El juez federal subrogante de Dolores Alejo Ramos Padilla juró este viernes como titular del Juzgado Federal 1 de La Plata, que tiene a su cargo la competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, el territorio de mayor peso en el mapa electoral nacional con el 40% del padrón.
Ramos Padilla es el segundo juez electoral que prestó juramento desde 1984, cuando lo hizo el exmagistrado Manuel Humberto Blanco, quien ocupó ese cargo hasta el año 2014, cuando falleció. Desde entonces, el juzgado fue subrogado por María Romilda Servini (un breve paso), el macrista Juan Manuel Culotta y el juez radical protarifazos Adolfo Gabino Ziulu.
Ramos Padilla es hijo del camarista radical Juan María Ramos Padilla, quien es conocido por sus comentarios críticos a políticos argentinos vía Twitter. Como abogado, asistió a María Isabel Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. También asesoró a excombatientes de Malvinas en sus reclamos de memoria, verdad y justicia por las torturas que denunciaron haber sufrido por parte de militares argentinos durante el conflicto bélico en las islas.
Fue designado juez subrogante durante el kirchnerismo y desde su nombramiento abandonó el ejercicio particular de la abogacía para sumarse al Poder Judicial. En el año 2017, declaró ilegal los cortes a usuarios que no pudieran afrontar el pago de las tarifas de gas y dos años antes había declarado la inconstitucionalidad de los decretos de designación de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para la Corte Suprema.
Con esa trayectoria en su bagaje de incomodidad para Juntos por el Cambio, se quedó con el omnipotente juzgado electoral con sede en La Plata, donde se definen alianzas políticas y controlan las elecciones en el principal distrito electoral de Argentina.
El control de las elecciones en la provincia de Buenos Aires es clave para las fuerzas políticas que pelearán este año en la elección de medio término, que puede servir de plataforma de lanzamiento de cara a la presidenciales de 2023 donde el Frente de Todos pondrá en juego la presidencia de la Nación y la gobernación bonaerense, los dos casilleros centrales en el TEG político criollo. No tener aceitada la maquinaria electoral y el control sobre el padrón puede generar dolores de cabeza para los aspirantes a ocupar el principal sillón de la Casa Rosada.
La salida de Ramos Padilla de su cargo en Dolores abre una serie de interrogantes en el futuro de una causa sensible para los planetas políticos de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. En esa jurisdicción se investiga un aparato paraestatal de espionaje ilegal montado por el macrismo, apalancado en periodistas y magistrados pero ejecutado por espías orgánicos e inorgánicos, para husmear en la vida pública y privada de adversarios políticos, sociales y gremiales del gobierno pasado. En ese expediente, parte del actual oficialismo ve una herramienta de comunicación para horadar mediática y judicialmente a una parte de la alianza opositora.
El plan inicial era conseguir un reemplazante para Dolores que siguiera con la hipótesis o plataforma fáctica de investigación desplegada por Ramos Padilla y las querellas. Por el momento, no hay nombres firmes para ese cargo, en el corto plazo, aunque fuentes judiciales confirmaron a Letra P que asoma como reemplazante “un magistrado de carrera” que frenó tarifazos en localidades del sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
Es un legajo sensible para la política monitoreado de cerca por la oposición y el oficialismo, que se muestra en sintonía fina con el rumbo de la pesquisa. El cambio de juez puede significar una alteración en el rumbo del expediente donde fueron procesados exfuncionarios de la AFI macrista. Antes de dejar su cargo, Ramos Padilla solicitó que se unifiquen todas las causas de espionaje que tramitan en Dolores, Lomas de Zamora y Comodoro Py. Solicitó una serie de informes, para intentar determinar donde podría radicarse esa megacausa en caso de unificación.
Ramos Padilla tendrá una pesada herencia en su despacho. En ese juzgado está radicada una de las causas por los presuntos aportantes truchos de Cambiemos, en 2015 y 2017, el expediente generado tras una investigación periodística que no avanzó con el paso de los años pese a las pruebas presentadas. El escándalo le costó el puesto a la por entonces titular de la Contaduría General de la provincia de Buenos Aires, María Fernanda Inza, a quien Vidal echó cinco días después de nombrarla -hasta entonces, había trabajado muy cerca de la mandataria en su condición de secretaria de Legal y Técnica de la Provincia-.
El juzgado en cuestión fue un botín preciado para el kirchnerismo. En el proceso de selección, varios se anotaron para el examen, pero quedaron en el camino, como informó Letra P en 2018. El macrismo intentó colonizarlo con un alfil propio que no encontró. Tuvo un aliado temporal en el juez Ziulu.