Un pedido de informe sobre el rol del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires sacudió la tranquilidad de uno de los máximos organismos de control de la administración bonaerense por imperio de la carta magna provincial. En el documento, al que accedió Letra P, se detalla una serie de información relacionada al manejo de fondos, cuentas y controles de las empresas del Grupo Bapro.
La solicitud de información es impulsada por la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Mónica Frade (Coalición Cívica-Juntos por el cambio), quien requirió conocer si el organismo “dispuso declinar su competencia en auditorías y contralor de la totalidad de las empresas que integran el Grupo Banco Provincia (BAPRO)”.
En otro de los puntos salientes peticionó conocer el listado de las empresas que integran el grupo y posó la lupa en un punto crítico: “Informe totalidad de montos abonados por el Grupo BAPRO en concepto de publicidad y propaganda a todos los medios de prensa de cualquier índole” desde 2020 hasta la actualidad.
La legisladora enmarcó su pedido de informes dentro de la normativa legal vigente para el acceso a la información pública del gobierno provincial.
Una vez más el Tribunal de Cuentas, que preside el contador Eduardo Benjamín Grinberg, está en medio de turbulencias. A las denuncias penales, ahora se suman pedidos de informes de legisladores nacionales que buscan echar luz en el máximo organismo de control provincial que es dirigido hace 34 años por el mismo funcionario.
El organismo es funcionalmente una estructura con poder sobre todos los funcionarios provinciales y los intendentes. Un fallo adverso sobre un ministro o un secretario de Estado provincial puede ser el puntapié para una causa judicial. En cuanto a los jefes comunales, la repartición ejerce el control administrativo de todos los alcaldes toda vez que tiene la potestad de no aprobarles la rendición de cuentas.