La nueva ley de hidrocarburos no es un libro cerrado, pero la discusión y los aportes que podrán hacer los sindicatos, las cámaras empresariales y las provincias se dará en el Congreso de la Nación, una vez que la iniciativa del Gobierno sea presentada formalmente, algo que ocurrirá la semana que viene. Los cuestionamientos corporativos que se levantaron en los últimos días, respecto de un impacto negativo del texto sobre la cuenca del Golfo San Jorge en favor de Vaca Muerta, deberán esperar entonces el devenir parlamentario.
“Ahora no hay nada que negociar. Es un texto del Poder Ejecutivo, que luego se debatirá ampliamente en el Parlamento”, indicó a Letra P uno de los funcionarios que intervino en la letra chica de cada artículo del proyecto.
Para destrabar un poco la tensión que se generó a partir de la ronda de “explicaciones” en la que Ariel Kogan, mano derecha del Secretario de Energía, Darío Martínez, ofreció pocos detalles sobre la norma, en los próximos días habría una reunión entre el Poder Ejecutivo y representantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). Luego, se realizaría la presentación oficial del proyecto, en la misma semana, probablemente en El Calafate, en la provincia de Santa Cruz. El lugar elegido no es neutral. No solo por la esperada presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto al resto de las autoridades provinciales, sino porque sería un gesto político hacia las producciones convencionales de la Patagonia sur.
Detalles
Tal como publicó Letra P la semana pasada, primero hubo una presentación del texto a los distintos gremios petroleros, convocada por Martínez, aunque de la letra chica de la norma poco fue lo que se informó. De hecho, también las provincias de la Ofephi fueron accediendo a algunos detalles del borrador a cuentagotas.
El desconcierto provocó que algunos sindicatos salieran a cuestionar la norma sin conocerla por completo. Detrás de los gremios, sobre todo los de Chubut y Santa Cruz, se apalancó el lobby de algunas operadoras internacionales de base exportadora que, ante la oportunidad de una nueva ley, buscaron por distintos “medios” conseguir más beneficios de los que saben que tendrán.
En una reunión del Consejo Federal de Energía Eléctrica desarrollada esta semana con la presencia de representantes de las carteras de Energía de las provincias se expusieron algunos puntos de los cambios normativos incluidos en la letra chica del proyecto que será oficializado en los próximos días. Entre ellos se destaca la confirmación de que habrá permisos de exportación en firme si se incrementa la producción de crudo y gas, y que se permitirá el acceso al 50 por ciento de las divisas generadas por esas ventas.
Para los proyectos de inversión, habrá amortización acelerada, reducción de retenciones entre un 20 y un 50 por ciento, reintegro de IVA y deducción de aranceles para la importación. También el texto prevé beneficios para el almacenamiento subterráneo de gas, como la planta de CGC del Grupo Eurnekian en las afueras de Río Gallegos o la de YPF en Río Negro.
Por otra parte, la iniciativa incorpora beneficios a la actividad de las industrias gasífera y petroquímica, a partir de una garantía de uso de la producción incremental y disponibilidad de las divisas que surjan de las exportaciones.
Este último punto podría ser clave para Buenos Aires y para el gobernador, Axel Kicillof. “La elaboración y la industrialización de los hidrocarburos hace a Buenos Aires una provincia petrolera”, dijo el mandatario bonaerense en diciembre pasado, durante la inauguración de una central térmica de cogeneración de energía eléctrica en la refinería de YPF en La Plata. Además de esta, en Buenos Aires confluyen las refinerías de Raízen (Shell) en Dock Sud, de Axion (Pan American Energy) en Campana y de Puma Energy (Trafigura) en Bahía Blanca, sumadas a los polos petroquímicos.
“El problema es que las exportadoras de crudo, como PAE, quieren más acceso a las divisas y más permisos en firme de exportación, y algunos sindicatos salen a jugar políticamente en año electoral”, indicaron a Letra P desde el oficialismo luego de que representantes de los gremios petroleros privados de Chubut y Santa Cruz reclamaran que el borrador de la ley carecía de “beneficios” para las producciones convencionales.
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, alineado con Sergio Massa, se hizo eco de la postura de los sindicatos de su provincia. Este jueves habrá una reunión entre el mandatario provincial, intendentes y cámaras empresariales de la Cuenca del Golfo San Jorge para analizar la situación.
La idea de una ley de hidrocarburos pensada para blindar solamente a Vaca Muerta murió tras la salida de la conducción de YPF de Guillermo Nielsen, principal promotor de ese proyecto. Desde entonces, en el Gobierno, con Alberto Fernández a la cabeza, se remarcó que el texto incluiría a todas las producciones.
Desde diferentes ámbitos oficiales señalaron a Letra P que la norma contemplará tanto las producciones convencionales como a Vaca Muerta. De hecho, el Capítulo 3 del proyecto refiere a los beneficios de exportación para los pozos de baja productividad. En este articulado, se apunta a los yacimientos del Golfo San Jorge. Además, se establece que deberá existir asociación con pymes, sumado a todo un capítulo de desarrollo de proveedores locales.
En el capítulo de proyectos especiales, que también apuesta a generar mayores exportaciones, se establece una base mínima de inversión de 400 millones de dólares por año para acceder a los beneficios en los casos de Vaca Muerta, pero el piso de los convencionales es sustancialmente menor: será de u$s150 millones en tres años.
