La semana pasada se dieron a conocer los resultados del Sexto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), sobre las bases físicas del calentamiento global. Se trata de un esfuerzo colaborativo de análisis, que incluyó la evaluación de más de 14 mil publicaciones científicas de 234 autores provenientes de 65 países, entre ellos seis de Argentina.
Más allá del motivo de orgullo del aporte de nuestros compatriotas, que evidencia nuevamente la importancia y el nivel de nuestro sistema científico, y la buena noticia de que casi se duplicó el porcentaje de autoras mujeres entre las publicaciones analizadas, el informe deja una serie de conclusiones preocupantes.
En primer lugar, reafirma la certeza básica, que a esta altura sólo puede negarse desde un fundamentalismo oscurantista, de que el calentamiento global es un hecho científico incontrastable. En segundo lugar, el informe confirma científicamente algo que ya sospechábamos: varios de los recientes eventos climáticos extremos que estamos viendo alrededor del mundo están directamente relacionados con este calentamiento global.
Finalmente, su conclusión más importante: la principal razón de la crisis climática es la acción humana. El informe afirma que algunos de los daños ambientales consumados ya son irreparables, al menos por miles de años, y que deberemos prepararnos para convivir con ellos.
Sin embargo, lejos de ser un llamado a la resignación, el informe es un llamado a tomar acciones urgentes. Cada grado más que no evitemos significa consecuencias mucho mayores.
Si bien son los países más desarrollados los que por lejos más contribuyen al calentamiento global (actualmente solo entre Estados Unidos y China concentran más del 40% de las emisiones de carbono a nivel mundial), será desde el Sur Global donde veamos antes, con mayor crudeza y frecuencia, el impacto de la crisis ambiental. Son los países menos desarrollados, que históricamente menos han influido en el deterioro ambiental, los que están más expuestos y tienen menos recursos para prepararse frente a eventos climáticos extremos.
En este sentido, es necesario que la agenda ambiental internacional parta de reconocer estas responsabilidades y necesidades diferenciadas: la única manera de estar a la altura de este desafío y tomar las acciones que hacen falta es a través de una respuesta global que involucre a todos los países. Para que cada uno pueda realizar su parte, los compromisos y la asistencia tienen que ser acordes a las condiciones de cada país. Es por eso que la respuesta a la crisis climática es también la lucha por un mundo más justo e igualitario. Una política ambiental que no se proponga, a la vez, reducir las asimetrías en la distribución de la riqueza está destinada al fracaso y solo va a profundizar las desigualdades existentes.
En lo que respecta a nuestro país, nos toca afrontar esta crisis en un contexto de extrema vulnerabilidad económica, a causa de una pandemia que también es consecuencia de la degradación del ambiente, que se suma a la enorme crisis que dejó el gobierno de Macri expresada en los 45 mil millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Argentina tiene el compromiso, la voluntad, las condiciones naturales y la capacidad productiva y tecnológica para hacer un aporte importante al mundo en la transición hacia un modelo productivo ambientalmente sostenible. Tenemos una enorme potencialidad para desarrollar energías renovables, un importante desarrollo en materia nuclear y en biocombustibles, así como una base sólida para impulsar la industria del hidrógeno. A su vez tenemos una política ambiental activa, con la sanción de leyes como la Ley del Fuego, el proyecto impulsado por Máximo Kirchner para combatir los incendios especulativos, la Ley Yolanda de capacitación ambiental en el Estado y la Ley de Educación Ambiental.
Pero solo vamos a poder avanzar en estas actividades productivas si tenemos espacio para invertir y favorecer su crecimiento. En este marco, la iniciativa impulsada por el Frente de Todos, que fue presentada por el país en el último foro del G20 en Roma y en la Cumbre de Líderes sobre el Clima, de canjear parte de nuestra deuda por acciones climáticas, surge como una respuesta necesaria, razonable y oportuna para impulsar el desendeudamiento y el desarrollo sostenible.
No alcanza con que los países que históricamente más han contaminado o los que hoy concentran la mayor cantidad de emisiones se comprometan a la neutralidad de carbono. Tampoco, aunque es imprescindible, que se asista financieramente a las naciones más pobres para que puedan adaptarse al cambio climático antes de que sobrevengan peores tragedias. Una respuesta integral como la que se necesita implica que se generen las condiciones para que los países puedan reconvertir sus industrias y avanzar en una matriz energética limpia de una manera soberana e independiente. La propuesta de disminuir el peso de la deuda externa para favorecer la transición ecológica va por ese camino y debería ser una causa nacional, que trascienda diferencias políticas, y también regional, que reúna a nuestra Patria Grande.
En un escenario extraordinario como el que enfrentamos, necesitamos soluciones novedosas que rompan con los paradigmas vigentes. No podemos aceptar que el pago de la deuda se haga en base a exigencias inviables que deterioren aún más las condiciones de vida de los argentinos y argentinas, estrangulen nuestra economía e impidan la transición hacia un modelo productivo sustentable. La única forma de saldar esta deuda que, como dijo Cristina en Lomas de Zamora, no la van a pagar los responsables, sino que la pagamos todos y todas, es promoviendo el crecimiento, impulsando nuevas industrias y desarrollando tecnologías que permitan la generación de nuevos empleos de calidad y bien pagos.
Queremos avanzar hacia un nuevo modelo productivo amigable con el ambiente y económicamente soberano. Para lograrlo, necesitamos también que el FMI demuestre la responsabilidad que no tuvo a la hora de entregar ese préstamo escandaloso y que la comunidad internacional ponga por delante de los intereses financieros la urgencia de que todos los países puedan avanzar hacia la transición que necesitamos.