Fernández, a González García y a Vizzotti. No se sabe si lo que le generó esa fantasía tóxica fue la calidad de los alimentos que ingería en el desayuno, mientras leía sus diarios favoritos, o la propia lectura. Más allá del disparate, cabe una digresión: ¿qué clase de política puede darse un país cuando una de las principales referencias de la oposición sospecha que el Gobierno es capaz de perpetrar un genocidio biológico?
Como sea, la reciente publicación de la información completa sobre la Sputnik V y la de una validación independiente de científicos ajenos a ese proceso en la revista científica The Lancet supuso, por usar las palabras de Kirill Dmitriev, un “jaque mate a las polémicas”.
Muchas veces criticada, incluso desde este espacio, por algunas desprolijidades y, sobre todo, por haberse rendido en la necesidad de imponer medidas de prevención a una parte de la sociedad que ya no entra en razones, la gestión oficial respecto de la Sputnik V debe ser reconocida. Es un logro iniciado por Kicillof, impulsado a nivel nacional por Valdés y recogido a tiempo por el Presidente.
Comprobadamente eficaz en un 91,6% para prevenir el covid-19 y en un 100% contra complicaciones moderadas y severas, además de su elevado nivel de seguridad, la vacuna Sputnik V tiende a convertirse en referencia en la primera fase de inmunizaciones a nivel internacional por su bajo costo y la facilidad de su conservación y traslado.
Pionera en la confianza en la vacuna rusa, Argentina tendrá –así se lo prometió Putin a Fernández en la última charla telefónica que mantuvieron– prioridad para hacer frente en los plazos que sean posibles a la entrega de las 30 millones de dosis encargadas, suficientes para proteger a 15 millones de argentinos y argentinas. El cronograma, hay que asumirlo, no será el ideal: ese desarrollo se está poniendo de moda y, más allá de eso, la demanda general de vacunas supera largamente una oferta por ahora escasa.
Con todo, ese compromiso no es solo de boquilla: el país está recibiendo hasta ahora vacunas producidas en Rusia por la sola voluntad de Putin, aun cuando la ley de su país impide exportar medicamentos antes de que la demanda doméstica esté plenamente satisfecha.
Mientras, avanzan las gestiones para la producción de la Sputnik V en la Argentina, algo que aceleraría la campaña y supondría una transferencia de tecnología valiosa. La carrera entre laboratorios públicos –provinciales– y privados será para alquilar balcones.