Alejo Ramos Padilla, el juez federal preferido del kirchnerismo con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, es quien tiene a su cargo la causa en la que se investiga el origen de los fondos que financiaron la campaña de Juntos por el Cambio en 2017. Se trata de uno de los expedientes más sensibles de la política bonaerense con derivaciones al escenario nacional. Desde su asunción en el cargo, no se conocen novedades del expediente. Ante la parálisis de la causa, el abogado Luis Hipólito Alén, quien representa a varios damnificados, confirmó a Letra P que presentó un escrito en el que solicita que se retome la investigación del caso para determinar si existieron delitos o no en el financiamiento de la campaña bonaerense de hace cuatro años, el caso de los denominados “aportantes truchos”.
El escrito fue presentado en los últimos días, en la previa del lanzamiento de la campaña para las elecciones legislativas, para las cuales este miércoles las fuerzas presentaron las alianzas.
La causa fue iniciada en 2018 tras un informe periodístico que puso en duda el origen de los fondos de campaña de Cambiemos. En la documentación presentada por las autoridades partidarias del PRO figuraban como aportantes personas beneficiarias de planes sociales del gobierno nacional, muchas de ellas con domicilio en la Villa Itatí, en la localidad de Quilmes. En principio, la investigación estuvo en manos del juez federal Ernesto Kreplak, quien avanzó significativamente en la investigación, hasta que fue corrido por una decisión judicial y el expediente pasó a manos del juez PRO friendly Adolfo Gabino Ziulu, quien subrogaba el juzgado electoral bonaerense.
En la trama penal del caso el juez Kreplak investigó figuras como lavado de dinero (origen de los fondos de campaña), falsificación de instrumento privado (por las afiliaciones apócrifas del PRO bonaerense) y robo de identidad (por la extracción de datos personales de bases de datos oficiales –ejemplo: Anses- que deben ser resguardadas por el Estado en cabeza de sus funcionarios públicos), entre otros posibles delitos. Pero todo eso quedó momentáneamente suspendido hasta que se determine en la sede del juzgado electoral si se trató de una desprolijidad administrativa o existieron delitos que deben investigarse en sede penal.
En el expediente penal, el abogado Alén fue aceptado como querellante en representación de varias personas que figuraban como afiliados y aportantes a Juntos por el Cambio, pero, se sospecha, sus identidades fueron robadas y sus firmas falsificadas. Con el pase de juzgado de la causa, el letrado ya no es parte de la misma y perdió contacto con las actuaciones. “Presenté un escrito para que se avance en la causa, que se individualice a los responsables”, contó a este medio y recordó que a este caso “se lo consideró como una infracción electoral cuando hay evidencia que señala lo contrario”.
El juez Ramos Padilla debe escrutar los movimientos económicos de la alianza Juntos por el Cambio, es decir, ingresos y egresos, gastos de campaña. En caso de detectar irregularidades en el origen del dinero, el marco normativo indica que debe declinar competencia y radicar la denuncia en la rama penal del fuero federal.
En la línea de fuego de esta trama aparece María Eugenia Vidal, quien en 2017 era la presidenta del PRO bonaerense, la máxima autoridad partidaria. La exgobernadora acaba de lanzar su precandidatura a diputada nacional en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nunca fue citada por la justicia para que explique el origen de aquellos fondos para la campaña, que tuvieron como cabezas de listas al actual senador nacional Esteban Bullrich y a la diputada nacional Graciela Ocaña, quienes resultaron ganadores de la elección ante el frente Unidad Ciudadana que encabezó Cristina Fernández de Kirchner.
La causa de los aportantes truchos, como se la denominó, fue uno de los mayores escándalos políticos durante la gestión de Mauricio Macri en la Nación y de Vidal en suelo bonaerense. En su momento, el fusible fue María Fernanda Inza (extesorera del PRO), quien fue eyectada del equipo vidalista. Era la secretaria de Legal y Técnica de la provincia de Buenos Aires.
En 2017, pese a no ser candidata, Vidal encabezó la campaña en la provincia de Buenos Aires. El responsable de las actividades proselitistas fue su entonces jefe de Gabinete, Federico Salvai, esposo de la por entonces la súper ministra de Desarrollo Social de la Nación Carolina Stanley, quien tiene bajo su guarda legal las bases de datos de donde se extrajeron las identidades de beneficiarios de planes sociales que figuran como aportantes al PRO bonaerense. El círculo cierra perfecto: quien recaudaba era Inza junto al radical Alfredo Irigoin y la dirigente PRO Silvia Chaban, ambos imputados en la causa que instruyó en Comodoro Py el juez federal Sebastián Casanello, quien también fue apartado.
Uno de los mayores picos de tensión se dio tras la declaración del periodista Hugo Alconada Mon, quien ante el juez Kreplak señaló que el traslado de dinero desde las cuevas de recaudación se hacían en bolsos negros.
