La justicia electoral bonaerense intimó y emplazó al PRO, fuerzo política construida por el presidente Mauricio Macri que presidía la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, a que presente el listado de los aportantes partidarios que efectuaron depósitos de dinero durante el ejercicio económico 2018, según se desprende de la resolución judicial a la que accedió Letra P.
No se trata de una denuncia realizada por un partido de la oposición, sino de una mala praxis en la presentación de la documentación que debe respaldar el estado contable de ese espacio político que fue detectada por el juez federal de La Plata Adolfo Gabino Ziulu.
Se trata del magistrado que avaló los tarifazos de servicios públicos en la provincia, el mismo que planchó la causa denominada “aportantes truchos” y que controlará las elecciones 2019 en el principal territorio de la política nacional.
Ziulu tiene a su cargo la subrogancia del Juzgado Electoral bonaerense, trono sin dueño oficial desde la muerte del juez federal Manuel Blanco y al que podría llegar el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla –primero en el orden de mérito en el Consejo de la Magistratura-, uno de los magistrados que puso en crisis y turbulencia permanente a Cambiemos con su investigación por presunto espionaje ilegal, entre otros graves delitos, con el fiscal federal favorito de Casa Rosada, Carlos Stornelli, en la picota.
En la causa en la que se escruta el financiamiento del PRO durante el año 2018 (no electoral) el juez Ziulu detectó que la fuerza no presentó el listado con las identidades de los aportantes que sostuvieron económicamente los gastos de funcionamiento y actividades de ese espacio político.
“No aparece consignada la identidad de los originantes de todas las acreditaciones de fondos que aparecen en los mismos (…) intímase al partido para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, acompañe nuevos extractos de movimientos, emitidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde surjan los datos personales de quienes hayan efectuado depósitos en la cuenta partidaria”, solicitó el magistrado, quien también aclaró que, “en caso de transferencias bancarias, los datos completos de las cuentas desde donde se efectuaron las mismas e, igualmente, en el supuesto de depósitos por cajero automático, los datos de las personas que los efectuaron”.
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Este pedido pone en evidencia una conducta habitual de una de las fuerzas que componen el oficialismo: ocultar las identidades de los aportantes. Si bien esta medida no tiene nada que ver con la causa por presuntos aportantes truchos de las campañas de 2015 y 2017, robustece las sospechas de los orígenes de los fondos con los que se financia el partido amarillo de los globos y la alegría que llegó con un discurso de “transparencia”, “lucha contra las mafias” y “defensa de las instituciones”.
El oficio fue librado el lunes 8 de abril pasado. El PRO tiene diez hábiles a partir de la notificación para enviar la documentación solicitada por el magistrado amigable para el oficialismo que no responde preguntas sobre la investigación por el origen de los aportes de campaña de las elecciones de 2017.
Esa causa estaba en manos del juez federal Ernesto Kreplak, quien fue apartado del expediente por una resolución de la Cámara Nacional Electoral. Junto a su par de Comoro Py Sebastián Casanello, investigaba delitos penales, el escenario más temido para el oficialismo, porque podría dejar fuera de la carrera política a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal,y complicar en enredos judiciales a uno de sus colaboradores de mayor confianza, el jefe de gabinete, Federico Salvai.
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Pero el expediente quedó en manos de Ziulu quien, en caso de encontrar culpables, aplicará sanciones menores en el marco de lo que establece el Código Electoral, con penas low cost en comparación con el Código Penal, que puede depositar a los responsables (en caso de haberlos) tras las rejas.
En ambos expedientes se investigaban hipótesis distintas. Kreplak buceaba entre los posibles delitos de lavado de dinero, robo de identidad y manipulación de bases de datos públicas para fines electorales. Se sospecha que dirigentes del PRO utilizaron información de beneficiarios de planes sociales para que figurasen como aportantes de la campaña electoral de 2017. Por su parte, Ziulu se aboca a controlar los ingresos y egresos de una planilla excel, ya que no tiene potestad para husmear en el origen de los fondos. Es decir, una labor de contador público con rango judicial.
En la mira de Kreplak, el juez que desplazó Cambiemos, estuvieron Vidal y Salvai, que fue el jefe de la campaña bonaerense en 2017.
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El primero de los fusibles potentes de esta trama judicial fue la ex funcionaria imputada María Fernanza Inza, quien renunció como Contadora General de la provincia de Buenos Aires, en medio de la turbulencia política generada por la causa abierta tras la investigación del periodista Juan Amorín para la multiplataforma web El Destape.
En 2017, pese a no ser candidata, Vidal encabezó la campaña en la provincia de Buenos Aires. El jefe fue Salvai. La que recaudaba era María Fernanda Inza como tesorera junto al radical Alfredo Irigoin y la dirigente PRO Silvia Chaban, ambos imputados en la causa que instruyó en Comodoro Py el juez federal Casanello.